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A partir de ahora, es ley que el Estado no pueda intervenir en el «derecho a intentar», o sea, la posibilidad de que los enfermos de gravedad puedan experimentar con medicamentos que no están autorizados por organismos estatales de los EE.UU.
Así lo dispuso el presidente Donald Trump el miércoles 30 de mayo cuando firmó un proyecto de ley para que el individuo haga lo posible por preservar su vida cuando corra riesgo de muerte.
La semana pasada, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley, la misma versión que el Senado aprobó en agosto. Trump y el vicepresidente Mike Pence habían sido partidarios importantes de aprobar la medida, lo que los defensores de la misma dicen que les da a los pacientes la esperanza de que de otro modo no tendrían.
La legislación permite que los pacientes con afecciones potencialmente mortales pidan medicamentos a los fabricantes que han aprobado algunas pruebas pero que aún no han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Anteriormente, los pacientes necesitarían solicitar a la FDA (Food and Drug Administration: Administración de Medicamentos y Alimentos) acceso a tratamientos experimentales.
Luego de la fase 1 del proceso de aprobación de la FDA, los pacientes pueden solicitar medicamentos que aún no han sido aprobados y que aún se están sometiendo a pruebas. Sin embargo, los fabricantes de medicamentos no están obligados a dar a los pacientes los medicamentos experimentales solicitados. Y los pacientes deben haber agotado otras opciones y no poder participar en un ensayo clínico.
Quienes se oponen a la medida dicen que la legislación socava la autoridad de la FDA para regular los medicamentos y podría dejar a los pacientes vulnerables a los medicamentos que podrían no funcionar o incluso ser dañinos. Y plantean que la agencia ya administra un programa de «acceso ampliado» en el que pacientes con enfermedades graves pueden solicitar el acceso a tratamientos experimentales.
En un comunicado, el comisionado de la FDA, Scott Gottlieb, dijo que la agencia otorga el 99 % de estas solicitudes. También dijo que la FDA está lista para implementar la legislación de «derecho a intentar».
«La FDA se dedica a lograr los objetivos que el Congreso estableció en esta legislación, de modo que los pacientes que enfrentan afecciones terminales tengan una vía adicional para acceder a medicamentos de investigación prometedores», agregó.
Mientras firmaba el proyecto de ley el miércoles, Trump dijo que nunca entendió por qué era difícil aprobar este proyecto de ley, ya que las drogas pueden demorar años en someterse a ensayos clínicos.
Esta ley es un paso más hacia la privatización de salud y por tanto otorga la autonomía de los ciudadanos para decidir sobre el cuidado de sus vidas, una realidad que no aplica en las naciones donde el Estado es el único proveedor del servicio.
Hace un mes, Alfie Evans, un niño inglés de dos años, falleció luego que el Estado le impidió salir del país en búsqueda de un tratamiento que podría salvarle la vida. Incluso el papa Francisco ofreció un helicóptero del Vaticano para transportarlo a Italia, donde existía un tratamiento experimental.
Sin embargo, el sistema de salud estatal no solo no le dio el alta sino que desconectó su respirador y dejaron de alimentarlo. Todo porque su diagnóstico era insalvable, de acuerdo con los recursos disponibles en el sistema de salud estatal inglés.
No fue el único. El año pasado fue Charlie Gard. Murió con apenas 11 meses y 24 días, luego de una larga batalla que comenzó con la burocracia de la salud pública y terminó con la sentencia de un tribunal.
Sus padres recaudaron más de un millón de dólares para transportarlo a EE.UU. para un tratamiento experimental y los médicos del hospital dijeron que era demasiado riesgoso e improbable, entonces no le dieron el alta; ni siquiera para pasar sus últimos días en casa, junto a su familia.
Lo más llamativo del caso es que en la demanda, se exponía a los padres contra su hijo. De acuerdo al tribunal, ya que su vida le pertenecía al Estado, entonces sus padres -al cuestionar a la autoridad gubernamental- se convirtieron en sus enemigos.
Es decir, llegó a tal alcance el control estatal sobre las vidas de los ciudadanos, que determina hasta cuándo pueden luchar por ella y también dónde.
Casos similares suceden cada día en esta parte del mundo también. Un caso que circuló en redes sociales fue el del fallecido activista libertario Gabriel Coronel Ligrone.
El uruguayo tenía tumores en los pulmones y cerebro, con metástasis en varias zonas del cuerpo, y no pudo acceder a un tratamiento experimental a base de plantas, ya que el trámite para la autorización ministerial era demasiado caro y engorroso para el fabricante.
Su hermano, Álvaro, nos explica que existían unas gotas llamadas GS que produjeron resultados favorables en cientos pacientes oncológicos, incluso llevando a su curación, pero el fabricante no logró el aval del Ministerio de Salud y por tanto no pudo entregar más las gotas.
Aunque Uruguay es conocida por la legalización de la marihuana, no se toma en cuenta cómo le dio al Estado el monopolio de la producción.
Por eso este fenómeno expone cómo la intromisión estatal logra que los pequeños productores, en todos los rubros, no puedan competir en el mercado con los grandes productores, en este caso las farmacéuticas trasnacionales al igual que los proveedores ministeriales, y cómo es la burocracia quien vuelve los productos no solo impagables sino inalcanzables.
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