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EnglishEl Gobierno argentino contrató a una consultora privada para medir la tasa de inflación, medida que deja en evidencia que ni el propio Gobierno confía en las estadísticas oficiales sobre el nivel de los precios.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, lanzó una licitación privada en diciembre de 2014 para contratar “un servicio de consultoría anual que suministre información semanal de precios en supermercados de los productos representativos de la canasta de consumo”, de acuerdo con el blog de periodismo investigativo Eliminando Variables.
La firma contratada, cuyo nombre aún no se conoce, reportará a la Secretaría de Comercio, y deberá auditar presencialmente un total de 200 productos en 20 supermercados.
Tendrá que ponderar la “totalidad de los productos de la canasta de consumo” en cada uno de los establecimientos, inclusive los de los que están sometidos a control de precios.
La decisión representa un cambio de postura frente a las mediciones privadas. Varios funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner hicieron de las críticas a las estimaciones privadas parte de su rutina.
Hasta el propio Kicillof aseguró, semanas atrás, que las mediciones llevadas a cabo por empresas privadas y presentadas en el Congreso no tenían “ninguna consistencia”.
El denominado Índice de Precios al Consumidor Congreso (IPC Congreso), basado en estimaciones privadas, “es un IPC opositor, que cuando les preguntan la metodología, no miden un solo precio; hacen un promedio entre todas las consultoras privadas”, afirmó Kicillof, entre intentos de prohibir el indice inflacionario alternativo.
Los argentinos han tenido que lidiar con altas tasas de inflación desde 2007. Mientras los cálculos privados sostienen que la inflación superó 40% durante el año 2014, las estadísticas oficiales indican que el nivel de precios en el mismo período aumentó 24%.
Pero incluso el número oficial es demasiado alto para las expectativas del Gobierno. La presidente Kirchner había señalado en 2012, durante un discurso en la Universidad de Harvard, que “si realmente la inflación fuera del 25%, el país estallaría por los aires”.
A medida que los problemas inflacionarios en Argentina se agravaron, el Gobierno comenzó a intervenir en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), a cargo de la confección de la estadísticas de la inflación. En 2007, funcionarios claves en la medición de precios fueron reemplazados por acólitos al Gobierno y desde entonces las estadísticas oficiales perdieron credibilidad.
En 2010, el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, multó a doce consultoras privadas por difundir tasas de inflación que diferían de la oficial. Tres años después, varios juzgados de apelaciones rechazaron las multas por no tener fundamentos legales. Ahora, el exsecretario Moreno enfrentará un juicio por sus acciones.
Fuente: Eliminando Variables.
