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Este lunes 19 de diciembre la magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia (máxima autoridad de la jurisdicción Contencioso Administrativo), Lucy Jeannette Bermúdez, ordenó al Congreso de Colombia y al presidente Juan Manuel Santos continuar con los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que fue rechazado por medio del plebisito realizado el pasado 2 de octubre.
La orden se dio luego de dictaminar como “hecho notorio” que hubo falsedades en la campaña por el “No” durante el plebiscito y, además, admite la demanda de nulidad que fue presentada por los ciudadanos David Camilo Narváez y William Efraín Clavachi en contra de la consulta, la cual tiene como principal argumento las presuntas mentiras de la campaña del “No”.
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De esta manera el Consejo de Estado establece dos medias cautelares:
“Ordenar al Congreso de la República y al presidente de la República avanzar con la implementación del ‘acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, disponiendo para ello —aún en sesiones extraordinarias convocadas para tal fin— de los mecanismos especiales de creación normativa establecidos en el acto legislativo 01 de 2016 (fast track), que para efectos del cumplimiento de esta medida cautelar ha de entenderse vigente”, apunta la sentencia.
Y, asimismo, “exhortar a la Corte Constitucional para que ponga prioridad a la resolución de las demandas de constitucionalidad en las que deba pronunciarse sobre la vigencia del acto legislativo 01 de 2016, y en espacial sobre el artículo 5 de dicha perceptiva”.
El artículo al que se refiere establece como condición que, para que se active el fast track (reducción de debates en el Congreso para aprobar leyes y reformas), debe haber una refrendación popular.
No obstante, la semana pasada la Corte permitió la activación del fast track y, de esa manera, el Congreso se dispone a empezar a tramitar la Ley de Amnistía, la cual sería el primer paso dentro del cronograma de los acuerdos de paz.
Por lo tanto, la decisión del Consejo de Estado ordena la continuación de los acuerdos de paz que fueron rechazados y, de esa forma, se invalidan los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre.
