English Version
Ascienden a 420 casos de violación a la libertad de prensa, motivando a 55 periodistas a abandonar su país natal a raíz de la persecución y clausura de medios no alineados al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Sumado al exilio, hay quienes dentro del país están aislados por orden del gobierno.
De acuerdo a las cifras presentadas por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre abril (cuando empezaron las protestas contra el gobierno) y noviembre del 2018, hubo casos de violación a la libertad de prensa. Esto incluye agresiones físicas, allanamientos (que en algunos casos implica destrucción y/o incautación de la propiedad privada), amenazas, censura y muerte.
Entre los más de 500 muertos en medio de la ola de violencia desatada desde el inicio de las protestas contra el régimen, está el periodista Ángel Gahona López, asesinado de un tiro certero mientras hacía un reportaje en vivo sobre las protestas contra el régimen de Ortega.
Aunque las autoridades acusaron a dos jóvenes afrodescendientes como autores de su muerte e intento de homicidio contra el policía Anselmo Rodríguez, varios testigos y familiares de los acusados, Brandon Lovo Taylor y Glen Slate, afirman su inocencia.
Los moradores de la zona, Bluefields, un poblado autónomo de elevada población negra, afirman que el asesinato de López fue obra de un francotirador, y por ende, acusan a la policía de haberlo matado con el objetivo de silenciar a la prensa.
?? #Nicaragua: Dos #periodistas y ejecutivos del canal @100noticiasni permanecen en aislamiento desde el 21 de diciembre y no pueden ver a familiares, de acuerdo con su abogado. https://t.co/5LhuQ8lzVc pic.twitter.com/QSHl3ziVlr
— LatAm Journalism Review (@LatAmJournalism) January 4, 2019
Según reportó ante la prensa local el abogado Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el propietario y director de 100% Noticias, Miguel Mora, y la jefe de prensa, Lucía Pineda, se encuentran recluidos en aislamiento y sin autorización de ver familiares o abogados.
Ambos enfrentan cargos por “fomentar e incitar al odio y la violencia” y “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, de acuerdo a DW.
Para el 25 de enero está prevista la audiencia inicial para Miguel Mora.
?? #Nicaragua: Dos #periodistas y ejecutivos del canal @100noticiasni permanecen en aislamiento desde el 21 de diciembre y no pueden ver a familiares, de acuerdo con su abogado. https://t.co/5LhuQ8lzVc pic.twitter.com/QSHl3ziVlr
— LatAm Journalism Review (@LatAmJournalism) January 4, 2019
A raíz de una serie de allanamientos por parte de la policía del régimen, se volvieron cada vez más frecuentes tanto los arrestos, como los casos de exiliados en el ámbito periodístico.
Esto produjo la creación del movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua que realizó un sondeo en el gremio periodístico nicaragüense, dada la frecuencia de profesionales de los medios que abandonaban el país.
Desde el inicio de la crisis, que empezó en abril del 2018, el periodismo se volvió una de las profesiones más peligrosas en Nicaragua.
#OEA sesionará 11 de Enero para valorar crisis #Nicaragua mientras la situación sociopolítica se agrava por exilio de 35 periodistas independientes en el Pais.
La Bolsa de Valores redujo 21% de transacciones y 25% los depositos de la banca ene-nov 18 vrs 17 mismo periodo.
— Nicaragua Comenta+ideas (@ComentaIdeas) January 4, 2019
Sumado a las agresiones físicas, el rubro periodístico denuncia al gobierno de ser autor de una ola de allanamientos y saqueos, además de la confiscación de un canal de televisión, al igual que la clausura de una radioemisora.
Ahora que las protestas contra el gobierno entran a su noveno mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha identificado las agresiones a periodistas y medios independientes como “la cuarta etapa de la represión gubernamental” contra la población.
Para el CIDH, las tres etapas previas consistieron de las muertes, agresiones contra los manifestantes pacíficos, ataques armados contra ciudades que rechazan al presidente Daniel Ortega y la criminalización de las protestas.
En diciembre pasado la CIDH acusó al Gobierno de Ortega de cometer crímenes “de lesa humanidad”, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde ya se ha iniciado un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.
Asimismo advirtió que hay una “intensificación de la cuarta etapa de represión”.
Pero el régimen de Ortega desestima estas acusaciones y alega que las manifestaciones en su contra no son más que un “golpe de Estado fallido”.
Tampoco reconoce a los muertos. Mientras la cifras de organismos locales e internacionales oscilan entre 325 y 545 personas muertas en las manifestaciones, el Gobierno reconoce solo 199.
Entre los reclamos, tanto en las calles como por parte de los organismos internacionales, está que haya elecciones presidenciales, pero la dupla Ortega-Murillo -Ortega convirtió a su propia esposa en su vicepresidente-, no lo admite.
