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Argentina históricamente ha sido un país abierto a la inmigración, que dicho sea de paso, fue lo que hizo del país la potencia que fue hace un siglo. Sin embargo, durante los últimos años, la inacción con relación a la delincuencia por parte del Estado generó indignación en gran parte de la sociedad, sobre todo con los ilícitos cometidos por parte de inmigrantes, mayoritariamente de la región.
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En el marco del «cambio de doctrina» que reconoció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego del caso del policía Chocobar (que ultimó a un delincuente que apuñaló a un turista norteamericano, al que quería robarle su cámara fotográfica), el Poder Ejecutivo firmó un acuerdo con seis provincias para agilizar la deportación de delincuentes.
Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa y Santa Cruz fueron las provincias que acordaron con el Gobierno nacional un nuevo protocolo que agiliza el intercambio de información respecto a estos casos y facilita la deportación de extranjeros que se encuentren con condenas firmes.
Cabe destacar que las provincias firmantes no son en su necesariamente políticamente alineadas con el oficialismo. En Santa Cruz inclusive gobierna Alicia Kirchner, hermana del expresidente fallecido y aliada de Cristina Fernández.
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Federico Fernández, presidente de la Fundación Bases, comentó en diálogo con PanAm Post que la medida puede ser positiva, pero que hace falta mejorar el sistema judicial:
«La expulsión de inmigrantes que hayan cometido delitos graves, o el impedimento de que ingresen al país, es una medida que puede ser acertada. Pero hay que reconocer que el sistema judicial y penal argentino es calamitoso y algunas resoluciones podrían apelar a la xenofobia para trabajar sobre parches que oculten los problemas verdaderos. Con un sistema penal más eficiente, tanto argentinos como extranjeros dudarían mucho más a la hora de delinquir».
Para Fernández, Argentina debe respetar su tradición de ser un país abierto, que necesita tener señales claras como la deportación de delincuentes peligrosos, pero a la vez brindar la facilidad de radicarse en el país, por ejemplo, a los ciudadanos venezolanos honestos que huyen de la dictadura chavista.
Desde el inicio del mandato de Mauricio Macri en diciembre de 2015, las deportaciones en Argentina se crecieron en un 3150%. El número se incrementó considerablemente con la puesta en marcha de un decreto presidencial del año pasado que resalta «la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales». La resolución había sido impugnada en la justicia por parte de agrupaciones de izquierda, pero el Poder Judicial ratificó la legalidad del decreto, actualmente en vigencia.
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