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La fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se ha puesto como objetivo la destitución del dictador Nicolás Maduro.
Un de las alternativas para lograr su ambiciosa meta, es la de buscar que asuma su responsabilidad por haber recibido sobornos de la polémica constructora brasileña Odebrecht.
Su último plan de acción consiste en unir esfuerzos con el legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para, de esa manera, solicitar la captura internacional del tirano por corrupto.
Ahora, en medio de esta coyuntura, el diario El Nuevo Herald publicó un artículo en el que revela que, aunque Nicolás Maduro llegó a recibir USD $35 millones en sobornos; él al principio había exigido a la constructora que le pagara USD $50 millones para poderle mantener algunos importantes contratos que tenía en Venezuela.
El pago se hizo en algún momento del año 2013. Cabe recordar que el mismo Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía, llegó a confesar a finales de 2016 que la constructora sobornó a varios mandatarios en la región; y, unos meses después, en octubre de 2017, el presidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Acevedo, admitió haber otorgado millones de dólares a la campaña del dictador en 2013.
La fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, insiste al diario El Nuevo Herald que fueron USD $35 millones. Existe una confusión porque el otro monto, $50 millones, fue lo que solicitó Maduro al principio.
Luisa Ortega Díaz, un peligro para la dictadura
En agosto del año pasado la fiscal legítima de Venezuela tuvo que huir por mar hacia Aruba. Presuntamente, según ella misma dice, tomó la decisión porque el régimen de Nicolás Maduro la había amenazado. Su razón: los documentos de Odebrecht que comprometen al dictador.
Desde el exilio, Luisa Ortega Díaz inició una campaña en torno a unos papeles que supuestamente poseía y que en algún momento se convirtieron en mito. Aunque amenazaba, la fiscal legítima no había podido presentar información que fuese realmente contundente.
Solo llegó a asegurar, en agosto del año pasado, que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, había recibido «USD $100 millones a través de una empresa que lo implica en caso Odebrecht».
En ese momento, desde Brasil, también volvió a insistir en que tenía «pruebas que comprometen a Maduro por casos de corrupción con Odebrecht».
Al final la verdadera información la brindó el presidente de la constructora en Venezuela, Acevedo. Sin embargo, en paralelo, la fiscal continúa diciendo que tiene las pruebas en sus manos, que las presentará donde tenga que presentarlas y que con ellas hundirá a Maduro. Y puede que esto sea así.
El 19 de febrero de este año la fiscal general Ortega Díaz introdujo un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Dijo que tiene las pruebas en sus manos. Aseguró que el dictador cometió los delitos de corrupción y deslegitimación de capitales.
«De la investigación se pudo constatar que en el 2012 la campaña del presidente Hugo Chávez la pagó Odebrecht y que quien recibió el dinero era Nicolás Maduro, en esa oportunidad era canciller de Venezuela», dijo la fiscal en una rueda de prensa desde Colombia.
Esta información de hecho no es nueva y la fiscal tiene razón. En marzo del año pasado el ejecutivo de Odebrecht, Hilberto Silva, confesó que la constructora financió la última campaña del expresidente Hugo Chávez, en 2012.
Y fue por esa razón que el publicista Joao Santana, creador de la campaña «Chávez corazón del pueblo», fue sentenciado a ocho de prisión por su relación con la red de lavado de dinero y sobornos.
Ahora la fiscal general, con esa información, más la confesión de Acevedo y el resto de los documentos que ha recopilado, está segura de que se puede activar la captura internacional de Nicolás Maduro.
Si el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio aprueba la moción que introdujo Luisa Ortega Díaz, debería proceder a destituirlo y exigir su detención.
En ese caso, «la comunidad internacional, y en particular INTERPOL, tendría que acatar el pedido de captura internacional, que actualmente se encuentra en manos de los magistrados que operan en el exilio», como se lee en El Nuevo Herald.
