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Esta semana la justicia argentina dio un paso importante que se debió haber dado hace mucho tiempo. Luego de las pericias que recibieron los magistrados, se dictaminó que el fiscal Alberto Nisman no se suicido, sino que fue asesinado.
Lo que resultaba evidente tuvo que esperar tres años y un cambio de Gobierno, pero lo que es más grave, todo parece indicar que de permanecer el kirchnerismo en el poder nada se hubiera sabido.
Ahora, con el homicidio como carátula oficial, la justicia ordenará entrecruzar y analizar tanto las líneas telefónicas de Cristina Fernández de Kirchner como de varios exfuncionarios de su Gobierno. Se busca establecer si su muerte, que ya no está en discusión, tuvo que ver con la denuncia que el fiscal hizo contra la expresidente.
Entre las investigaciones próximas se destaca también un análisis exhaustivo de todas las visitas realizadas a la Casa de Gobierno. Pero lo más llamativo, y que podría tener alguna relación con la causa, está un sospechoso incendio ocurrido el 21 de febrero de 2015 en un sector de la Casa Rosada, donde se «perdieron» varios registros de ingresos y salidas del establecimiento oficial.
Los camaristas Martín Iruzun y Leopoldo Bruglia fueron los que vincularon el homicidio a la denuncia contra la exmandataria y ahora solicitarán al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano que tengan especial atención con el análisis de los registros telefónicos de un período en particular. Esto es desde 2014 hasta febrero de 2015, y lo que se busca establecer es el rol del exjefe de espías Antonio Stiuso, removido por Kirchner, que luego pasó a colaborar con Nisman. Para los que responsabilizan al kirchnerismo por la muerte de Nisman, Stiuso era la más valiosa fuente del fiscal. Desde el kirchnerismo se sugiere que el exespía pudo haber sido el responsable intelectual del homicidio, para «tirarle un muerto» a Cristina Fernández.
La pericia se centrará, además de la expresidente, en los teléfonos del extitular de Inteligencia Óscar Parrilli, el exsecretario legal y técnico, Carlos Zannini y el excanciller Héctor Timerman. Estos funcionarios de la primera línea kirchnerista son los que Nisman había denunciado por el encubrimiento del atentado de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) ocurrido en 1994.
La denuncia que lo llevó a la muerte
Alberto Nisman, fiscal a cargo de la investigación por la voladura de la sede judía, se presentó ante los medios, días antes de su muerte, para hacer pública una denuncia que puso en vilo al país. Para él, la entonces presidente de la nación había pactado con autoridades iraníes la impunidad en la Causa Amia a cambio de tratados comerciales que le darían a Teherán productos agropecuarios argentinos a cambio de recursos energéticos. La oposición lo citó al Congreso de la Nación para dar más detalles de su denuncia, pero nunca pudo hacerlo. Apareció muerto de un disparo en la cabeza el día anterior, en el baño de su departamento de Puerto Madero.
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