Nicaragua: Ortega oculta la mitad de los muertos por represión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta al régimen nicaragüense que identifique a los muertos producidos por la represión estatal y paramilitar, puesto que las cifras no coinciden

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(Fotomontaje de PanAm Post)

El saldo de muertos que dejó la represión por parte de la policía y paramilitares sandinistas puso a Nicaragua en la mira mundial. Pero las cifras provistas por el gobierno, que reconocen menos de la mitad de los muertos de organizaciones de Derechos Humanos, no condicen con las investigaciones de organismos multilaterales.

Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comunicó la mañana del viernes 24 de agosto que son inconsistentes las cifras aportadas por el Estado de las personas fallecidas durante las protestas constantes en Nicaragua desde el 18 de abril de este año.

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“Las cifras de personas fallecidas aportadas por el Estado son inconsistentes, entre junio y julio el Estado informó a la CIDH sobre 37 personas fallecidas, en su mayoría personas afines al Gobierno. Posteriormente, reportó una cifra consolidada de 450 personas fallecidas entre el 19 de abril y el 25 de julio”, indica el informe de la CIDH.

Agrega, “Frente a la inconsistencia de las cifras reportadas por el Estado y sus cuestionamientos al registro de fallecidos de la CIDH, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua la necesidad urgente de garantizar el acceso a la información detallada sobre todas las personas fallecidas, a fin de que la CIDH pueda cotejar y verificar las cifras con aquéllas que ofrecen las autoridades nicaragüenses”.

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Las cifras provistas por el régimen aparecen en un texto publicado por la CIDH, indicando que  197 personas fallecieron como “víctimas del terrorismo golpista”, mientras que 253 personas fallecieron por “muertes homicidas (actividad delictiva común), accidente de tránsito y otras causas”. Dicho informe no incluye la lista de las personas fallecidas.

Para esclarecer estas inconsistencias, la CIDH pide a las autoridades nicaragüenses que garanticen una autopsia a cada uno de los muertos, de modo que se establezca la causa de su muerte.

Según la CIDH, la cifra actual de muertos durante los choques entre las fuerzas aliadas al gobierno y los opositores es de 322. Eso sin contar el aborto inducido a patadas por un paramilitar, en medio de un interrogatorio a una joven estudiante. Ese suceso a su vez expande la duda que los grupos de choque paramilitares actúan en colaboración con el régimen.

Entre las 322 víctimas fatales, la CIDH detalla que 21 muertos eran policías y 23 menores de edad.

Por este motivo, la CIDH insiste en saber las cifras oficiales e información detallada sobre las personas detenidas y urge al Gobierno poner un alto a la criminalización de la protesta, así como respetar a las personas privadas de libertad.

La CIDH advirtió también sobre un grave problema de acceso a la debida defensa y el debido proceso para las personas acusadas; así como violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares.

“A cuatro meses de iniciadas las protestas sociales en el país, y cerrando la octava semana de trabajo en terreno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la CIDH advierte que en el contexto social de criminalización de la protesta se dan cientos de procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados”, expresa el informe.

La CIDH dijo también que el MESENI ha registrado una disminución de las acciones violentas y el empleo desproporcionado de la fuerza en la represión de las protestas. Sin embargo, nota con preocupación que se continúa generando un contexto adverso para la protesta social a través de una estrategia de criminalización y estigmatización.

La CIDH eleva a 322 la cifra de fallecidos en Nicaragua durante las protestas y sostiene que «la gran mayoría de víctimas fallecieron como resultado de la acción estatal o de fuerzas parapoliciales al servicio del Estado».

Los datos del CIDH provienen del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que consistió de trabajo en el terreno a lo largo de cuatro meses, desde los inicios de las manifestaciones contra el gobierno y la consiguiente represión contra los manifestantes.

Aunque el organismo defensor de derechos humanos declaró que hay «una disminución de las acciones violentas», desde el comienzo hasta la fecha, destacó que persiste  la «criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados», y acusa a las autoridades locales de hacer un uso «generalizado» del delito de terrorismo para justificar y habilitar arrestos arbitrarios e interrogatorios violentos.

En palabras del comisionado Francisco Eguiguren, «el uso inapropiado del sistema penal en contra de manifestantes, opositores, defensoras y defensores de derechos humanos constituye una violación al derecho a la integridad personal, la protección judicial y las garantías judiciales».

Por su parte, la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) calcula al menos 450 muertos. La falta de concordancia de las cifras del Estado complica una contabilidad veraz de los hechos y como tal la diferenciación entre los muertos, desaparecidos y detenidos.

 

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