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No causó ninguna sorpresa que luego de abandonar el poder, muchos funcionarios kirchneristas comenzaron a pagar sus cuentas con la justicia por incontables hechos de corrupción. A pesar de que el Poder Judicial no tuvo la misma actitud cuando todavía gobernaba Cristina Fernández, la mayoría de los argentinos ya era consciente de la impúdica conducta de varios dirigentes políticos del gobierno anterior por diferentes investigaciones periodísticas. En las últimas grandes manifestaciones populares hacia final del kirchnerismo, que impidieron la modificación de la Constitución para eternizar a Cristina, la consigna más repetida fue «basta de corrupción».
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Por estos días, con el kirchnerismo (al menos como lo conocimos en la hegemonía del poder) atomizado, es más que usual encontrarnos con la noticia de nuevos sospechosos, arrepentidos, procesados y detenidos por delitos vinculados a la corrupción durante el gobierno anterior. Inclusive a partir de hoy comenzaron a aparecer los suicidios, como el de Jorge Delhon, que había sido mencionado como responsable de haber recibido cuatro millones de dólares de soborno en el marco de la transmisión del fútbol estatizado en la televisión argentina.
Cabe destacar, que a pesar del cambio de gobierno, en Argentina se mantiene intacto el caldo de cultivo para que continúe la corrupción generalizada. A pesar de que todos los organismos públicos estén comandado por nuevas personas (supongamos más honestas) de no replantearse el rol del Estado y de mantener la estructura actual, cuando un nuevo gobierno de otro signo político tome las riendas, las noticias no serán otras que las de la corrupción en la era macrista.
No importa si Mauricio Macri no tiene el delirio y la ambición desmedida de la expresidente, con la estructura burocrática actual, el líder de Cambiemos, al retirarse del poder, verá como en muchas estructuras del Estado germinó una impúdica corrupción durante su mandato, por lo que su gestión, más allá que termine en éxito o fracaso, se verá manchada por el permanente problema de los funcionarios corruptos.
A pesar de que, lamentablemente, la mayoría de la gente asocie la corrupción con personas corruptas, por lo que el problema se solucionaría con funcionarios decentes, la raíz de este flagelo, más que con el comportamiento de los individuos tiene que ver con los incentivos.
Si los gobiernos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, tienen una gran estructura, con muchos burócratas, con poder de decisión, la corrupción estará a la vuelta de la esquina, más allá del signo ideológico o partidario del gobierno a cargo.
Cuando para abrir un comercio hacen falta 200 permisos, sellos y habilitaciones ¿cuánto hace falta esperar para que cada aprobación tenga un «precio»? Si para importar o exportar hace falta una autorización especial limitada por un número de cupos ¿hace falta explicar que los beneficiarios seguramente habrán hecho algún pago «informal» para poder conseguir el permiso? Si una oficina gubernamental tiene un gran presupuesto para contratar personal ¿es necesario remarcar que los incentivos apuntarán a ofrecer empleos públicos a los amigos personales o compañeros partidarios?
Claro que existen supuestas regulaciones para buscar impedir la corrupción en las dependencias públicas, pero lo único que logran es incentivar la imaginación de los funcionarios para poder burlarlas.
Si Argentina no reduce su burocracia dramáticamente y no limita los alcances del estado regulador, lamentablemente la corrupción será el denominador común de cada gobierno indefectiblemente.
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