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Dirigentes, diputados y exfuncionarios kirchneristas, así como representantes de diferentes organizaciones sociales y de Derechos Humanos, permanecen este viernes 5 de agosto en la sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires, para impedir que la policía detenga a la titular de agrupación, Hebe de Bonafini, tras una orden de arresto dictada por un juez federal.
El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi ordenó este jueves detener a Bonafini de 87 años, luego que la activista se negara a declarar, por segunda vez, en la causa que investiga el supuesto desvío de fondos del programa de construcción de viviendas “Sueños Compartidos”, que coordinaba la organización que preside.
“Sueños Compartidos” era un proyecto de construcción de viviendas para personas de bajos recurso de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, pero una investigación detectó serias irregularidades en el manejo del programa, entre las cuales destacan, el desvío de fondos otorgados por el Estado y el incumplimiento en los planes de trabajo.
Este jueves, la policía no pudo cumplir la orden de arresto debido a que Bonafini estuvo en todo momento protegida por una gran cantidad gente que la apoyaba. Desafiando a las autoridades se trasladó, incluso, a un evento público en la Plaza Madres de Mayo, en el que dio un discurso. Ante la imposibilidad de detenerla, el juez Martínez de Giorgi la declaró en “rebeldía” y le prohibió salir del país.
En abierto desacato, Bonafini anunció que este viernes hará un viaje a la ciudad de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), para participar en un congreso de comunicación política.
El magistrado señaló que ordenó la detención de Bonafini”como constructora de viviendas y no como defensora de los derechos humanos”. Y señaló que está dispuesto a tomarle declaración en su vivienda.
Martínez De Giorgi, dijo que la orden de captura y la prohibición de salida del país siguen vigentes. En este sentido, aclaró que será detenida cuando no se ponga en riesgo su salud, ni la de otras personas. Aclaró que tomó la decisión de no hacer el allanamiento en la Fundación Madres de Plaza de Mayo “porque la situación era riesgosa”. Sin embargo, el juzgado considera que la rebeldía sería prueba suficiente de la voluntad de Bonafini de entorpecer el proceso de investigación de la causa.
Bonafini había enviado un escrito al juez señalando que desde 1977 venía “padeciendo las agresiones de la mal llamada justicia”. Dijo que desde ese año hizo reiteradas presentaciones a la justicia para reclamar la desaparición de sus hijos Jorge y Raúl, y la de su nuera en la última dictadura argentina, pero que siempre le respondieron con “indiferencia cómplice”.
“Otra vez sufrimos en carne propia la burla, que nos castiga a todas, ancianas de 85 a 90 años, y nos condena a pagar las deudas, injustas y ajenas”, afirmó en el escrito Bonafini.
El caso de Bonafini no ha pasado desapercibido en la redes sociales donde desde este jueves las opiniones a favor o en contra de la detención de la activista coparon la atención.
Porque la Constitución consagra la igualdad ante la Ley.
Todos tenemos derechos y obligaciones.#HebePresa
AHORA Avanza el régimen policial de Macri con los cómplices Judiciales. Allanan la sede de Madres.#Madres
Una polémica figura
Bonafini es una de las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo, organización de madres de detenidos-desaparecidos durante la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.
En los últimos años se ha mantenido en el centro de la polémica por sus estridentes declaraciones sobre figuras importes con las que tiene diferencias ideológicas. Vinculó al papa Francisco con la dictadura, aunque este año fue al Vaticano para pedirle disculpas y sellar la paz.
Es férrea opositora al presidente Mauricio Macri, a quien ha comparado con Adolfo Hitler y ha catalogado a su gobierno de dictadura.
Por el contrario, es fiel seguidora de la expresidenta Cristina Kirchner, con quien mantiene una relación cercana. Durante su gestión la fundación que preside recibió importantes recursos económicos y apoyo político e institucional.
Sueños frustrados
El juez sostiene que los financiamientos del gobierno de Cristina Kirchner al programa “Sueños Compartidos” por ser adjudicatario de obras, superaron los AR$ 1.295 millones ( US$ 80.868.000) . El magistrado sostiene que la adjudicación fue directa e “irregular”.
Más AR$ 206 millones (US$ 13.882.340) habrían sido desviados a empresas cuya actividad nada tienen que ver con la construcción.
Según una nota que publicó el diario La Nación, el juez Martínez De Giorgi sostiene que en la administración del dinero hubo otras irregularidades como el incumplimiento de aportes y contribuciones de la seguridad social por más de AR $ 110 millones (US$ 7.412.900); los controles de las obras fueron “débiles” y los precios “en un alto porcentaje” superaron los costos del programa “Techo Digno”; los planes de trabajo y presupuestos fueron incompletos, y se incumplieron los plazos.
En la causa están siendo investigados, además de Bonafini, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, que eran apoderados de la fundación.
Se suman a la lista los ex ministros Julio De Vido (Planificación) y Carlos Tomada (Trabajo); el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, los ex gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Maurice Closs (Misiones) y Jorge Capitanich (Chaco), que fue además jefe de Gabinete de Cristina Kirchner.
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