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Luego del anuncio del presidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones del Congreso, cuando anticipó que varias de las medidas legislativas que buscará implementar Cambiemos durante el año estarán relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres, se presentó formalmente en la Cámara de Diputados el texto cuya referencia indica: «Sobre equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo«.
Entre las consignas del texto que debatirá el parlamento se destaca la garantía de «la equidad de género y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida laboral».
De aprobarse la normativa, el proyecto promete que «los trabajadores, cualquiera sea su género, tendrán iguales derechos en todo lo relativo al acceso al empleo, a su selección y contratación, a sus condiciones de prestación a su desarrollo o evolución en la carrera dentro de la empresa».
Otro curioso pasaje del proyecto es el que hace relación a la supuesta diferencia de ingresos. Según el texto se apunta a conseguir una «igualdad salarial estricta» y la justificación es la siguiente:
«La evidencia registrada demuestra que la discriminación a la mujer existe y provoca efectos negativos en su contratación, remuneración y promoción de su carrera profesional, entre otros aspectos. Es por ello que resulta imprescindible adoptar una política legislativa concreta y efectiva para revertir estas situaciones que perjudican a la mujer y a toda la sociedad».
El «lado b» de las reformas
Más allá de la hipocresía del presidente argentino, que presenta estas normativas para regular el sector privado, y en su gabinete tiene 2 mujeres y 19 varones, cabe analizar los posibles impactos negativos de aprobarse esta legislación.
Más allá de violentar las libertades más básicas, como acordar un salario libremente con un empleado, o ya, intervenir en contrataciones en pos de una igualdad de género, no se deben pasar por alto los incentivos negativos que puede generar a la hora de nuevos conflictos judiciales.
A pesar de que el Gobierno buscó reducir la famosa «industria del juicio» por la enorme cantidad de antecedentes con situaciones fraudulentas para cobrar juicios laborales (como por ejemplo, lesiones físicas inventadas por parte de trabajadores) ahora se retrocede con un proyecto potencialmente peligroso:
¿Qué puede pasar si una mujer considera que un ascenso no se le otorgó a ella y sí a un compañero varón por supuesta discriminación de género? ¿Se podrá denunciar a una compañía que se decidió por contratar a un hombre en lugar de una mujer? ¿Los comercios y empresas deberán rendir cuentas al Estado por el manejo interno de su personal con relación a los aumentos, ascensos y despidos?
A pesar de que todavía no es clara la aplicación y no hay texto definitivo aprobado, estas preguntas deberían generar incertidumbre en los legisladores, si realmente están preocupados por mejorar los índices de inversión en Argentina.
¿Un problema para los sindicatos?
Entre los detalles del texto presentado hoy, que sorprendentemente hasta el momento pasó desapercibido y sin repercusión en los medios, hay una cuestión que puede tratarse de un verdadero «troyano» dentro de un proyecto políticamente correcto.
El artículo 3 esta referido a los «Estatutos Sindicales» y dice que los gremios deberán «adoptar las normas estatutarias pertinentes para «garantizar la igualdad de género en el interior de las organizaciones». Las modificaciones dentro de los sindicatos deberán ser remitidas al ministerio de Trabajo para su «consideración y aprobación».
Si bien las propuestas generales de este proyecto, de aprobarse como está, será de difícil aplicación dentro del mercado laboral, lo cierto es que una intervención semejante dentro de los sindicatos podría ser mucho más concreta y peligrosa para las estructuras gremiales argentinas.
Sin embargo, si desde el peronismo y el kirchnerismo se abogó por una normativa intrusiva que interfiere en los asuntos internos de cada empresa…¿cuál sería la excusa para no aplicarla dentro de las organizaciones sindicales?
Habrá que seguir atentamente este punto perdido dentro de la polémica ley cuando se discuta en el Parlamento, ya que puede convertirse en un nuevo conflicto entre el macrismo y el mundo sindical. ¿Podrá argumentar el peronismo en el Congreso que la «igualdad» no llegue al mundo sindical o los gremialistas aceptarán que deberán compartir las estructuras de poder con nuevas «compañeras»?
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