Cierto olor a podrido en Empresas Públicas de Medellín

En cargos fundamentales de la empresa han sido nombradas una serie de personas que no parecen tener más mérito que su amistad con el alcalde o el gerente general

A principios de julio se hizo pública la intención del alcalde Quintero de pedirle al Concejo Municipal facultades para modificar el objeto social de la empresa. (YouTube)

«Corromper: Alterar, descomponer. Cambiar la naturaleza de una cosa volviéndola mala. Podrir: alterar una sustancia orgánica de modo que se inutiliza, huele mal (…) Impurificar el ambiente con miasmas o mal olor»

(María Moliner)

La renuncia de los ocho miembros de su Junta Directiva es el momento culminante del acelerado deterioro del manejo de Empresas Públicas de Medellín (EPM) bajo la administración del señor Quintero Calle. Nunca en la historia de la empresa se había presentado una situación semejante. Desde la posesión del actual gerente se empezaba a percibir cierto olor a podrido que se ha intensificado con el paso del tiempo.

El señor Rendón López se posesionó el primero de enero siendo representante legal y socio de Global Consulting Network, empresa que en su amplísimo objeto social incluye «la prestación de servicios públicos o privados, domiciliarios o de otro tipo y el suministro de bienes y servicios relacionados con esas actividades», según consta en el certificado de existencia y representación legal AA20061578 del 24 de enero de 2020, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Posteriormente, el alcalde nombró en la junta al señor Oswaldo León Gómez Castaño, gerente de Confiar, una entidad financiera del sector cooperativo, que tiene un convenio de recaudo con EPM y que otorgó a la campaña del señor Quintero un crédito con cargo a la reposición de votos. El señor Gómez tuvo el decoro de adherir a la renuncia colectiva de la Junta.

A principios de julio se hizo pública la intención del alcalde Quintero de pedirle al Concejo Municipal facultades para modificar el objeto social de la empresa, para incluir una inverosímil lista de actividades que ninguna relación guardan con los servicios públicos domiciliarios. Aunque el proyecto de acuerdo de facultades fue retirado, al parecer el señor Quintero mantiene intacto su propósito de presentar el acuerdo nuevamente al Concejo Municipal.

En cargos fundamentales de la empresa y de sus filiales han sido nombradas una serie de personas que no parecen tener más mérito que su amistad con el alcalde o el gerente general. Al mismo tiempo, para abrir espacio a los allegados, se ha prescindido de numerosos profesionales con impecables hojas de servicio, como el gerente de la CHEC, quien venía desempeñado su cargo con especial competencia, profesionalismo y honestidad.

La contratación se ha vuelto secreta. Los procesos de contratación y contratos celebrados, que en razón de la transparencia aparecían mensualmente en el portal de la empresa, no se publican desde enero de 2020, lo que no deja de generar inquietud sobre lo que está ocurriendo en esta materia, en una empresa que mensualmente celebra varios miles de contratos por miles de millones de pesos.

El direccionamiento estratégico de la empresa, que usualmente se hacía internamente, con el apoyo de una firma especializada, se define ahora desde la Alcaldía. Le bastaron quince días a la nueva administración para echar a la basura el direccionamiento estratégico vigente, construido con el apoyo de la consultora McKinsey, que por el encargo cobró más de un millón de dólares, y sustituirlo por uno hecho a las carreras que está “alineado” con el plan de desarrollo del municipio. El gerente general incurrió en el despropósito de presentar, el seis de agosto en el aniversario de EPM, como un gran logro semejante zarpazo a su autonomía.

La creación, hace 65 años, del Establecimiento Público Autónomo se hizo justamente para “desalinear” la estrategia, las finanzas, la contratación y el régimen laboral de la empresa de los intereses del alcalde de turno. En eso consistía la autonomía de EPM.

El señor Quintero, que no el gerente quien oficia de simple estafeta, al desconocer a la Junta Directiva en dos asuntos del mayor calibre, como la ampliación del objeto social y la millonaria demanda a los contratistas de Hidroituango, da la estocada de muerte a la autonomía y se enseñorea como amo y señor de lo que ha convertido en su coto privado de caza. Las piezas cobradas —gobierno corporativo, planeación profesional, rigor jurídico, contratación transparente, meritocracia laboral y finanzas austeras— se descomponen a su paso mientras el hedor se extiende por toda la ciudad. Después vendrán las piezas mayores: la calidad y la continuidad de los servicios. Entonces la fetidez será insoportable.

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