Extinción de dominio: la peligrosa iniciativa y sus riesgos desapercibidos

El presidente argentino dice que necesita herramientas más rápidas para recuperar los bienes de la corrupción y el narcotráfico

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El proyecto cajoneado de la «Extinción de dominio» sale por Decreto de Necesidad y Urgencia. Una jugada fuerte del presidente argentino en clave electoral, pero peligrosa. (Twitter)

El presidente argentino, Mauricio Macri, anunció hoy que el polémico proyecto de Extinción de Dominio no esperará más el visto bueno del peronismo en el parlamento y saldrá por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En una clara iniciativa electoral, el líder de Cambiemos se propone satisfacer a un electorado antikirchnerista, que sigue reclamando ante la libertad de la expresidente, procesada y sospechada de un sin fin de hechos de corrupción, coimas y lavado de dinero.

La iniciativa, que cuenta con el visto bueno de un amplio sector del electorado, harto de la corrupción, invierte la carga de la prueba. Mientras se producen los procesos penales, en el ámbito civil se iniciará una medida cautelar sobre los bienes y si el imputado no puede demostrar su procedencia lícita, el Estado tomará posesión de los mismos para luego subastarlos. Para Macri de esta manera se generarán recursos para «construir escuelas, rutas y cloacas».

El DNU argumenta que «como todo derecho constitucional, el derecho de propiedad no es absoluto ni ilimitado», «nadie tiene derecho de propiedad sobre un bien mal habido». El decreto también tendrá una retroactividad de 15 años desde el momento de su firma.

Más allá de las intenciones de la iniciativa en cuestión, lo cierto es que se trata de una herramienta potencialmente peligrosa en manos de un gobierno autoritario. Lamentablemente, los medios de comunicación argentinos no han reflejado los riesgos de un decreto semejante, por lo que existe una confusión importante al respecto. Gran parte del público en general hoy considera que se trata de algo «bueno» que permitirá «devolverle» al país recursos mal habidos de los delincuentes, narcotraficantes y corruptos.

El portal masivo Infobae tituló: «Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia para recuperar bienes de corruptos y narcotraficantes». Los tradicionales Clarín y Nación eligieron textuales del presidente: «En la Argentina de hoy el que las hace, las paga» y «los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron». Por su parte, el filokirchnerista Página/12, desde una visión crítica, limita sus argumentos a la cuestión de forma y haber «saltado» al Congreso, que no dio los votos para la aprobación. Lo cierto que la iniciativa es complicada por decreto o por sanción legislativa. Mucho más para un país con las características de Argentina.

Advertencias que merecen ser escuchadas

Agustín Etchebarne, director de Libertad y Progreso, manifestó que se trata de «un arma peligrosa» y que para advertir la capacidad de daño de la misma, hay que imaginarla «en manos de un juez y un fiscal K».

El jurista y escritor Ricardo Manuel Rojas, en diálogo con PanAm Post, advirtió que el DNU sería «inconstitucional»:

«Cuando se reformó la Constitución en 1994, una de las intenciones de los Constituyentes era limitar esa creciente práctica de dictar decretos de necesidad y urgencia, que creció mucho con Menem, aunque después, y a pesar de la reforma, siguió creciendo de manera inconstitucional. Por eso, el artículo 99 inciso 3, dispuso en primer término que el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo. Y luego estableció las excepciones taxativas a ese principio. Debe tratarse de una situación donde se justifique la urgencia en resolverlo de ese modo, acreditando que el Congreso no puede hacerlo, y no debe tratarse de asuntos de naturaleza penal, tributaria, electoral o del régimen de partidos políticos. El decreto que ha sido anunciado, más allá de que todavía no se conoce su redacción, violaría estos límites expresamente impuestos por la Constitución. La extinción de dominio es un tema que no es urgente, que está en manos del Congreso que lo ha tratado el año pasado y lo tiene en discusión, y además es un tema de naturaleza penal. Estas razones harían que tal decreto sea inconstitucional, y constituye un grave peligro de avance de uno de los poderes del Estado sobre las atribuciones de otro, alterando directamente el sistema republicano de gobierno y la división de poderes, que es pilar de la Constitución».

Por su parte, el abogado Pablo Torres, de fuerte presencia en las redes sociales bajo el nombre de «Alberdiano», hizo referencia en una clara contradicción. ¿Si se tiene que usar un decreto para saltear a una justicia corrupta, a quien le estamos dando más poder con esta iniciativa en particular?

A contramano de lo que se escribió durante esta tarde en los medios argentinos, el periodista Gustavo Noriega hizo referencia al DNU. «¿A ustedes les parece que se puede hacer cualquier cosa?», señaló haciendo referencia a la normativa.

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