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Por estas horas, el presidente argentino, Alberto Fernández, está siendo acusado de utilizar la pandemia y su cuarentena para gobernar con la suma del poder público. Con el Congreso cerrado y la justicia parada, el Jefe de Estado se maneja por decreto y muchos periodistas advierten sobre las posibles tentaciones autoritarias. Pero lo cierto es que si miramos las provincias y el interior del país, varios gobernadores e intendentes parecen ir aún más lejos.
El temor ante la propagación del coronavirus (COVID-19) no cerró solamente a los países; provincias y municipios, sobre todo los que tienen menor cantidad de infectados, han bloqueado «fronteras» para mantener un control férreo, ya que el ingreso de un infectado puede tirar por la borda el esfuerzo de un mes de cuarentena.
Pero más allá de las restricciones y los controles al ingreso de personas, que pueden tener un punto válido y es lógico discutir iniciativas semejantes en estas circunstancias, hay actitudes peligrosas y repudiables como la del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
El dirigente radical, uno de los pocos sobrevivientes de Cambiemos en el poder, decidió que no es suficiente con controlar y medirle la temperatura a los que ingresan a la provincia, sean jujeños o no. En este sentido, Morales piensa poner fajas a las casas de las personas que han retornado a sus domicilios de otras provincias. Según el gobernador, «todos los vecinos» sabrán entonces que en esa casa hay un posible infectado y que nadie debe salir por dos semanas.
La idea de casas marcadas para el control ciudadano resulta aterradora, sobre todo si tenemos en cuenta las miserias humanas que han aflorado con esta cuarentena obligatoria. Aunque la mayoría de las personas han mostrado solidaridad y empatía, no fueron pocos los argentinos que mostraron una actitud repudiable y bochornosa en el marco de esta situación excepcional.
Profesionales de la salud han sufrido «escraches» de algunos vecinos que les han manifestado que ya no son bienvenidos en el edificio, por considerarlos un riesgo. Un médico contó a los medios de comunicación lo traumático que le resulta retornar al hogar luego de estas jornadas complicadas y ver carteles y pancartas pegadas en su puerta o en el ascensor.
Lamentablemente, ya se han registrado demasiados episodios que recuerdan a diversas experiencias de cazas de brujas en la historia. Vecinos que evidentemente no tienen mucho para hacer, por estas horas se encuentran jugando al vigilante desde sus balcones para denunciar a las personas que, por ejemplo, han paseado dos veces al perro el mismo día. Ante estos casos no minoritarios, la idea de «casas marcadas» en Jujuy no parece ser la mejor idea para afrontar esta situación.
En San Luis hay un único periódico: el que pertenece a la familia del gobernador
Alberto Rodríguez Saa, gobernador puntano, decidió que no están dadas las circunstancias para que los diarios nacionales ingresen a la provincia. De esta manera, en San Luis ya no es posible conseguir una versión impresa de Clarín, La Nación o Página/12. Este modelo de «sustitución de importaciones» provincial dejó un monopolio absoluto en manos de La República, el diario que, casualmente, está vinculado a la familia Saa.
Ya sea por cuestiones de libertad de prensa o beneficio económico, el caso debe ser revisado como corresponde. Resulta bastante curioso que esta prohibición combine a la perfección estas dos cuestiones peligrosas.
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