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La neolengua de la izquierda argentina y los impuestos que no son impuestos

By: Marcelo Duclos - @marceloduclos - Abr 19, 2017, 9:52 am
El Instituto de Nacional de Cine y una nueva polémica (Twitter)
El Instituto de Nacional de Cine y una nueva polémica (Twitter)

Prácticamente no existe ya una sola actividad en Argentina que no se encuentre intervenida por el Estado. Ya sea para regularla, confiscarla con impuestos abusivos o para el regalo de jugosos subsidios a determinados personajes.

El cine nacional no es la excepción. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) es una entidad que, a pesar de estar orgullosa del cine argentino, dice que hay que subsidiarlo porque de otra manera no existiría.

Luego de la desvinculación de su anterior titular, Alejandro Cacetta, (por supuestas irregularidades) se instaló un debate sobre si el organismo es o no estatal y si se financia o no por medio de impuestos.

Desde el clásico espacio izquierdista se generó una corriente de opinión dispuesta a volcar el debate hacia la idea de que se trata de un ente “autárquico” no estatal, y que se “autofinancia”, como si consiguiera los recursos de forma autónoma y voluntaria.

Lo cierto es que ante el mínimo análisis es claro que el INCAA sí se financia por impuestos y que el uso de sus recursos hace que se comporte con los peores incentivos del sector público, aunque se haga énfasis en el término que referencia su autarquía.

Desde los partidarios del INCAA se ha escuchado que lo que se busca con estos cambios es “desfinanciar” el cine y desde el gobierno salieron culpsosos a negar esa situación.

Lo que se denomina como financiación en realidad es un privilegio que debiera ser eliminado. Los recursos en una economía basada en la libertad se asignan según las preferencias de las personas, y por consecuente, de las inversiones que otras realizan para satisfacer la demanda. Todo proyecto requiere financiación y eliminar el INCAA sería dejar en evidencia que proyectos la sociedad considera que deben realizarse y cuales no.

Si el día de mañana se inventara una Ley que otorgue un financiamiento a los cantantes de tango y que los fondos serán producto de un 10 % de lo que se pague para ver cada concierto musical de cualquier género en el país, y décadas después alguien propone eliminar este recurso deberíamos hablar de la quita de un privilegio sectorial en lugar de “desfinanciamiento”.

Quienes financian y desfinancian dentro de la sociedad civil, a diferencia de los entes estatales, son las personas que deciden dónde gastan su dinero. Si los defensores del INCAA desean mantener sus privilegios como cineastas, al menos deberían ser honestos y defender el recurso que los financia y aceptarlo como es en lugar de reiterar que “no se financia con impuestos”.  De la forma en que funciona, la “autarquía” es solo para elegir como se gasta el dinero, ya que las personas que aportaron jamás fueron consultadas al respecto.

Para analizar la cuestión impositiva es necesario separar las dos formas de asignación de recursos en la economía: las correspondientes a las transacciones libres, es decir cuando uno compra o vende un producto y las asignaciones de recursos coercitivas, que son el cobro de impuestos y la asignación de esos recursos bajo la discrecionalidad gubernamental. Para asegurar que “el INCAA no se financia por impuestos” tendríamos que estar en la situación que los recursos que maneja son de procedencia voluntaria. Lo cierto es que no lo son. Si una persona desea ir al cine, no puede evitar “colaborar” con el 10 % de su ticket al organismo y si una empresa decide poner una sala, no puede evitar tampoco cobrar ese monto destinado al instituto en cuestión. ¿Por qué no deciden eliminar la coerción y financiarse mediante la voluntariedad de las personas que van a ver películas nacionales como extranjeras? Porque los beneficiarios del instituto especulan que libremente no conseguirían los recursos a los que acceden hoy.

 

Cuando se reemplace este impuesto (porque es un impuesto) por una alcancía en cada boletería podrían argumentar que el INCAA no se financia mediante impuestos.

