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Según las autoridades uruguayas, el tradicional modelo de repitencia, que le hace cursar otra vez al alumno el año en caso de no haber alcanzado los objetivos mínimos, no estaría dando resultado. Según los datos que recolectó la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), los jóvenes que han tenido que recursar un ciclo lectivo completo no han demostrado mejoras sustanciales. La mayoría de ellos, según las estadísticas que maneja la ANEP, en lugar de aprobar todas las asignaturas en el segundo intento, o repiten o abandonan los estudios definitivamente.
Ante esta situación, las autoridades consideran seriamente aplicar finalmente una reforma trascendente que se viene discutiendo hace ya una década: eliminar la figura de la repitencia y dejar que los alumnos continúen con el proceso escolar, aunque no hayan aprobado las materias que en la actualidad se exigen para pasar de año.
Para Antonio Romano, director de Planificación Educativa de la ANEP, la educación no puede ser «pura meritocracia», por lo que se deberían introducir nuevos parámetros. En su opinión existe también una cuestión clasista en el modelo actual que perjudica a los que menos tienen.
«Llegó la hora de que hagamos un pacto social, un acuerdo de que la educación es obligatoria para todos, es un derecho de todos y, por tanto, no puede ser pura meritocracia. Llegó el momento de que la clase media acepte que esos bancos que, históricamente, se reservó para sí misma, ahora los deberá compartir con los recién llegados», indicó el funcionario.
¿Es una buena idea?
Como era de esperar, la iniciativa trajo un fuerte debate y la opinión pública se divide entre los que consideran que se debe avanzar en este sentido y los que critican la medida. Por un lado, el argumento es que el modelo actual no estaría dando resultado, como lo demuestran las estadísticas. Desde el otro rincón se asegura que de eliminar la repitencia, bajaría considerablemente el nivel educativo, producto de los incentivos que recibirán los alumnos.
Más allá de ambas posiciones, que tienen sus lógicos argumentos, lo cierto es que las dos posturas tienen un vicio de origen que no es cuestionado por casi nadie. Que exista un modelo único y obligatorio, impartido de forma centralizada desde el Gobierno. En lugar de debatir si se mantiene el sistema actual, coercitivamente para todos, o si se cambia por uno nuevo, también de forma general y obligatoria, la pregunta que debería hacerse es por qué los dos modelos no pueden competir simultáneamente.
Cada vez que surge un debate en materia educativa, ya sea por cuestión de reglamentos o contenidos, siempre la discusión es la misma: ¿Qué se imparte para todas las instituciones y por la fuerza? Allí progresistas y conservadores argumentan en favor de su modelo sin percibir que el debate podría ser uno muy diferente. No importa si lo que está en tela de juicio son las sanciones disciplinarias, la educación sexual o la cantidad de horas de matemática. La burocracia latinoamericana parece ignorar que hay otro camino a recorrer en la búsqueda de mejores resultados.
Es momento de que los debates en materia de educación presenten una nueva posición: la posibilidad de que cada escuela (sea de administración pública o privada) esté en condiciones de implementar su propio modelo. Solo mediante la prueba y el error se podrán alcanzar mejores resultados.
Producto de este proceso pueden aparecer nuevas propuestas que hoy ni siquiera se consideran. La prueba y el error es tan necesaria como la competencia simultánea de modelos. Hace falta ver qué es lo que funciona para comprobar qué es lo que está fallando.
Si todos permanecemos en un modelo ineficiente y le cerramos la posibilidad a la innovación, no hay posibilidad de percibir las potencialidades y oportunidades que estamos dejando de lado.
