English Durante las últimas semanas, Panamá —con un crecimeinto anual esperado para este año del 7%— se ha enfrentado a lo que gobiernos socialistas de línea dura como Cuba y Venezuela experimentan todos los días: La escasez de alimentos. Tal como fue advertido por varios expertos, y solo 15 días después de que el flamante presidente Juan Carlos Varela anunciara la ley de control de precios, los estantes vacíos están por todas partes.
El 7 de julio, la administración de Varela seleccionó 22 productos minoristas de la canasta básica alimentaria de Panamá para el programa «Tu bolsillo primero». Con la implementación de los precios máximos se espera que las familias ahorren hasta US$58 por mes, y «se rectifique la especulación». Aunque los precios actuales son fijados por solo dos meses (pasado ese tiempo se autorizarán actualizaciones), el sector productivo ya está sufriendo.
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En abril, el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá informó que el costo de la canasta básica alimentaria había aumentado unos US$13,51, avanzando desde $326,37 hasta $339,88 en un año. La implementación de la ley de controles de precio fue, por este motivo, una de las principales promesas de campaña de Varela.
Más allá de los precios máximos, los legisladores patrocinantes de está iniciativa están montados sobre los subsidios. El jueves, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario acordó pagarle a los productores de arroz ocho centavos por libra, o 18 centavos por kilogramo de arroz de primera, siempre y cuando la bolsa de 5 libras sea vendida a los supermercados a un precio no mayor que $1,90. De esta manera, los vendedores minoristas podrán tener un margen de ganancia del 5%, pudiendo ofrecer cada bolsa de arroz a un precio inferior a $2,00.
«Esta es una causa de Estado para beneficiar a todos los panameños. Es una reorganización de la cadena de suministro de alimentos que beneficiará a los productores agropecuarios, a los consumidores, y a las empresas», dijo Varela, mientras visitaba a los supermercados para supervisar los nuevos precios «bajos».
Según Varela, la medida solo busca atacar a un enemigo: La especulación en los precios de la comida.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) es la agencia gubernamental a cargo de la aplicación y supervisión de la medida. Además de ACODECO, el gobierno central ha creado la Comisión de Ajuste de Precios, cuya función será ajustar los precios previstos en el decreto cuando «las condiciones de mercado» así lo requieran.
Sin embargo, el flamante presidente de Panamá parece estar perdiendo el control. A menos de un mes desde su implementación, y los consumidores ya están probando las consecuencias.
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«Los consumidores solo están buscando los productos alimenticios regulados», explica José Luis Ford, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá.
Según Ford, es natural que los consumidores panameños se vuelquen hacia los productos con el precio más barato. Aunque el sector privado ha obedecido el decreto, Ford reafirma su fuerte rechazo hacia la medida, y la describe como un claro ataque a la libertad de empresa en el país.
«La medida no es efectiva», explica Ford, ya que es solamente otra promesa electoral. El presidente de la cámara dijo que la gran escasez presente en los anaqueles es debido al hecho que la cadena de suministro de alimentos de Panamá no estaba lista para operar con una medida de este tipo.
El partido opositor Cambio Democrático denunció los problemas que el control de precios ha generado. De acuerdo al partido, los almacenes barriales no están vendiendo la mayor parte de los 22 productos regulados, ya sea porque los han vendido todos, o porque el dueño del comercio le otorga prioridad a los productos sin regulación —probablemente aquellos en los que el margen de ganancia sea mayor.
«El arroz, uno de los productos más consumidos por los panameños, escasea. Los pollos enteros solo pueden encontrarse en los supermercados durante horarios específicos. Mientras que en los llamados «minisúper» —las tiendas barriales— prefieren tener las estanterías vacías para evitar pérdidas».
De todas maneras, Melitón Arrocha, el ministro de Comercio e Industrias, niega que el programa de precios máximos de Varela sea la causa del desabastecimiento. Según Arrocha, lo que está sucediendo es de hecho «una modificación en el consumo», porque ahora la gente consume más productos que están regulados, por sobre los que no están.
Luego de los dos meses iniciales del programa, la lista de productos regulados podría continuar expandiéndose. De hecho, dos días atrás el ministro Arrocha advirtió que los 28 productos de la canasta básica que aún no se encuentran en el listado de precios, están bajo una «libertad vigilada». De acuerdo a las declaraciones brindadas al programa AM News, si el gobierno confirma que el precio de esos productos continúa aumentando «sin razón aparente», el gobierno tendrá que intervenir y comenzar a regularlos.
