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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y a su ex asesor Sergio Shoklender por el desvío de dinero por el programa «Sueños Compartidos» que estaba destinado a la construcción de viviendas sociales con fondos públicos.
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El proceso fue rotulado como «delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y también alcanzó al ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación del kirchnerismo, Abel Fatala y al ex secretario de Obras Públicas, José López, detenido luego del escándalo de los bolsos con millones de dólares que quiso esconder en un convento.
De Giorgi también trabó un embargo de 250 millones de pesos (más de 15 millones de dólares) sobre los bienes de los imputados.
Para el juez las obras fueron realizadas sin ninguna licitación y tampoco se realizaron los controles estatales correspondientes al manejo de los fondos públicos.
En los movimientos ilegales detallados en el fallo de más de 500 páginas, se describen las maniobras que fueron utilizadas para desviar los fondos a las cuentas de Shoklender y sus socios del sector agropecuario y bursátil.
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Cabe destacar que el juez, mientras que procesó a Bonafini, Shoklender, Fatala y López, dictó la falta de mérito para el ex ministro de Planificación, Julio de Vido y para los gobernadores e intendentes de los lugares donde fueron realizadas las obras en cuestión: Jorge Capitanich, Gerardo Zamora, Miguel Lifschitz y Maurice Closs, de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones respectivamente.
Fuente: Infobae