Cabe destacar que los términos “impuestos” e “impositivos” no se limitan a mi interpretación económica y filosófica, sino que están presentes en los documentos oficiales de la página web del INCAA y en los documentos oficiales que lo regulan.

“El Ministro de Cultura, Pablo Avelluto, y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguraron que no se eliminará el impuesto del 10 % a las entradas a las salas con que se financia en parte la producción de películas”, destaca uno de los últimos comunicados de la entidad.

“De pronto vos querés ir a fondo con los cambios, pero te encontrás con una montaña de expedientes raros, llamativos, pasajes”, reconoció el mismo ministro de Cultura Avelluto a la hora de justificar la remoción del extitular del INCAA.

Lo cierto es que esa circunstancia tiene más que ver con el manejo de fondos políticos que con el uso de dinero para la industria cinematográfica. Corto sería el debate si terminara en un funcionario en particular. Esos manejos que bien denuncia el Avelluto son inherentes a la discrecionalidad de un instituto que asigna recursos que no son propios ni responden a inversores con nombre y apellido, sino a un botín político.

No hace falta “robar” falsificando un documento para cuestionar el funcionamiento de los entes paraestatales como el INCAA. Basta con cuestionar a quién se le asigna un subsidio, a quién se lo rechaza, con qué parámetros y de donde salió el dinero.

Si bien durante el fin de semana trascendieron cientos de mensajes por redes sociales diciendo que sin INCAA no existiría el cine nacional, esto es una falacia. La cinematografía argentina existía antes del instituto y sobrevivirá luego de que el país decida en un futuro, en un acto de sensatez, eliminarlo.

Marcelo Duclos Marcelo Duclos

Nació en Buenos Aires en 1981, estudió periodismo en Taller Escuela Agencia y realizó la maestría de Ciencias Políticas y Economía en Eseade. Es columnista de opinión invitado de Infobae y músico. Síguelo en @marceloduclos

Fiscal general de Guatemala: “No queremos convertirnos en guarida de delincuentes mexicanos”

By: Elena Toledo - @NenaToledo - Abr 19, 2017, 9:20 am
Guatemala

Thelma Aldana, fiscal general de Guatemala, dijo este martes que su país "nunca será guarida de delincuentes mexicanos" y aseguró que respaldará completamente a la Procuraduría General de México en el proceso penal y de extradición del exgobernador Javier Duarte, quien fue detenido la noche del pasado sábado en un hotel del turístico municipio de Panajachel. "Efectivamente el arresto de Duarte es un mensaje de Guatemala. Lo que menos queremos es ser un país que tolere a personas buscadas por otras naciones. Al contrario, deseamos colaborar con los vecinos para ayudarles a hacer justicia" dijo la también jefa del Ministerio Público guatemalteco. Lea más: México: exgobernador Javier Duarte podría ser condenado hasta a 65 años de cárcel Lea más: México: la gran lección del caso Duarte y por qué los políticos no son la solución googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   Aldana aseguró: "Es definitivo que no queremos convertirnos en una guarida de delincuentes mexicanos. Esta detención del exgobernador también es un mensaje a los narcotraficantes mexicanos, de que las fiscalías de su país y Guatemala estamos organizados, en comunicación con los ministerios públicos y que estamos unidos para luchar en contra de la criminalidad". La fiscal general más respetada de América Central también lamentó que debido a los pocos recursos con que el Ministerio Público de su país cuenta debido al poco apoyo de los gobiernos, actualmente hayan mafias mexicanas penetrando en Guatemala con tráfico de armas, narcotráfico, trata de personas y otros delitos que están llevando a cabo especialmente en municipios fronterizos con el país azteca. En cuanto a cómo se preparan las instituciones de Guatemala, para el proceso que se seguirá en ese país a Javier Duarte previo a su extradición a México, Aldana dijo que "con seguridad,  para que sea un proceso transparente, objetivo, con debido proceso, derecho de defensa y colaborando con la PGR en todo lo que nos pueda solicitar". Fuente: El Universal

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