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Mediante un decreto del Poder Ejecutivo, el presidente argentino, Mauricio Macri, «congeló» las contrataciones en el sector público hasta la finalización de su mandato a finales del año próximo. El objetivo de este programa de ajuste fiscal tiene como finalidad ahorrar aproximadamente unos 25 mil millones de pesos (860 millones de dólares).
Acompañan en el decreto 632/2018 a la firma de Macri las de Marcos Peña, jefe de Gabinete; Andrés Ibarra, ministro de Modernización y la de Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda y Finanzas. El texto aclara que quedan prohibidas también las implementaciones de «convenios de asistencia técnica» y cualquier tipo de «bonificaciones o premios» que se sumen a los salarios establecidos de los funcionarios. También incluye un recorte en los gastos de movilidad y viáticos de todos los secretarios y subsecretarios. Los viajes al exterior de toda la planta de funcionarios a partir de ahora contarán con menos recursos habilitados.
«La calidad en la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía. Esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos», indica el decreto presidencial.
Convenios con universidades: foco de corrupción
En los años de Néstor y Cristina Kirchner se acordaron varios convenios entre el Estado y las universidades nacionales. Esto sirvió para manejos poco transparentes que terminaron financiando hasta telenovelas de famosos actores (afines al kirchnerismo), muchas de las cuales ni se terminaron de realizar. Esta herramienta también sirvió para la triangulación de contrataciones públicas. Para diciembre de 2015 cuando asumió Macri se supo que el Centro Cultural Kirchner había contratado 670 personas mediante este mecanismo. El nuevo decreto prohíbe expresamente la continuidad de este sistema a partir del primero de enero del año próximo.
Comisión Técnica Asesora de Política Salarial
Este nuevo ente solicitará a todas las dependencias del Estado que informen sobre todos los «nuevos bonos, premios, incentivos o suplementos» en un plazo máximo de 30 días. Los organismos, ante cualquier pago de esta naturaleza, deberán explicar «la norma que lo dispuso y la planificación de pago» correspondiente.
Viajes y vehículos
El decreto indica que quedan suspendidos los procesos de «adquisición o alquiler» de cualquier tipo de vehículo que se encuentre en curso y solicita «la elaboración de un informe de flota óptima para cara jurisdicción u organismo», según criterios de «razonabilidad y austeridad». Con relación a los viajes, se deberá remitir un informe anticipado con una «disminución del gasto por dichos conceptos del 30% para lo que resta del ejercicio del presupuesto en curso».
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