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El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, convirtió en ley una legislación que prohíbe la confiscación civil de la propiedad privada por parte del Estado. Sin esta legislación, las autoridades tenían el poder de confiscar cualquier bien privado de un ciudadano sin la necesidad de la radicación de cargos criminales.
El proyecto de ley LB 1106 fue aprobado en la legislatura unicameral del Estado con 38 votos a favor y 8 en contra.
La confiscación civil de la propiedad privada es un asunto que ha causado un gran debate nacional en Estados Unidos. Sectores libertarios se han opuesto históricamente a la confiscación civil de la propiedad privada pues, según ellos, es una violación a la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe su ejecución sin una orden judicial por causa probable.
Según sectores progresistas, la confiscación civil le permite al Gobierno recuperar dinero «hurtado» en esquemas de fraude y evasión fiscal.
En Nebraska, la confiscación de la propiedad privada ha causado gran polémica. Recientemente, las autoridades le confiscaron US$14.000 a un pastor peruano en una parada de tránsito. Solo tras la intervención de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) el pastor pudo recuperar el dinero confiscado sin causa.
El año pasado, un tribunal federal de apelaciones permitió que un veterano condecorado de la Fuerza Aérea perdiera US$63.000 de sus ahorros a pesar de que nunca fue acusado de un crimen.
La nueva ley firmada por el gobernador Ricketts provee nuevas reformas a este sistema de confiscaciones civiles.
Con la nueva ley, un ciudadano primero debe ser acusado formalmente de actos criminales y condenado por crímenes relacionados con el narcotráfico, la pornografía infantil o las apuestas ilegales antes de que el Estado pueda confiscar cualquier tipo de propiedad privada.
Ahora Nebraska se une a otros nueve estados de la nación que requieren una condena penal para confiscar propiedad privada.
Fuente: Forbes
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