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La madrugada del lunes 25 de febrero la prensa brasilera anunció que militares venezolanos están no solo invadiendo su territorio, luego de haber cerrado la frontera para impedir el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, sino que están utilizando armas para robar a los ciudadanos del país vecino.
Pese a advertencias que los militares de la zona estaban atacando a los migrantes, un grupo del periódico brasilero Folha fue el domingo 24 de febrero hasta la frontera entre ambos países y dos de sus acompañantes fueron emboscados.
Se trata de una pareja (él brasilero, ella venezolana), Anderson y Aracelis de Moraes, que llevaban comida y medicamentos para una paciente con cáncer terminal de cerebro.
«Son apenas para prolongar un poco su vida», dijo Aracelis que intentaba transportar la medicina para su madre a 620 kilómetros de la frontera, en Puerto Ordaz, Venezuela.
Del lado brasilero el medicamento cuesta nueve reales, menos de $2,50 dólares y sobre todo, existe, cuando en contraste Venezuela sufre un desabastecimiento de medicinas.
Pero los dos bolsos de equipaje quedaron en la frontera, luego que la pareja se fue corriendo ante las amenazas con armas.
«Yo también soy malandro», le dijo a Anderson uno de los presuntos militares que inicialmente pidió dinero a la pareja y luego empuñó su pistola.
Un día antes, el sábado 23, el diputado nacional Luis Silva de Acción Democrática acompañó el envío de ayuda humanitaria enviada por EE. UU. y Brasil hacia el lado brasilero con éxito. Pasaron dos camiones.
Esta acción fue posible gracias a la resistencia incansable del pueblo indígena pemón que vive a ambos lados de la frontera. Primero los pemones intentaron impedir el cierre fronterizo, acción que les costó la vida a dos, Zoraida y Rolando Rodríguez, que murieron como consecuencia de las balas disparadas por la Guardia Nacional Bolivariana.
Ante esta acción, los pemones de la zona tomaron el aeropuerto de Santa Elena (donde prendieron fuego el puesto de control de la GNB), así como el paso terrestre para lograr pasar la ayuda humanitaria.
Horas después, el alcalde de Santa Elena dio la orden de no tocar a los pemones y anunció que «Maduro está caído», palabras que le costarían su libertad.
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Actualmente está bajo protección de los pemones, de una guardia territorial liderado por una mujer, que lo mantienen a salvo; ya que se emitió la orden de capturarlo «vivo o muerto».
Lo que en Venezuela se conoce como «colectivos», grupos de civiles armados por el régimen de Nicolás Maduro para reprimir a los opositores, junto a presos liberados en el estado amazónico de Bolívar con el mismo fin, están a cargo de la represión de la resistencia pemón en la frontera con Brasil.
Por ello, del lado venezolano se ha planteado que no se trata de soldados, sino de «colectivos» disfrazados de militares quienes están ahora intimidando a los brasileros que se acercan a la frontera y robando sus pertenencias.
Asimismo, la presencia de presos liberados con el fin de reprimir está cada vez más notoria en la zona fronteriza.
Tanto que el diputado Silva, que transportó ayuda humanitaria hasta Venezuela desde Brasil, denunció que «los que resguardan la frontera son criminales».
Junto al equipo de Folha, el diputado pretendía reingresar a Venezuela, esta vez con un cepillo de dientes que compró un caja de chocolates «Garoto» para sus hijos.
Pero se vio ante la realidad de observar «cómo robaron las pertenencias de los humildes venezolanos que vinieron a comprar comida para su familia».
Y concluyó que «la mejor ayuda humanitaria que nosotros los venezolanos necesitamos es la salida inmediata del usurpador Nicolás Maduro».
