English Version
El caso que podría llevar a prisión por secuestro con fondos públicos al expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, avanza en su contra. Pues se expuso evidencia que su Gobierno planificó pagar a los abogados de los exagentes de Inteligencia que ejecutaron el operativo para secuestrar al político oficialista tornado en opositor Fernando Balda.
De acuerdo a las declaraciones de uno de los policías acusado de haber contratado a los secuestradores en Colombia, el motivo de secuestro era silenciar a Balda por exponer una querella contra Correa por acoso sexual.
El fiscal encargado Paúl Pérez, ademas de contar con 28 elementos, tiene en su poder un documento desclasificado por la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain); evidencia suficiente para llamar a juicio al exmandatario.
URGENTE | Fiscal General del Estado, #PaúlPérezR, acusa a Rafael C., Pablo R., Raúl Ch., y Diana F. como autores de los delitos de asociación ilícita y plagio (secuestro) a Fernando Balda. Solicita a Jueza Nacional Daniella Camacho el correspondiente auto de llamamiento a juicio. pic.twitter.com/M4hlfuOaWU
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 25, 2018
Dicho documento incrimina a dos exoficiales de inteligencia: Raúl Chicaiza y Diana Falcón, pero deja en claro que no fueron los autores intelectuales del secuestro de Balda, sino que actuaron por órdenes de Rafael Correa por medio del secretario de inteligencia, Pablo Romero.
De acuerdo a la proforma presentada al fiscal, los dos policías habrían contratado al bufete de abogados Mejía Quintero, en vista que fueron requeridos por la fiscalía en Colombia.
Pues fueron identificados como quienes contrataron a una banda delincuencial que ejecutó el secuestro fallido de Balda.
Según indica la proforma, el monto total a pagar con fondos extraídos de los contribuyentes (impuestos), era de $200.000 dólares por honorarios legales, más el 16% del impuesto del valor agregado (IVA) por «procurar la obtención de una resolución judicial que los favorezca y que se materialice en la ausencia de requerimientos judiciales por parte de las autoridades colombianas.»
A este costo se le agrega los múltiples viajes a Colombia llevados a cabo por los ahora exagentes, todos financiados por el contribuyente ecuatoriano.
Asimismo, entre las pruebas presentadas ante el fiscal, están cartas a Rafael Correa emitidas por los policías involucrados en el secuestro que indican: «…hasta la presente fecha a quienes usted impartió órdenes expresas para que solucionen este inconveniente, recalco, no han hecho nada».
El Caso «Mameluco»
Uno de los firmantes de las cartas es el agente Chicaiza, cuyo testimonio es parte de la evidencia contra Correa que la fiscalía tiene en su poder; además de conversaciones grabadas entre los dos agentes y el secretario de inteligencia, Pablo Romero.
Además, fue Chicaiza quien declaró que Correa estaba al tanto del secuestro y que el motivo del mismo era silenciar a Balda por exponer en su blog el «caso Mameluco«, donde acusa a Correa de acoso sexual contra Xavier Andrés Herrería Ramírez y expone una supuesta querella presentada ante la fiscalía.
Ferndando Balda fue miembro del partido de gobierno, Alianza País, del cual Rafael Correa se ha desvinculado debido a su enemistad con el actual presidente (que fue su vicepresidente). Sin embargo, cuando abandonó el partido oficialista, Balda se integró a la oposición y se convirtió en parlamentario suplente; hasta que falleció el asambleísta titular y él asumió el puesto.
Hasta el momento han sido detenidos y sentenciados los autores materiales, la banda secuestradora colombiana. Falta que se constate lo que indica la evidencia: que el secuestro frustrado fue ejecutado bajo la orden de Rafael Correa con fondos públicos.
Discusión sobre post