Tormenta roja: justicia de Guatemala tomada por la izquierda internacional

"No falleció, lo mataron y la responsable tiene nombre y apellido jueza Ericka Aifán”, acusa el primer vicepresidente del Congreso frente a la muerte de un exdiputado bajo prisión preventiva

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Diputados de Guatemala guardan minuto de silencio por su colega fallecido bajo prisión preventiva antes de solicitar investigar a los responsables. (Felipe Alejos)

La muerte del exdiputado Manuel Barquín, bajo prisión preventiva, puso en la mira la politización del sistema de justicia de Guatemala.

De acuerdo con el primer vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, Barquín “no falleció, lo mataron” y responsabilizó a la juez Erika Aifán, debido a que esta le negó la prisión domiciliaria pese a su estado de salud (falleció por una fibrosis pulmonar) y murió sin haber sido sentenciado.

El exdiputado estaba privado de su libertad por acusaciones de delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias.

La juez de Mayor Riesgo, Erika Aifán, ordenó una investigación de la salud del diputado —que para ese entonces tenía un pulmón removido y la mitad del otro— para determinar si era viable la prisión domiciliaria y determinó que no.

El lunes 6 de agosto, en el Congreso de la República, todos los jefes de bloque hicieron un minuto de silencio y solicitaron acciones penales al relator contra la tortura, Carlos Solórzano, para investigar la responsabilidad por la muerte del exlegislador; ya que lo consideran un abuso de la prisión preventiva. 

Solórzano respondió que van “a dar la atención necesaria al caso, porque esto no puede quedar impune”.

Agregó que “el uso excesivo de la prisión preventiva constituye uno de los signos más evidentes del fracaso del sistema de justicia y constituye un problema inaceptable en una sociedad democrática”, y busca evitar que se presenten más casos como este, pues esto ha ocurrido en varias ocasiones.

Respecto a la situación del sistema judicial en Guatemala, PanAm Post consultó al abogado y notario José Urrutia, miembro del Partido Liberal y fundador de Guatemala Inmortal.

¿Cuál es la situación de las cortes?

Las cortes también han sido secuestradas por la ONU, a través de la CICIG (la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), diferentes ONG de izquierda, financistas de organismos influencia política como George Soros o Dionisio Gutiérrez, embajadas intromisivas, especialmente de España, Suecia y Venezuela (a cuyos embajadores la Canciller Joviel pidió retirar).

Es especialmente preocupante el papel de la Corte de Constitucionalidad, que técnicamente ha dado un golpe de Estado técnico a los poderes republicanos del Ejecutivo y Legislativo.

Se trata de un plan internacional en contubernio con agentes locales para destruir la libertad que queda en Guatemala y refundarla ideológicamente.

Estamos viviendo un Lawfare (guerra jurídica) hecho y derecho. Existe una persecución penal judicial selectiva.

¿La CICIG (organismo regido por la ONU) le resta autonomía a la justicia?

Quienes no están alineados al clan son llevados a “prisión preventiva” por años sin ser juzgados. Incluso varias personas privadas de libertad han sobrepasado el término de la pena del delito que se les imputa y siguen sin ser juzgados.

La CICIG se ha convertido en un poder criminal paralelo (creo que eso pretendieron desde el principio). De esos que precisamente su mandato debía desmantelar. Absolutamente todos los comisionados que han pasado, Castresana, Dellanese y Velásquez son burócratas internacionales cuestionados y con carreras manchadas de sangre e injusticia en sus propios países.

Afines a la izquierda radical allí donde han vivido, siempre han despotricado contra el sector productivo y todo lo que huela a libertad. Velásquez, por ejemplo, es un simpatizante de las FARC.

¿Hay abuso de la prisión preventiva?

La prisión preventiva se ha convertido en pena de prisión y en pena de muerte. Los jueces afines a CICIG niegan una medida sustitutiva a quienes son sus rivales ideológicos. El último caso, el diputado Barquín, quien falleció el día de hoy.

La juez Alfán ha sido la verdugo de él y de otros detenidos, quienes pierden todo en prisión preventiva, su libertad, su propiedad y hasta la vida. Esta mafia multinacional que ha secuestrado el sistema de justicia guatemalteco es la asesina de sus rivales políticos. Ellos son impunes. No tienen control y será muy difícil detenerlos.

Aunado a esto, la exfiscal general, Thelma Aldana, será candidata a la Presidencia por parte de los partidos políticos de izquierda Encuentro Por Guatemala, CREO o Movimiento Semilla, todos financiados por el “Soros guatemalteco”: Dionisio Gutiérrez, que pese a su descomunal fortuna, en lugar de promover un mercado libre que enriquezca a la población, ayuda a promover políticas de control y empobrecimiento.

La CICIG tiene desde hace más de una década escuchas ilegales a los teléfonos de los ciudadanos guatemaltecos con equipos donados por la Embajada demócrata (Clinton-Obama).

Estamos ante una tormenta roja, vestida de justicia y lucha anticorrupción. Así entró Castro en Cuba y Chávez en Venezuela.

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