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El ex ministro de Planificación Federal kirchnerista, Julio De Vido, está cercado por decenas de causas de corrupción y mal desempeño. Su figura probablemente sea la más representativa de la corrupción en la era K. Muchos analistas políticos coinciden que hasta pudo haber tenido incluso negociados turbios por encima de la ex presidente Cristina Fernández. En la actualidad es diputado nacional y el bloque oficialista de Cambiemos busca expulsarlo de la cámara con el argumento de supuesta «inhabilidad moral».
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La figura de De Vido como un diputado más en el Congreso Nacional es, sin dudas, una muestra de que algo anda muy mal en la justicia argentina.
En este marco, el macrismo se encuentra hoy llevando adelante un debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con aparente apoyo del massismo, para poder echar al ex ministro de la Cámara de Diputados. Una de las principales voceras de la causa es Elisa «Lilita» Carrió que manifestó que la presencia de De Vido es un «escándalo moral» en el Congreso.
El debate se da en torno al artículo 66 de la Constitución Nacional argentina que destaca:
«Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos».
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Fuentes del Poder Judicial consultadas por PanAm Post coincidieron en que la interpretación del artículo a mano de los legisladores oficialistas no sería exactamente lo que se quiso proponer en el texto, que data de 1853. «Inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación se refiere a una circunstancia que impida al legislador emitir un voto por alguna imposibilidad en el uso de sus facultades» destacó a este medio una alta fuente judicial.
Una interpretación en este sentido haría el diputado Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente Raúl Alfonsín, que manifestó que no apoyará esta propuesta, en disidencia del bloque radical que participa en la alianza Cambiamos. «Le tengo tanto miedo a la corrupción como a violar la Constitución», advirtió.
Más allá de la interpretación del artículo en particular, de las características morales de De Vido y de las buenas intenciones que puedan tener los legisladores oficialistas, expulsar a un miembro del Congreso alegando «inhabilidad moral» significa un riesgo a futuro.
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Naturalizar una acción semejante abre la posibilidad a que en el futuro alguna mayoría populista use argumentos relacionados con la «moral» para expulsar del parlamento a un legislador, no por corrupción necesariamente, pero sí por «neoliberal», «traidor a la patria» o «agente del imperialismo». La experiencia venezolana demuestra de la locura a la que puede someterse un país luego de un par de resultados electorales desafortunados.
Más allá de lo violento que resulte convivir en un parlamento de la democracia con un personaje como Julio De Vido, sería más responsable esperar que la justicia lo condene y quitarle los fueros para que sea detenido, en lugar de expulsarlo de caso de conseguir los dos tercios de los votos necesarios.
Para evitar circunstancias como estas sería más prudente una reforma electoral para que un procesado por delitos de corrupción no pueda ser candidato desde un primer momento.
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