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Este miércoles 8 de noviembre la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente aprobó de forma unánime la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Se establecen hasta penas de 20 años en la cárcel para quienes promuevan «delitos de odio».
«Quien públicamente incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o un conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, será sancionado con prisión de 10 a 20 años», se lee en el artículo 20 de la Ley contra el Odio.
Esta ley tiene su origen en el período de protestas que se erigió en Venezuela entre los meses de abril y julio —aunque es una legislación cuya existencia ya ha sugerido el chavismo en varias ocasiones—. Nicolás Maduro asegura que la ola de manifestaciones fue impulsada por mensajes «de odio» social, racial y político. Ahora, la dictadura pretende impedir que se vuelva a generar un episodio similar al que padeció el país durante esos meses.
El «agravante por motivos de odio e intolerancia» será penado con una sanción que equivale «al límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente».
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No obstante, no solamente los que «promuevan el odio» serán penados; también los que no actúen contra los incitadores. El texto aprobado por la ilegal Constituyente también prevé penas de cárcel de entre 8 y 10 años para los funcionarios de la policía o de la Fuerza Armada que retarden la ejecución de la «justicia» contra los responsables del odio en el país.
Una legislación inquietante. La realidad es que es una Ley que se presta al relativismo y la aplicación de la pena dependerá de los ejecutores. Aunque su aprobación la somete a inconsistencias con ordenamientos preexistentes; esta nueva ley deroga cualquier otra disposición que la contradiga. Además, se crea una «Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica». Todos los ciudadanos del país; las instituciones y entidades, están obligados a cooperar con la Ley contra el Odio.
También inquieta saber quiénes integran la Comisión. Hay varios ministros, y otros funcionarios chavistas: el presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; y el ilegítimo fiscal general de la República, Tarek William Saab, son dos de los que se encargarán de promover y garantizar la paz, mediante la aplicación de la Ley contra el Odio.
«¿Si esto no es dictadura, entonces qué es?»
Esa es la pertinente pregunta que se hace un usuario de la red social Twitter, luego de que Nicolás Maduro dijera en los medios estatales: «Ahí se transmite violencia, odio, racismo… Muchas cosas buenas también. Pero quiero decir: el mundo de las redes sociales tiene que ser un mundo que se adapte a las leyes y a los valores de los países y las sociedades (…) Venezuela tiene que prepararse para gobernar a favor de los intereses, la familia, el futuro, todas las redes sociales; así como se gobiernan todos los medios de comunicación».
La dictadura también va contra los medios de comunicación, incluidos los difíciles de controlar. No es la primera vez que el chavismo asoma esta posibilidad, pero la recién aprobada Ley contra el Odio podría alterar las condiciones.
En la Ley, también se lee: «El prestador de servicios de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza serán sancionados con la revocatoria de la concesión».
Y, por último, en el texto se establecen multas «para las personas jurídicas responsables de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes ‘de odio’, así como sanciones hasta de 4 % de sus ingresos fiscales a aquellos dueños de medios que se nieguen a publicar contenidos de promoción de la tolerancia», según se lee en la agencia EFE.
Nos obligan a odiar y luego nos condenan por ello.
— Milagros Socorro (@MilagrosSocorro) November 8, 2017
«Con la aprobación de la Ley contra el Odio, el chavismo busca impedir que los medios de comunicación hagan referencia/cobertura a protestas (de cualquier tipo). Más censura y autocensura para intentar ocultar el drama diario de los venezolanos», escribió en Twitter el periodista Eugenio Martínez.
Asimismo, la autora y periodista Ibéyise Pacheco, dice al respecto: «El régimen acorrala a la poca libertad de expresión que queda. Entre Jorge Rodríguez y la Asamblea Nacional Constituyente con su ley contra el odio, convierten a medios en aparatos de propaganda y amenazan con cárcel a quien se atreva a disentir».
Promulgan la Ley del Odio porque nos odian.
— Elías Pino Iturrieta (@eliaspino) November 8, 2017
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