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Uno de los secretos públicos de la política argentina desde el regreso de la democracia es la existencia de «sobresueldos». Esta figura hace referencia a pagos «informales» (ilegales) que complementan a los haberes establecidos regularmente que perciben los funcionarios. Durante el menemismo existió siempre el rumor que la clase política percibía ambos ingresos, lo que promediaba el «sueldo» real.
Hoy, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena para los dos referentes más importantes de la política argentina durante la década del noventa: el expresidente Carlos Saúl Menem y su «superministro» de Economía, Domingo Felipe Cavallo. El fallo tiene lugar días después de que la justicia absolviera al exmandatario por la causa de tráfico de armas a Croacia y Ecuador.
El fallo fue dividido. Las juezas Ana María Figueroa y Ángela Ledesma se manifestaron en favor de la condena, mientras que Eduardo Riggi se inclinó por la negativa. El magistado consideró que estaban vencidos los plazos razonables, idea que primó en la absolución reciente de Menem.
La situación no impacta de la misma manera para los dos condenados. Las defensas presentarán un recurso ante la Corte Suprema de Justicia buscando revertir la situación, pero el expresidente es actualmente senador, por lo que haría falta un desafuero. Misma situación de Cristina Fernández de Kirchner, que si bien todavía no fue condenada, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Germán Moldes ya pidieron la prisión preventiva. El economista no cuenta con fueros, por lo que de rechazar la Corte el recurso, la condena se aplicaría automáticamente. Dada la edad de ambos (88 Menem y 72 Cavallo) enfrentarían una prisión domiciliaria y no estarían en una cárcel.
Los montos de los «sobresueldos»
Estos sobres con el «plus» salarial se entregaban en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía. Los funcionarios de máximo rango percibían hasta 100 mil pesos/dólares, mientras que los otros rangos menores recibían entre 50 y 20 mil. Estas sumas eran cuatro y cinco veces superiores a los sueldos formales que recibían los funcionarios.
En su defensa, Cavallo reconoció estar al tanto de los pagos, pero dijo que nunca supo que los suplementos podían provenir de un «acto ilícito».
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