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La reciente reforma fiscal aprobada en Washington ahora genera preocupación desde la China hasta la Unión Europea. Al haber menos impuestos implica menores costos de producción y por ende mayor competencia en el mercado internacional.
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Según reporta el diario alemán DW, para la Unión Europea, los recortes de impuestos de EE. UU. «rompen las reglas globales«.
Por este motivo, en la segunda semana de diciembre, los ministros de finanzas de las cinco mayores economías de Europa, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido y España, escribieron una carta al Secretario del Tesoro de los EE. UU., Stephen Munchin donde —en síntesis— expresaban que el proyecto de ley de impuestos de EE. UU., de ser aprobada tal como se escribió hace una semana, representaría una ruptura con las reglas globales de impuestos justos aplicadas a las corporaciones lo que representaría una forma de guerra comercial apenas disfrazada.
La carta fue enviada con una copia para cada senador y representante del partido republicano, promotor del proyecto de ley y decía lo siguiente:
«Estados Unidos es el socio de comercio e inversión más importante de Europa».
«Es importante que los derechos del Gobierno de EE. UU. sobre la política tributaria nacional se ejerzan de manera que cumplan con las obligaciones internacionales a las que se ha suscrito. La inclusión de ciertas disposiciones fiscales internacionales menos convencionales podría contravenir los tratados de doble impuesto de los EE. UU. y podría elevar el riesgo de generar un gran impacto que distorsione el comercio internacional».
El proyecto de ley recortará la tasa impositiva corporativa federal más alta de 35 % a 21 %, con lo que la tasa efectiva promedio, incluidos los impuestos estatales y locales y contabilizando las deducciones, el porcentaje actual irá del 39 % a alrededor del 23 %; mientras que la tasa efectiva promedio de la Unión Europea
de alrededor del 21 %.
Pero ese es el promedio continental. Cada país tiene su propia negociación impositiva. Cuanto más pequeño o más pobre es un país, más bajo puede reducir su tasa impositiva.
Por ejemplo, los líderes europeos se quejan de la tasa corporativa del 12,5 % de Irlanda. No obstante, lo toleran porque Irlanda es un país pequeño y eso limita su capacidad de alejar negocios de países grandes como Francia, Alemania, Italia y España, cuyas tasas impositivas se acercan o incluso superan el 30 %.
Del mismo modo, los Estados miembros de la UE menos ricos, que eran comunistas, tienen tasas legales generalmente del 22 %.
Entonces, las regulaciones de la Unión Europea, lejos de proteger a las economías que involucra, las pone en riesgo. Pues próximamente la economía más grande y dinámica del mundo está recortando sus tasas impositivas, lo cual incentiva la inversión de compañías europeas en los EE. UU, en lugar de hacerlo en sus países de origen. Esa es la conclusión principal de un informe publicado la semana pasada por el Centro de Investigación Económica Europea de Alemania.
Fue contundente el título del comunicado de prensa que lo emitió:»Alemania pierde en la reforma fiscal de los EE. UU.».
Esa evaluación y otras similares se basan en estimaciones no solo del comportamiento de las empresas estadounidenses, como Google y Facebook que protagonizan debates sobre el alza de impuestos sobre compañías de esa dimensión, sino también de la respuesta de las empresas europeas a la reforma tributaria de los EE. UU.
De ahora en adelante, los productores alemanes tendrán que elegir entre montar una fábrica en Alemania, con una tasa corporativa legal del 31 %, regulaciones laborales más onerosas y una población que envejece, cuando pueden hacerlo en Estados Unidos con una tasa del 21 %, en una demografía más plural y numerosa con el mercado más grande del mundo.
Además del caracter económico, la Unión Europea se verá en la necesidad de replantear su posicionamiento metodológico y filosófico.
Hasta el momento, la Unión Europea ha operado bajo la convicción de que el principal problema fiscal de Europa era que las empresas no estaban pagando lo suficiente. Por lo tanto, contrario a lo sucedido en EE. UU. —en estos días—, las mayores innovaciones impositivas en los últimos años han sido nuevas leyes para desalentar a las empresas de aprovecharse de «demasiadas» rupturas legales en países de bajos impuestos.
Asimismo, desde Bruselas —la sede de la Unión Europea— se han interpretado las leyes antimonopolio, alegando que los impuestos más bajos equivalen a «subsidios estatales» ilegales.
De acuerdo a lo expresado en una columna de política económica del Wall Street Journal, el problema conceptual de este enfoque, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos describe como combatir la «erosión de la base y el cambio de beneficios», es que es ciego a los incentivos. La mayor parte del establecimiento de impuestos en Europa parte de la premisa de que la base impositiva es fija, y lo único que importa es que cada gobierno nacional obtenga su parte «justa».
Es decir, tiene un carácter más redistributivo que productivo; más socialista que capitalista. De este modo, los impuestos financian un Estado de bienestar fuertemente, sin importar las consecuencias para el crecimiento.
Mientras que la reforma emitida en Washington propone lo opuesto. Reconoce que los incentivos fiscales son importantes para la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico.
Para el 2018 se proyecta un crecimiento de la economía de los EE. UU. de un 3 %, de la mano de crecientes desregulaciones que generan alzas de largo plazo en la economía. Esto repercute directamente sobre Europa, donde uno de los pocos líderes dispuestos a hacer cambios profundos en materia de impuestos es Emmanuel Macron en Francia.
Es en base a los resultados positivos en América del Norte que se siembra el suelo fértil para ver florecer una revolución impositiva en el viejo continente que está lidiando hace años con el elevado costo no solo del Estado de Bienestar sino de Estados que se responsabilizan —con el dinero de los contribuyentes— de la incapacidad de los gobernantes de otros.
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