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Los medios de comunicación argentinos ayer hicieron un papelón, al igual que el Gobierno. El presidente Mauricio Macri brindó una conferencia junto a sus ministros de Justicia y Seguridad (Germán Garavano y Patricia Bullrich) para anunciar un Decreto de Necesidad y Urgencia de «Extinción de dominio» que como mínimo, cabe denominarlo como «cuestionable».
Los tradicionales portales se hicieron eco de la noticia, donde abundaban los textuales del líder de Cambiemos y se describían las virtudes de una herramienta que permitiría «recuperar» los bienes de la corrupción y el narcotráfico. Desde muy pocos lugares, como el PanAm Post se advirtió en las primeras horas que el texto presentaba potenciales riesgos y carecía de legitimidad constitucional.
En nuestro artículo de ayer, el jurista y escritor Ricardo Manuel Rojas manifestaba en exclusiva:
«La extinción de dominio es un tema que no es urgente, que está en manos del Congreso que lo ha tratado el año pasado y lo tiene en discusión, y además es un tema de naturaleza penal. Estas razones harían que tal decreto sea inconstitucional, y constituye un grave peligro de avance de uno de los poderes del Estado sobre las atribuciones de otro, alterando directamente el sistema republicano de gobierno y la división de poderes, que es pilar de la Constitución”.
Tuvieron que pasar casi 24 horas para que los periodistas argentinos comiencen a hacerse eco de las manifestaciones de los especialistas en redes sociales, que advertían la dudosa legalidad de la iniciativa presentada con bombos y platillos por Mauricio Macri. ¿Complicidad oficialista o desinformación absoluta? Eso queda para la especulación, pero en la tarde de hoy, luego de varias declaraciones de abogados constitucionalistas, las noticias argentinas comenzaron a reflejar una seria posibilidad: que el decreto quede sin efecto o pase al Congreso Nacional.
La abogada Graciana Peñafort advirtió que se trata de «un tema de materia penal, por más que lo quieran hacer pasar como civil» y que «no se puede modificar el código penal por Decreto de Necesidad y Urgencia». «Es un papelón, un mamarracho jurídico», resaltó.
Para el constitucionalista Gregoio Badeni, el texto tiene «fuerte presunción de inconstitucionalidad» porque, además de la interferencia del Ejecutivo en el Legislativo, «es inviable porque no se advierten ni necesidad ni urgencia».
Ricardo Monner Sans se expresó en el mismo sentido y dijo que el proyecto se está debatiendo en el Congreso y que el Ejecutivo «se mete en medio del río en una actitud intrusiva». Argumento parecido brindó Félix Loñ: «No entiendo el apresuramiento cuando faltan pocos días para las sesiones extraordinarias».
¿Van para atrás y lo mandan al Congreso?
Las críticas llegaron a Casa Rosada y el Gobierno, una vez más, evalúa recalcular y volverse sobre sus pasos. Cabe recordar que esto ya sucedió cuando Mauricio Macri intentó por la misma herramienta realizar nombramientos a la Corte Suprema de Justicia. «No están definidos los temas de las sesiones extraordinarias. Independientemente de eso, si existe un consenso en el Congreso a tratar este tema y tener por ley una herramienta para recuperar lo que se robó la corrupción, me parece factible», dijo esta tarde el ministro del Interior Rogelio Frigerio.
Ahora el Ejecutivo le «tiró la pelota» al Legislativo para una definición concreta. Continuará…
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