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No es temerario afirmar que el errático, y tal vez mal intencionado, manejo diplomático que el régimen chavista-madurista ha tenido sobre la disputa que, desde hace más de un siglo, lleva Venezuela con Guayana sobre el reclamo del territorio Esequibo, pudiera resultar más temprano que tarde en una pérdida irreparable para los intereses venezolanos.
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El gobierno guayanés, que desde cuando estaba Hugo Chávez en el poder empezó a beneficiarse de la inacción venezolana sobre el tema, desde el pasado año ha acelerado la explotación petrolera, mediante empresas trasnacionales, en la zona en reclamación, haciendo caso omiso a las intermitentes y tenues declaraciones de principio y llamados para detener la actividad petrolera (todos sin contundencia ni efectos reales) por parte de la cancillería venezolana. Guayana, además, ha otorgado concesiones en el espacio marítimo de la zona en reclamación, y también en aguas venezolanas, sin que el gobierno proteste.
De hecho, este noviembre del 2016 a los pocos días de que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, visitara al jefe del gabinete de la secretaría de la ONU, Edmond Mulet, según ella con el objetivo de “ratificar los derechos legítimos de Venezuela en el Esequibo”, el gobierno de Guayana y la empresa ExxonMobil anunciaron públicamente que implementarán programas de explotación petrolera en el año 2017, en el Bloque Stabroek, en el Esequibo. Con ello, Guayana activa por primera vez en su historia como país independiente la sección 31 del Petroleum Act, la legislación que rige el sector de hidrocarburos en Guayana.
Sin duda, como bien lo señaló sin tapujo alguno el actual ministro de Recursos Naturales guayanés, “Este es un profundo momento de cambio en el desarrollo de nuestro país” . Pero, a la vez, es un momento triste y oscuro para la soberanía venezolana y para la larga historia nacional de lucha por la recuperación de ese territorio.
Una historia, cabe recordar, que se originó en 1899 cuando Inglaterra, que aún poseía el actual territorio de Guayana, convino con los Estados Unidos, en representación de Venezuela, someter al arbitraje internacional la disputa sobre la frontera oeste de la colonia británica, al este de Venezuela, como mecanismo para solucionar el diferendo territorial. Dado que Venezuela no participó directamente en estas negociaciones, cuando ya el país gozaba de plena democracia en la década de 1960 y con el impulso de los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, se logró que el Reino Unido aceptara la reconsideración de este laudo arbitral.
Se llegó así al Acuerdo de Ginebra de 1966 que invalidó lo acordado en 1899 y estableció que el territorio del Esequibo es una zona que administra Guayana, pero cuya soberanía es reclamada por Venezuela. De ello se deriva que cualquier actuación en ese territorio debe ser aprobado por la nación venezolana. Mucho costó a los gobiernos civiles y democráticos venezolanos defender el territorio del Esequibo, pero lo hicieron clara e inequívocamente.
Si bien durante sus primeros años de gobierno Hugo Chávez mantuvo la tradicional defensa de la soberanía venezolana sobre el Esequibo, el militar cambió diametralmente su actitud a partir de 2004. No se sabe exactamente por qué lo hizo pero, como otros analistas, creo que en ello tuvo mucho que ver su interés de no perder el apoyo de los países del Caricom en varios foros multilaterales, empezando por la OEA, así como a la entonces ya creciente influencia de Cuba, país que siempre ha apoyado a Guayana en su política geoestratégica regional.
Chávez llegó a declarar públicamente que Venezuela no se oponía a que Guayana otorgara unilateralmente concesiones y contratos a compañías multinacionales en el Esequibo, si esto favorecía el desarrollo de la región. En 2007 fue más lejos al afirmar que la reactivación del reclamo venezolano en 1962, había sido producto de presiones estadounidenses para perjudicar al gobierno izquierdista que entonces gobernaba en Guayana.
Con estas declaraciones, como bien dice el analista Sadio Garavini, el gobierno “acabó con casi 40 años de diplomacia venezolana y entregó unilateralmente y, a cambio de nada, una de nuestras pocas armas de negociación”.
El gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido la misma línea del de Chávez, pese a las ruidosas declaraciones recientes en contra de la conducta guayanesa, seguramente para mover el sentimiento nacionalista de una población que mayoritariamente lo rechaza, y a pesar del breve rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país en 2015, las cuales fueron pronto restablecidas a instancias de la ONU.
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Que la línea de actuación chavista no ha cambiado, es evidente en el hecho que la diplomacia madurista no ha sido proactiva, sino simplemente reactiva a los avances guayaneses. Esa diplomacia no hizo nada para evitar que Guayana se dirigiese al Secretario General saliente de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para que actuara de conformidad con sus obligaciones establecidas en el Acuerdo de Ginebra y eligiera otro medio para resolver la controversia fronteriza entre los dos países, en vista de que luego de 50 años de conversaciones directas, no se ha producido ningún acuerdo entre los dos países.
Tampoco logró evitar el compromiso que el Sr. Ban Ki-moon adquirió con el presidente de Guayana, David Granger (un militar retirado determinado en finiquitar la disputa cuanto antes) de «evaluar» la controversia fronteriza este mes de noviembre, y si es el caso remitirla a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que se realice una sentencia definitiva sobre la histórica disputa.
Si efectivamente Ban Ki-moon se pronuncia en ese sentido antes de retirarse del cargo este diciembre del 2016, que es posible, el fracaso de la diplomacia madurista sería entonces rotundo, y más imperdonable aún. Ese logro del gobierno guayanés, que echaría por tierra el Acuerdo de Ginebra, seguramente produciría que El Esequibo se perdiera de una vez por todas, ya que sería muy difícil que en la CIJ se produjese una decisión favorable a nuestro país.
De modo que, por supuesto que sí hay posibilidades de que en manos de Maduro se pierda definitivamente parte de la soberanía nacional.
