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Habilitante de Nicolás Maduro permite su avance autoritario

Por: María Teresa Romero - @mt_romero - Mar 19, 2015, 1:32 pm
Una resolución del ministerio de la Defensa que permite el uso de armas letales contra manifestaciones ha sido la principal evidencia de aumento de represión del gobierno de Maduro, así como la detención arbitraria del alcalde Antonio Ledezma. (Filomedios)
Una resolución del Ministerio de la Defensa que permite el uso de armas letales contra manifestaciones ha sido la principal evidencia de un aumento de represión desde el gobierno de Maduro. (Filomedios)

EnglishDesde principios de este 2015 el gobierno de Nicolás Maduro se encontraba a la caza de cualquier excusa para que la Asamblea Nacional, al servicio del Ejecutivo desde hace años, le diera otra Ley Habilitante al presidente por medio de la cual pudiese dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en varios ámbitos de la vida nacional.

De allí las incesantes provocaciones que venía haciendo ese gobierno al estadounidense, de Barack Obama, entre las que destacan las medidas anunciadas por el propio presidente Maduro el pasado 27 febrero, fecha en que el chavismo conmemoraba con una “marcha antiimperialista” un nuevo aniversario de las protestas populares de 1989 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Unas medidas inesperadas y exageradas que incluyeron el requisito de visado para que todo estadounidense viaje a Venezuela; un mayor control de las actividades de los funcionarios de la embajada estadounidense en Caracas; la significante rebaja del número de funcionarios diplomáticos de ese país en el nuestro; y la prohibición de entrada a Venezuela de varios ex residentes y congresistas.

Por supuesto, la respuesta de la administración Obama a esa provocación fue sacada fuera de contexto y utilizada a favor del oficialismo venezolano. Se trata de la reciente orden ejecutiva del presidente estadounidense de implementar las sanciones aprobadas por el Congreso de su país el pasado diciembre contra siete funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, realizada en el marco de una declaración de “emergencia nacional” por el “riesgo inusual y extraordinario” que suponen los sancionados y la situación venezolana para la seguridad de Estados Unidos. Esto, fundamentado en la Ley de Emergencia Internacional de Poderes Económicos que le permite aplicar sanciones económicas a personas específicas o a un país.

Aun cuando esas medidas no son para nada intervencionistas, son soberanas y apegadas a la ley, el oficialismo las ha tergiversado y utilizando en una ofensiva nacionalista-antiimperialista feroz, a través de todos sus medios comunicacionales y propagandísticos nacionales e internacionales.

La sinrazón “revolucionaria” ha llegado al extremo de llamar a ejercicios militares defensivos conjuntamente con militares rusos. Era de esperar. Ya venía amenazando con una guerra o invasión imperialista y ahora tiene una excusa, que si bien no es válida, ha sido secundada por parte de la oposición venezolana y muchos países latinoamericanos.

Los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y de la Alianza Bolivariana (ALBA) no solo han rechazado la orden ejecutiva estadounidense, sino que han solicitado su derogación. Para ellos, los gobiernos se deben abstener de aplicar medidas coercitivas unilaterales que contravengan el Derecho internacional. Esto evidencia que Maduro, siempre de la mano política del castrocomunismo cubano, ha aprendido a manipular muy bien los mecanismos democráticos y las debilidades, intereses y temores de las democracias actuales, en particular las latinoamericanas.

También esa ofensiva nacionalista le dio lo que tanto buscaba, la obtención de una nueva Ley Habilitante que denominó “antiimperialista” con la que esencialmente pretende debilitar aún más el poder de la secuestrada Asamblea Nacional, así como profundizar la represión y persecución política, todo cara a las próximas elecciones legislativas que el partido de gobierno PSUV perdería, según las encuestas más serias.

Esta “Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz” que Maduro solicitó en persona al parlamento, lo autoriza a legislar hasta el 31 de diciembre de 2015, lo que significa que si las elecciones parlamentarias se realizan en septiembre de este año —como es probable—, la Asamblea podría verse aún más limitada en sus potestades por el poder otorgado al jefe del Ejecutivo.

Además, como lo establece la Gaceta Oficial Nro. 6.178 Extraordinaria de fecha 15 de marzo de 2015, le da potestad al mandatario de dictar o reformar leyes en los ámbitos de “la libertad, la igualdad, justicia y paz internacional, la independencia, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional”, a fin de “reforzar la garantía del ejercicio de los principios constitucionales de soberanía y autodeterminación de los pueblos” y la “protección contra la injerencia de otros Estados en asuntos internos de la República”.

¿Pero quién le impide a Maduro no utilizar la Habilitante con fines distintos a los previstos que ya de por sí son amplios?, ¿cuál institución nacional o internacional le prohíbe no utilizar estos poderes especiales para profundizar su tendencia militarista y autoritaria, y afianzar su poder interno? En realidad, desde 1999 los gobiernos de Hugo Chávez, y ahora de Nicolás Maduro, han gobernado bajo leyes habilitantes y siempre estas han sido utilizadas políticamente para ejercer mayor control sobre la sociedad , controlar o aniquilar a las fuerzas opositoras, y para destruir las instituciones democráticas, en particular el Poder Legislativo que por excelencia es el foro político de las naciones.

En palabras del analista Ysrrael Camero, “las Leyes Habilitantes han adquirido en Venezuela desde 1999 un carácter central en el avance autoritario del proyecto gubernamental sobre la sociedad. El papel que las habilitantes han jugado en la implantación del autoritarismo en Venezuela se ha sostenido sobre dos factores: la desaparición de la deliberación plural y el dominio del Ejecutivo sobre toda la estructura de poder”.

Y no sería de extrañar que bajo esta nueva Ley Habilitante, Maduro también decretara la regulación de la migración masiva que se viene dando entre los venezolanos de todas las edades, precisamente por la naturaleza militarista y autoritaria del régimen chavista y por su ineficiente gestión socio-económica que tiene al país al borde del colapso. Pero como bien resalta la periodista Elisa Vásquez en un artículo para el PanAm Post, el gobierno nacional, y en particular el vicepresidente Jorge Arreaza, ya viene manifestando la necesidad de regular la emigración de millones de estudiantes, investigadores y profesores.

De modo que, en palabras de Vásquez, no es de extrañar que “el gobierno de Maduro diseñe nuevos mecanismos para criminalizar la emigración y obligar a los profesionales a devolver la inversión ‘a la patria’ (o al partido, que para ellos es lo mismo)”.

María Teresa Romero María Teresa Romero

Periodista con Maestría y Doctorado en Ciencias Políticas, especializada en política internacional. Es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, escritora en varios periódicos venezolanos e internacionales, y autora de varios libros. Síguela en Twitter: @MT_romero.