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«Hemos llegado a la situación escandalosamente paradójica en que nuestro sistema de justicia parece estarse pasando al bando de los criminales»
Álvaro Gómez Hurtado.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia muestra una vez más que sus magistrados son absolutamente incorruptibles: nada ni nadie puede inducirlos a hacer justicia. La decisión de detener al presidente Álvaro Uribe marca el punto culminante de su bancarrota jurídica y moral. La Corte ha perdido la poca respetabilidad que le quedaba después de la persecución a Andrés Felipe Arias, del vergonzoso tráfico de sentencias y de la ignominiosa liberación de Jesús Santrich. Hoy esa corte no es respetable ni merece ser respetada ni sus decisiones deberían ser acatadas porque tienen fundamentos y propósitos políticos y están signadas por la inocultable sed de venganza de la izquierda colombiana.
El proceso fue promovido por Iván Cepeda, figura política de las Farc y acérrimo enemigo de Uribe. Como si fuera un fiscal, Cepeda se paseó por las cárceles de Colombia y Estados Unidos buscando entre los delincuentes testimonios contra el presidente Uribe. Los testigos son criminales condenados por la justicia ordinaria que buscan desesperadamente, a cambio de sus falsos testimonios, ser recibidos en la JEP. Los jueces no han ocultado su animadversión por el expresidente y le han atropellado sus derechos de forma abierta y descarada.
En 2002, cuando Uribe llegó a la Presidencia, las Farc tenía copadas las principales capitales del país y se preparaban para el asalto final contra la democracia. Uribe lo impidió y las derrotó militarmente, pero no pudo evitar el triunfo político que les entregaría en bandeja de plata el Gobierno de Juan Manuel Santos, al tiempo que instalaba en las cortes a izquierdistas simpatizantes de las Farc.
Esa corte politizada es la que acaba de ordenar la prisión domiciliaria del presidente Uribe y la que lo condenará, de esto no debe caber la menor duda, al término de este vergonzoso proceso. Hay que decirlo sin ambages, el presidente Uribe va a terminar en la cárcel porque ese es el objetivo de toda la izquierda colombiana que no le perdona haber impedido su ascenso al poder hace 18 años. Prueba palmaria de la parcialidad de esa corte es el hecho de que haya liberado a un delincuente como Santrich, al tiempo que le niega el derecho de defenderse en libertad al más ilustre y patriótico de los presidentes colombianos.
Es muy triste lo que está sucediendo, es un momento trágico y luctuoso para Colombia. El presidente Uribe, fiel a su talante republicano, respetará la decisión de la Corte. Pero los colombianos no estamos obligados a hacerlo, todo lo contrario. Si queremos conservar la esperanza de que el país no siga por el despeñadero que lo está conduciendo a la pérdida de la democracia y las libertades, nuestra obligación es denunciar e irrespetar una decisión judicial sucia de prevaricato, corrupción y venganza política.
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