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En Luján, provincia de Buenos Aires, al intendente se le fue la mano. El Poder Ejecutivo municipal impulsó en la legislatura local un incremento de la «tasa rural» del 1200 %. La votación ajustada, que terminó con 11 votos a favor del bloque oficialista y 10 en contra, de toda la oposición, consiguió la aprobación de la iniciativa. Sin embargo, parece que no se podrá cobrar con normalidad, al menos por ahora.
Los productores agropecuarios, que reconocieron que la tasa estaba atrasada y que en cualquier momento sería actualizada, consideraron que el incremento está fuera de sentido común y decidieron, en conjunto, rebelarse y no pagar el impuesto.
«El campo tenía una tasa muy acotada, pero la contraprestación siempre ha sido nula, donde los caminos rurales nunca se arreglaron», dijo al diario La Nación Alberto Casey, productor agropecuario y miembro de la Sociedad de Fomento de Cañada de Arias. La conclusión de Casey recuerda lo que usualmente manifiesta el economista liberal Ricardo López Murphy en sus conferencias: «Argentina tiene impuestos nórdicos y contraprestaciones públicas africanas».
El vencimiento del pago será el 18 de este mes y los productores ya se pusieron en contacto con el intendente Oscar Luciani, al que le hicieron saber sus condiciones. Están dispuesto a pagar un incremento en la tasa del 300 % por la inflación y a cambio piden «arreglar los caminos rurales». Según el sector agropecuario, estas vías no reciben ninguna inversión ni mantenimiento, por lo que no las pueden utilizar.
Macristas y kirchneristas: ni estatistas ni liberales, sino de la ideología del poder
Luciani y su bloque legislativo, que aprobó formalmente la medida, pertenecen al espacio del presidente Macri, Cambiemos. Este grupo, cuando era la oposición del kirchnerismo, defendía una reforma fiscal y denunciaba el abuso impositivo que sufrían (y sufren) los argentinos, sobre todo el sector agropecuario.
El espacio de Cristina Fernández defendió la presión impositiva exorbitante hasta el último día de su mandato en nombre de la «redistribución del ingreso» y la «justicia social». Sin embargo, cuando cambiaron de roles y el macrismo pasó al Gobierno y el kirchnerismo a la oposición, se cambiaron las posiciones. Si un argentino despierta de un coma de cuatro o cinco años se sorprendería al ver al oficialismo actual haciendo abuso de la extracción fiscal y al kirchnerismo defendiendo los intereses de los productores y la clase media.
La cuestión principal para comprender esta situación tiene que ver con el mantenimiento del aparato estatal. Si bien Cambiemos llegó con un discurso de reforma fiscal, al no acortar el gigantesco engranaje burocrático, sigue teniendo las mismas necesidades de financiamiento que tenía el kirchnerismo. Por lo tanto, si no achica el Estado, no podrá cobrar menos impuestos que el Gobierno anterior.
Es cierto que hay una diferencia discursiva. Mientras el espacio de los Kirchner defendía desde argumentos morales la presión fiscal, el macrismo casi que vive pidiendo disculpas por mantenerla. Desde que están en el poder, Macri reconoce que este «no es el camino del desarrollo», pero argumenta que no están dadas las condiciones políticas para reformar el Estado. Mientras tanto, los argentinos siguen sufriendo la inflación, la descomunal presión impositiva, pero también tienen que soportar la hipocresía del kirchnerismo y su nuevo discurso pseudoliberal.
