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Existe la creencia general de que conseguir un trabajo es «un derecho» que, lógicamente, tiene que estar garantizado por el Estado. Si uno niega esta afirmación pareciera estar reconociendo que desea que la gente no pueda conseguir un empleo.
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Todo lo que consideramos como positivo no puede estar garantizado por Ley. Algunas cosas por imposibilidad de poder proceder con la implementación concreta del derecho, otras por afectar derechos de terceros y, en este caso, por las dos cosas juntas.
Los modelos legales que han funcionado han tratado de garantizar la libertad de los individuos y reservaron el uso del aparato represor a quienes atenten contra esa libertad. Esta máxima se encuentra en la sabiduría de los Padres Fundadores de los Estados Unidos quienes destacaron la necesidad de la «persuit of happiness», es decir la «búsqueda de la felicidad».
La contracara es tratar de garantizar la felicidad directamente. Esto se encuentra en las legislaciones que «garantizan» los derechos al trabajo, salarios mínimos, imposibilidades de despido e indemnizaciones. Las intenciones en este sentido han sido tan absurdas que en América Latina se han llegado a proponer con carácter constitucional los derechos al orgasmo femenino y que la tasa del interés no supere el 3%.
Existen ciertas cuestiones científicas en materia económica que justifican el éxito del primer modelo sobre el segundo que son necesarias detallar para explicar porque el derecho a conseguir un empleo es mucho más eficiente que el derecho al empleo en sí.
Lo que determina los salarios y las fuentes de trabajo en una economía es su capitalización. A mayor capital invertido, mayores posibilidades de fuentes de trabajo y mejores salarios. La capitalización está asociada a la producción y por lo tanto a los márgenes de ganancias. Un obrero que cuente con una máquina agrícola será más productivo que uno que se encuentra arando con una pala, de la misma manera que uno que tenga la pala será más productivo que uno que lo esté haciendo con sus manos. Resultado de esto, el empleado productivo demandará más y mejores servicios en la economía que el de la pala, que probablemente trabaje solo para su subsistencia.
Cuando una economía logra capitalizarse, sus salarios se incrementan de la misma manera. En relación directa, una descapitalización significa pérdidas de empleo y salarios reducidos. Esto se ve claramente en el salario promedio de un norteamericano o un canadiense, que es superior al de un argentino, que es superior al de un venezolano, que a su vez hasta ahora, es superior al de un cubano.
Si los salarios podrían determinarse por ley…¿Por qué los gobiernos cubanos, venezolanos y argentinos no los fijan en el promedio de Estados Unidos y Canadá? Simple, porque solo se pueden fijar levemente por encima del de mercado. Fijarlos por debajo no generaría sentido y hacerlo levemente por encima genera anuncios demagógicos y pequeñas distorsiones a la simple vista, pero que repercuten en contra de los más necesitados.
Lo único que puede hacer el Estado para incrementar el salario de sus ciudadanos es generar el marco de instituciones para incrementar la inversión.
En el día del trabajador Nicolás Maduro, en medio de una crisis total, declaró el incremento de un 60% en el salario mínimo. ¿Por qué no lo hizo en un 2 mil % en un acto de compromiso social? Porque en el fondo sabe que jamás funcionaría. El resultado de su medida logrará lo siguiente: Las empresas que todavía tengan un mínimo margen de ganancia aumentarán ese porcentual a sus empleados pero no contratarán más, y quienes no puedan pagarlo despedirán a sus empleados. Si el Estado prohíbe esos despidos, simplemente la empresa cerrará o será estatizada, agravando aún más la situación.
El sueldo de un suizo no depende de la bondad de un empresario, que sin dudas preferiría pagarle lo menos posible, depende de los requisitos del mercado. El mismo fenómeno corresponde a un salario menor en una economía altamente regulada, donde los salarios son malos por el marco económico y no por la maldad o egoísmo de los empleadores, que nada tiene que ver con los salarios que tienen que pagar.
La existencia de los salarios mínimos lo único que hace es expulsar del sistema a los que se encuentran en el borde de la productividad y más necesitan trabajar. Esta distorsión funciona de la misma manera que un control de precios que barre los productos de las góndolas de los supermercados. El incremento reciente del salario mínimo en Estados Unidos significó que empresas como Mc Donalds generen un nuevo plan de negocios para reemplazar empleados por máquinas que toman los pedidos de sus clientes.
En el día del trabajador es necesario analizar la cuestión con responsabilidad y de manera objetiva y no repetir slogans que pueden ser contraproducentes.
El derecho a conseguir un empleo en el marco de una economía libre, es garantía de mayor probabilidades de conseguirlo si se busca. El derecho al trabajo es impracticable ya que ¿A quién se lo reclamamos si no lo conseguimos? ¿Al Estado? Toda intervención directa en búsqueda de este objetivo será contraproducente. ¿Quién está cometiendo el delito si yo no consigo un empleo?
Aunque parezca una contradicción, los responsables de que la gente, sobre todo los más necesitados, no tengan acceso a un empleo y a un salario digno, son los voceros de las legislaciones intervencionistas, en algunos casos movidos por ignorancia y en otros por privilegios sectoriales.
Por lo tanto el trabajo no es, ni puede ser, un derecho. Mantener esta idea lo único que logrará es impedir que más personas puedan conseguir un trabajo y que éste les brinde mejores ingresos.
