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Venezuela congela los despidos: Empleadores cesan las contrataciones

Por: María Gabriela Díaz - Dic 18, 2013, 1:05 pm

EnglishEl pasado 6 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro firmó la extensión del congelamiento a los despidos laborales, como una forma de “asegurar” la estabilidad del empleo en Venezuela. Esta medida se aplica a todos los trabajadores del sector público y privado; y su objetivo es proteger a los trabajadores de la llamada “guerra económica”. Esto podría ser considerado como un paso adelante para el socialismo en Venezuela, pero es un paso atrás para el crecimiento económico en un país donde incluso la tasa oficial de inflación supera el 40%.

Esta es ya la décimo novena vez que el decreto que hace que sea casi imposible despedir a un empleado, se amplía. El decreto ha sido aplicado desde 2002, cuando el régimen chavista sufrió un golpe de Estado que lo llevó cerca de enfrentar su final. Este “beneficio” dado por la revolución se aplica a aquellos trabajadores cuyo salario mensual es inferior a tres veces el salario mínimo – lo cual aplicaba al 93,5% de la población activa en 2011 -, más allá de que los altos directivos no están protegidos, independientemente de su salario.

En transmisión a través de la prensa estatal, Maduro afirmó que “El hecho de que protegemos la estabilidad del empleo no puede ser interpretada por cualquier sindicato como una promoción de la pereza, distracción o desobediencia hacia el trabajo. Estamos protegiendo a aquellos que trabajan a partir de los abusos de aquellos que explotan”.

Las empresas, sin embargo, no estarían de acuerdo con esa afirmación.

En lugar de promover la productividad y la competencia, esta medida ha eliminado esos dos factores clave que distinguen a toda economía exitosa. Permítanme graficar la imagen de cómo se desarrolla la realidad laboral en Venezuela.

Los empleados tienen una estabilidad laboral de un año (la duración del decreto). En otras palabras, a las empresas les resulta muy difícil despedir a alguien que ha sido empleado durante ese período de tiempo. Sin embargo, a partir de las extensiones al decreto, aquellos que ostentan el poder no han permitido que la prohibición al despido caduque para toda persona contratada desde el año 2002.

Esto significa que los únicos empleados que trabajan realmente son quienes tienen una inclinación natural o quienes están interesados ​​en mantener una buena reputación profesional. Muchos utilizan esta maniobra política como una excusa para quedarse en casa y no ir al trabajo o para llevar a cabo su actividad de manera mediocre. Después de todo, esto es socialismo y el trabajador siempre tiene la razón.

¿Cuál ha sido la respuesta de los empleadores hasta el momento? Muy simple, las empresas han decidido no contratar a personas a menos que sean absolutamente críticos – incluso cuando esto significa sobrecargar a los empleados con que ya cuentan con más trabajo, o incluso hacer que la empresa sea menos productiva.

Si deciden contratar a alguien, tienen tres opciones:

  • La primera opción – el camino jurídico – implica para la empresa (también conocida como el monstruo capitalista) pedir el permiso de la Inspectoría del Trabajo con el fin de despedir a un empleado determinado. En este caso, la Inspectoría del Trabajo, organismo gubernamental del régimen socialista, determinará si la empresa puede llevar a cabo el despido.
  • La empresa puede despedir al empleado sin el decreto, pero el empleado (también conocido como el trabajador abusado) puede reportar este incidente a la Inspectoría del Trabajo. Entonces la empresa enfrentará una sanción, y muy probablemente deberá devolver el trabajo al empleado despedido.
  • El tercer camino – también ilegal, pero el más común – implica para la empresa el pagar una fuerte suma de dinero al empleado y “sugerirle” firmar una carta de renuncia. Este proceso también implica un riesgo legal para la empresa, ya que el empleado puede reportar fácilmente esta práctica y hacer que la empresa enfrente consecuencias legales.

¿Ha funcionado el decreto establecido? Sí y no, dependiendo de sus objetivos.

El régimen continúa en el poder, a pesar de sus terribles habilidades de gestión económica, de la disminución de sus niveles de aprobación y de tener un líder ausente (Chávez). A partir de esto podemos decir la medida ha ayudado a solidificar una ilusión de “normalidad” en los venezolanos. Cuando un país entra en crisis económica – donde Venezuela ya se encuentra – lo primero que las empresas hacen es despedir a sus empleados. En este caso, los trabajadores no sienten las consecuencias “con tanta profundidad” debido a la presencia de una seguridad laboral superficial.

Por otro lado, estas medidas han empeorado la economía; la inflación ha devenido en una bomba de tiempo; el clima para gestar negocios está cayendo en picada; y mientras tanto el régimen todavía espera que todos crean que están abiertos a la inversión privada.

Maduro exhortó a los inversores a “tener un concepto de amar a la Patria”, y a traer sus dólares para invertir en el país. ¿Pero por qué alguien en su sano juicio invertiría en Venezuela? No existen allí instituciones o imperio de la ley que proteja a los inversionistas o empresarios; estos deben afrontar una costosísima divisa extranjera y controles de precios; hay inseguridad, corrupción, un número ridículo de impuestos y ausencia de servicios básicos. Finalmente, no hay que olvidar, existe un decreto que congela los despidos. El país no se sitúa como el número 140 en la lista de Mejores Países para Hacer Negocios de Forbes sin ninguna razón.

Una gran cantidad de empresas internacionales mantienen sus oficinas abiertas, ya que todo su valor se encuentra bajo llave en el país debido a CADIVI. Otros tratan de sobrevivir, y también existen algunos aventureros que están dispuestos a asumir el riesgo e invertir en sincronía con el paraíso socialista.

El régimen, sin embargo, ha mantenido su retórica salvadora – que los posiciona como quienes protegen al trabajador indefenso del monstruo capitalista. La realidad es que una economía no puede funcionar sin “el malévolo sector privado”, e incluso la compañía petrolera estatal contrata ayuda privada.

Desafortunadamente, los trabajadores en general han comprado la historia de la “explotación” y creen erróneamente que son ellos quienes acaban ganando con este decreto, cuando sucede todo lo contrario. Si la compañía pierde, los empleados también lo hacen.

Más allá de que el gobierno pudo haber logrado otro beneficio político a corto plazo – algunos puntos electorales y un mayor tiempo en el poder – el daño producido a largo plazo será grave. Una cosa es segura, cada vez que esta “revolución” avanza hacia adelante, impone un costo económico mayor para las empresas y ciudadanos, ya sea a través de impuestos o bien a través del aumento de precios en sus vidas cotidianas.

María Gabriela Díaz María Gabriela Díaz

María Gabriela Díaz era reportera para el PanAm Post desde Caracas y coordinaba el programa de pasantías. Es Licenciada en Ciencias Políticas con mención en Relaciones Internacionales.