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La crisis en Venezuela sigue generando polémica en la 75° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El régimen venezolano presentó su propio informe sobre los derechos humanos en el país. Con este irónico hecho, la tiranía acusada de crímenes de lesa humanidad, pretende objetar el contundente informe de la misión internacional de la ONU que desató una nueva ola de presión contra Nicolás Maduro.
El embajador del régimen ante la ONU, Samuel Moncada, fue el encargado de entregar el documento al secretario general de la organización, António Guterres, informó EFE.
«Hoy entregamos al secretario general, António Guterres, el documento ‘La Verdad de Venezuela contra la Infamia’ con pruebas de la manipulación hecha por autores que nunca fueron a Venezuela y sirvieron a propósitos distintos al equipo de la ONU de DD.HH. que sí trabaja en el país», escribió Moncada en su cuenta en Twitter.
En la escueta exposición de motivos, Moncada se plegó al discurso del régimen y aseveró que hay en marcha una supuesta «operación de propaganda para hacer pasar el informe de la Misión del Grupo de Lima como si fuera» de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Para soportar este documento, el fiscal del régimen, Tarek William Saab, afirmó en declaraciones recogidas por EFE, que el reporte se basa en acciones judiciales tomadas por las distintas instancias venezolanas en los últimos tres años contra violadores de derechos humanos y funge como una crítica a la misión internacional, cuyo informe, según su denuncia, fue «pagado» por el Grupo de Lima.
Lo que revela el informe de la ONU
El informe de la misión internacional independiente, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, detalla los crímenes ocurridos desde 2014. En sus 443 páginas se presentan 2 891 casos que encajan en patrones de “violaciones y crímenes documentados”.
A su vez, la misión afirmó en sus argumentos que “tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe”.
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas figuran entre los delitos cometidos contra la ciudadanía y, en particular, contra la disidencia al régimen de Nicolás Maduro.
A diario, los señalamientos son cada vez más frecuentes contra las organizaciones que fungen como las artífices de estos delitos. Entre ellas aparecen la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); así como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), son también parte de los organismos altamente cuestionados en el informe de la misión internacional de la ONU.
La respuesta de Maduro a la ONU
Las consecuencias de estas prácticas, aunado a la corrupción que ha terminado por destruir la industria del país, han creado una serie de problemas hacia la región, cuyos gobiernos reciben el impacto directo en sus economías.
La diáspora venezolana es una consecuencia de este caldo de corrupción y crímenes en el país caribeño. De acuerdo con la ONU, al menos cinco millones de personas han sido parte del éxodo, y la cifra sigue en aumento.
Durante la 75° Asamblea General de la ONU, Maduro reconoció el fenómeno de la emigración venezolana, pero también lo utilizó como argumento contra el Gobierno de EE. UU. al afirmar que estas acciones son por causa de las sanciones del presidente Donald Trump y no una consecuencia de las políticas del régimen.
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