Organizaciones de derechos humanos denuncian la muerte de más de 561 opositores, mientras que la dictadura admite 199 en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. En medio del levantamiento civil que empezó en abril del 2018, la economía ha sufrido una caída estrepitosa. Como solución, el Gobierno socialista propone no la creación de mayor riqueza, sino la redistribución de esta, gravando con impuestos al sector empresarial.
En Nicaragua se enfrentan no solo diferencias políticas y económicas, sino a la aceptación de la realidad. Se ignoran desde los muertos hasta el porqué de su defunción, pues Ortega alega que la mayor parte de las víctimas fatales son servidores públicos que resisten un golpe de Estado, mientras que en las calles y ONG nacionales e internacionales demuestran que los muertos son manifestantes opositores.
Por ello, mientras unos buscan elecciones para la salida del Gobierno, el régimen legisla para seguir en el poder y financiarse.
El miércoles 27 de febrero el parlamento, controlado por la dictadura, aprobó la Ley de Concertación Tributaria con 69 votos a favor del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 15 en contra de los opositores Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Partido Conservador (PC), y la abstención de 5 diputados de diferentes partidos.
El parlamento de Nicaragua, de mayoría oficialista, aprobó este miércoles una cuestionada reforma fiscal que aumentará los impuestos a numerosos productos, con el propósito de cubrir el déficit financiero que enfrenta el gobierno de #Ortega, en medio de una grave crisis política. pic.twitter.com/5KHc1Vdz9D
— Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) February 27, 2019
El objetivo del Gobierno es recaudar 10.168 millones de córdobas (USD $312 millones), el 2,3 % del producto interno bruto (PIB).
Las reformas elevan el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto Selectivo al Consumo, además de las rentas de actividad económica, de capital y ganancias.
Al respecto, PanAm Post consultó a Adán Bermúdez Urcuyo, vicepresidente Nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Presidente del Consejo Superior de Universidades Privadas de Nicaragua (COSUP), tiene un Ph.D en ciencias económicas, también es especialista en Cuentas Nacionales y Macroeconomía, y su última profesión es abogado y notario público de la República de Nicaragua.
¿De qué consiste la reforma fiscal?
La Reforma Fiscal persigue recaudar ingresos de todos los sectores de la población para suplir el déficit fiscal insostenible del Estado. Por supuesto, gravar con más impuestos a los sectores económicos.
¿Por qué se opone el sector empresarial?
Se opone por que no ha sido consensuada de previo y porque se quiere imponer cuando la situación económica actual es de una disminución de menos del 4 % del producto interno bruto debido a la crisis que enfrenta el país, resultado de los acontecimientos del 18 de abril pasado, cuando se realizaron protestas generalizadas contra el Gobierno, por la suspensión de los derechos de los nicaragüenses expresados en la Constitución de la República.
Además, está reforma afecta los costos de las empresas por el aumento de los impuestos y producirá más cierre de empresas nacionales e internacionales.
¿La reforma entorpece el diálogo que busca Ortega con el sector privado?
Al iniciarse el diálogo hoy y también el aprobar hoy esa Reforma Fiscal, afecta las conversaciones, porque se entendía que estaba detenida su aprobación para buscar consenso con el sector privado, pero ahora se convierte en una carta debajo de la manga que tiene el Gobierno contra el sector privado y le puede servir para negociar algún punto que le interese.
¿Qué mensaje le daría a quienes están fuera de Nicaragua y buscan entender lo que allí sucede en cuanto a la política y economía?
Para los que no están en Nicaragua desde luego se dificulta entender lo que aquí ocurre, pero me permitiría resumir que lo que estamos es consecuencia de una persona que llegó al poder, decidió quedarse con ese poder, y comenzó a violar la Constitución: fraudes electorales, control de la Asamblea Nacional, del Poder Judicial y el Poder Electoral. O sea, siguió la ruta hacia una dictadura. La población despertó en abril y dijo “Basta Ya” de esta dictadura, y como Ortega no ha querido entender que necesitamos regresar al Estado de derecho y a la democracia, estamos en una encrucijada, o nos enrutamos por el camino a la democracia o seguimos hacia una debacle económica y social.