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Pese a que en Uruguay el Gobierno está presidido por el Frente Amplio, un partido de izquierda adverso al libre comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia que su estrategia será de mayor apertura hacia mercados de otros países; entre ellos Chile.
Tanto el Partido Comunista como el partido de Gobierno han criticado la iniciativa, particularmente del sector Casa Grande que opera dentro del Frente Amplio y está liderado por la senadora Constanza Moreira. La crítica –por parte de Alberto Couriel (dirigente de Casa Grande)– alega que los beneficiados serán las grandes empresas y que el Estado no podrá regular lo ya negociado, ya que existe una “cláusula trinquete”.
Según el Diccionario de Leyes, una cláusula trinquete es: «Una estipulación en que los derechos contractuales de los involucrados se ajustan de acuerdo a la fórmula que se acordó cuando se completa cada etapa».
Aunque no tiene una connotación negativa implícita, los detractores la exponen como si la tuviera. No obstante, ante el diario uruguayo El Observador, dignatarios de la Cancillería indicaron que no existe «cláusula trinquete» alguna en el acuerdo con Chile. Agregaron que el acuerdo protege «los intereses nacionales y permite hacer reservas a futuro».
Uno de los puntos másimportante de esta iniciativa es que será un ensayo para futuros acuerdos con otros países de la costa pacífica. Así como Nueva Zelanda, Singapur y Australia generaron condiciones favorables para comerciar con Perú y Colombia, Uruguay avanza en la misma dirección. Con Colombia, por ejemplo, están previstas reuniones para el primer trimestre del 2018.
A principios de este mes, en Canal 10 de la televisión uruguaya, el columnista en temas económicos de Subrayado, Nicolas Lussich (disponible aquí) sostuvo que la mayor debilidad de Uruguay frente a acuerdos bilaterales es la capacitación en materia de software y tecnología, e indicó que la demanda generará la plataforma para actualizarse en ese tema.
En una estructura republicana, como la que existe en Uruguay, existe la independencia entre los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial). Por ello, pese a la resistencia desde el ala izquierda de los legisladores, según comentan fuentes de la Cancillería al diario local El Observador, desde el Poder Ejecutivo se seguirá adelante con la estrategia planteada de lograr acuerdos de libre comercio con otros países del Pacífico; sea cual sea el resultado del voto legislativo sobre el tratado con Chile, ya que solo es un paso de un plan de mayor alcance mundial.
Al momento ya se están gestionando acuerdos con México. En esta etapa de apertura al mercado mundial, los diplomáticos uruguayos consideran la negociación con el país azteca una «cosecha temprana». A mediados del mes siguiente está prevista una visita oficial del presidente Vásquez a dicho país.
El pequeño país austral tiene una población humana tres veces menor al de sus vacas, 3,6 por persona –según el anuario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca–, logrando que su mercado, tanto de carne como de lácteos, cobre peso para negociar.
Para lograrlo, la cancillería comprende que promocionar los acuerdos con un lenguaje que genere más respaldo puede ser necesario; sin alterar los resultados. Ya que términos como libre comercio son concebidos como descontrolados y esto genera incertidumbre, sobre todo desde sectores que buscan mayor regulación y consigo intervención del Estado, como planteó el líder del sector Casa Grande del partido de Gobierno.
Si bien es una apertura hacia los mercados mundiales, no deja de ser una gestión a nivel estatal. Por ende, no es del todo libre, ya que está condicionado por el Estado.
Fuentes: Ministerio de Ganadería, El Observador, Subrayado.
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