Criticar la corrupción de la clase política es algo que caracteriza el uso de redes sociales, particularmente en América Latina. Pero en Ecuador hacerlo en Facebook puede conducir a prisión.
Luego de meses de apelaciones, desde el gobierno de Rafael Correa, cuyos funcionarios criticaba, la estudiante de derecho Sara Velasteguí se entregó a la justicia.
El caso de la joven madre fue tan llamativo por su carácter persecutorio que el presidente actual, Lenín Moreno, anunció que ya está tramitando el indulto a través del Ministerio de Justicia.
He dispuesto al Ministerio de @Justicia_Ec que elabore el informe para dar paso al indulto de @velasteguisara. Somos un Gobierno que protege la libertad de expresión y que lucha frontalmente contra la corrupción. ¡Defendemos siempre el libre pensamiento de todos los ecuatorianos!
— Lenín Moreno (@Lenin) November 28, 2018
En un giro de 180° respecto al gobierno anterior que perseguía a los opositores por sus opiniones, el presidente actual del Ecuador respondió ante el clamor de una parlamentaria de la oposición, Jeannine Cruz, asambleísta del partido CREO, para indultar a Sara Velasteguí.
“¡¿Cuántos ecuatorianos estaríamos presos?!”, exclamó la parlamentaria en un programa televisivo donde fue entrevistada junto a Velasteguí.
Explica que son tantas las personas que vierten sus opiniones, aunque resulten polémicas, contra la corrupción institucional.
Agregó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya está avanzando para eliminar todo tipo de sanción contra la libertad de expresión.
En indica que el caso de Sara expone además la criminalización de la protesta social y de la participación ciudadana.
Ya que sostiene que es responsabilidad de los estudiantes denunciar los atropellos que ven cometidos por las autoridades al ser financiados con fondos públicos. Indicó, por ejemplo, cómo en la Universidad de Loja, provincia que ella representa en el parlamento, fue destituido el rector por presión de los alumnos respecto al uso de los recursos de la institución.
En el caso de Velasteguí denunció el nombramiento de Paulo Rodríguez Molina como asesor del rector de la Universidad Tecnológica de (la provincia de) Ambato, pues Velasteguí sostiene que al momento de ser contratado el funcionario ya había facturado 160.000 dólares de sobreprecio en obras de infraestructura.
A su vez, cuestionó la veracidad de su contratación, en vista que fue contratado por la UTA para realizar una consultoría de un valor de 200.000 dólares para elaborar un manual sobre el funcionamiento de la institución
Pese a solicitar ver dicho manual, nunca fueron respondidos los pedidos estudiantiles.
La exposición pública de estas inquietudes desencadenó en la denuncia por injuria contra Sara Velasteguí resultando en su prisión.
La sentencia de 40 días de prisión contra de @velasteguisara es un atropello impresentable. El INDULTO del presidente @Lenin en procedente.
El pronunciamiento de @EdisonLanza @RELE_CIDH y el respaldo ciudadano fue fundamental #LibertadParaSaraVelastegui ? pic.twitter.com/fZtTmMphhg
— Jeannine Cruz (@Jeanninecruzz) November 28, 2018
Sin embargo, la asambleísta Cruz explica que no se ha demostrado que Rodríguez Molina haya sufrido consecuencias psicológicas. Puesto que para hacer una denuncia por injuria, es necesario evaluar psicológicamente al injuriado; esto nunca sucedió, en vista que se desconoce el paradero de este.
Actualmente, Rodríguez Molina, quien fue presidente de la Función Judicial bajo el gobierno de Correa, es prófugo de la justicia, ya que tiene abiertos procesos por presuntas irregularidades en la Contraloría, Fiscalía y el Registro Civil.
En cuanto a la acusación en sí misma, la estudiante explica que los términos usados en contra de los funcionarios involucrados en la contratación, no únicamente Paulo Rodríguez, fueron de índole privada. Usó términos como “sinvergüenzas”, “mantenidos del Estado” y “oportunistas”.
No obstante, para la justicia del momento, fue suficiente para privar a un menor del cuidado materno, pues Sara Velasteguí es madre.
La acusada, al igual que la parlamentaria, usa el término “Correato” para referirse a lo que fue el mandato de Rafael Correa e indica que su caso expone que todavía tiene influencia en las instituciones estatales, en particular la justicia.
Pues el rector de la UTA pudo perseguir a una estudiante como ella por sus declaraciones en redes sociales, al punto que terminó presa.
Luego de las declaraciones del actual presidente Lenín Moreno, quien se demostró dispuesto a indultar a la estudiante, quedará en evidencia si efectivamente hay un cambio en el Ecuador, a favor de la libertad de expresión, lejos de la criminalización de la oposición y/o cualquiera que cuestione al régimen o si continúa el legado.