Durante su primer año de mandato, han sido numerosas las veces que el presidente ecuatoriano Lenin Moreno ha asegurado que emprende una política exterior democrática y amplia, estabilizadora de las relaciones diplomáticas en particular con aquellas con las que hubo impasses y altibajos durante la década gubernamental de su otrora compañero de partido y mentor, Rafael Correa.
Y cierto, su gestión exterior se ha moderado con respecto a la de su antecesor. Ello es sin duda positivo, pero lamentablemente sus manifestaciones de buena voluntad no siempre han pasado a la práctica. Su conducta internacional, liderada por su ministra de Relaciones Exteriores María Fernanda Espinosa -quien fue la primera canciller de Rafael Correa y que todavía mantiene posiciones políticas bastante controvertidas y radicales- aún deja mucho que desear.
Tan solo un ejemplo: el cierto respaldo -de palabra, acción y omisión- a los regímenes latinoamericanos que se hacen llamar socialistas del siglo XXI, aun cuando el cúmulo de evidencias actuales sobre la naturaleza dictatorial de los mismos obligan a un verdadero país demócrata a la frontalidad y la determinación.
Acaso un Ecuador verdaderamente liberado del correismo y demócrata, como dice ser el comandado por Moreno, ¿no debería exigirle al sandinista Daniel Ortega el cese al fuego y la brutal represión que éste mantiene en su país y ponerse, sin ambages, al lado del pueblo nicaragüense? Mas no lo ha hecho. ¿Por qué será? No lo sabemos.
Pero es de recordar que además de haber tenido asesores sandinistas en su campaña electoral, en su primer viaje al exterior como jefe de Estado el exdelfín de Correa fue a Nicaragua para participar del Foro de Sao Paulo, una coordinación de partidos de izquierda radical de América Latina que se reunió en Managua en julio de 2017. En ese momento señaló la Secretaria de la Presidencia en un comunicado: “El objetivo de la presencia del presidente de la República Lenín Moreno en el Foro de Sao Paulo es fortalecer las relaciones políticas con el Gobierno de Nicaragua y el compromiso con el progresismo y la integración regional”.
¿No debería asimismo solicitar la libertad total para los venezolanos, los cubanos y bolivianos? Sin embargo, el morenismo se niega a fijar posición contundente frente a lo están viviendo esos países hermanos, pese a sus manifestaciones de preocupación por sus respectivas crisis internas. Frente al caso venezolano su ambigüedad es notoria.
En febrero de este año, en su paso por los Estados Unidos, la actual vicepresidenta del Ecuador María Alejandra Vicuña, manifestó su solidaridad con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro al solicitar que éste estuviera presente en la próxima Cumbre de Las Américas “…para escuchar las distintas posturas y sobre todo las recomendaciones y las sugerencias” porque, en su opinión, “es precisamente en ese espacio de integración donde se deben discutir las cosas”. En Washington, la segunda del gobierno leninista también afirmó que rechaza la “injerencia” en la crisis del hermano país petrolero.
A ello se suma la abstención del gobierno morenista en las votaciones que se han venido dando en la OEA sobre la nefasta realidad venezolana. Para algunos, el que se haya abstenido es un paso de avance con respecto a la votación afirmativa, de apoyo, que siempre mantuvo el correismo hacia el régimen chavista. Pero para otros, entre los que me incluyo, ello ya no es un argumento político válido. La crítica situación humanitaria e integral venezolana, sin parangón en la historia latinoamericana, no justifica a estas alturas una abstención, es decir, una acción ambigua.
Pero así lo hizo en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de ese foro hemisférico de febrero de 2018, en la que se aprobó una Resolución sobre los Últimos Acontecimientos en Venezuela, y en la 48va Asamblea General que se realizó a principios de junio y en el que se votó una resolución impulsada por EE.UU que buscaba restaurar la democracia en Venezuela e iniciar el proceso de suspensión a esta nación del organismo. Moreno alegó que se trataba de “una posición propia, explicando que no tenía que ver con la de EE.UU y el Grupo de Lima, y tampoco con la de los países que integran la ALBA, que son Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Nicaragua, San Vicente y Granadinas.
Adicionalmente, emitió un comunicado propio de su ambivalencia política que al tiempo que criticaba al gobierno de Maduro afirmando que se oponía “a las reelecciones indefinidas y a la permanencia en el poder… a que un pueblo maltratado tenga necesidad de desplazarse más de un millón de personas” y se manifestaba en contra de “la poca participación de la oposición en los procesos electorales… y a situaciones como las ocurridas con Óscar Pérez “, a la vez propuso la celebración de una consulta popular en Venezuela, en la que se decida si se deben refrendar los resultados del proceso electoral del 20 de mayo o si se convoca a nuevas elecciones en un plazo cercano.
Para el mandatario ecuatoriano “el diálogo es el único camino de solución real y duradero para los problemas sociales, económicos y políticos que vive ese hermano país”, porque “estamos convencidos de que las sanciones económicas internacionales en nada contribuyen a esa solución y, por el contrario, generan mayor tensión interna y castigan -histórica y paradójicamente, a los más necesitados”.
Esta nueva propuesta de Lenin Moreno es confusa porque, sin manifestarlo expresamente, reconoce que las elecciones venezolanas del pasado mayo fueron ilegitimas -ya que si esos comicios hubiesen sido legítimos no sería necesario ser refrendados -, pero a la vez solicita que Nicolás Maduro y su CNE fraudulento realicen un nuevo proceso electoral transparente, un referéndum. ¿Realmente el mandatario ecuatoriano confía en esa dictadura después de lo que demostró en esos mismos comicios?, ¿y en el caso de que Maduro realice la consulta popular como él propone y la gane, entonces él legitimará el fraude electoral? …
Estos malabarismos del morenismo que se dice de una nueva izquierda no correista se manifiestan en otros casos, hacia otros países y entes multilaterales –como hacia los Estados Unidos y la ONU- y frente a otros temas, como el del asilo del controversial director de Wikileaks, Julian Assange, a quien la Cancillería le otorgó cédula de ciudadanía ecuatoriana, o el de la falta de seguridad en la zona fronteriza ecuatoriana, donde solo la violencia en los primeros seis meses del presente 2018 se cobró la vida de siete ecuatorianos, o el del incumplimiento de funciones en el manejo de numerosos casos de migración.
La política exterior ambigua del morenismo ha llevado, y con razón, al movimiento opositor CREO, junto a las bancadas del Partido Social Cristiano y de Integración Nacional (BIN), a un pedido de juicio político en contra de la canciller Espinosa. Ella, y por ende el gobierno de Lenin Moreno, deberá responder ante el pleno de la Asamblea de Ecuador. Ojalá también responda ante sus pares democráticos de las Américas y el mundo.