Nuevamente, a la oposición venezolana se le impidió manifestar en las calles de todo el país a favor del referendo revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro. Centenares de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB) obturaron todos los accesos a centenares de personas que, en Caracas, intentaron marchar hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir a las rectoras de este organismo que adelanten el proceso del referendo, que se inició hace más de un mes.

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El despliegue represivo contra los manifestantes pacíficos de oposición contrasta con la indiferencia con la que estos mismos cuerpos, el día anterior, obviaron un “paro armado” de los llamados “colectivos” paramilitares en el oeste de la capital venezolana. Este “paro armado” se produjo porque la Policía Nacional Bolivariana detuvo a cinco miembros de estos “colectivos” presuntamente implicados en delitos como el secuestro de un diplomático italiano y un homicidio.

Sin embargo, según versiones de prensa, estos cuerpos paramilitares fueron atendidos por el vicepresidente venezolano, Aristóbulo Istúriz, y los presuntos secuestradores y homicidas fueron dejados en libertad.

Gritando consignas como “No cabe duda, no cabe duda que esta vaina (sic) es dictadura” y “revocatorio ya”, dos grupos de manifestantes fueron separados por piquetes de la GNB y la PNB en el centro-este de Caracas, mientras a lo largo de todas las posibles rutas de los manifestantes hacia la sede del CNE, en el centro de la ciudad, se apostaban decenas de funcionarios policiales, que solo se ven cuando hay manifestaciones opositoras, nunca cuando se cometen delitos. Además, había camiones que despliegan murallas de metal y las llamadas “ballenas”, camiones que lanzan chorros de agua a presión contra los manifestantes.

El CNE se ha tardado cinco semanas en revisar las aproximadamente 2 millones de firmas que le entregó la oposición, y de las cuales solo se necesitan unas 200 mil para convocar a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Juan Carlos Caldera, coordinador del equipo de recolección, señaló al PanAm Post que, de estas rúbricas, han sido eliminadas unas 800 mil, algunas por detalles como que la planilla diga “precidente” (no “presidente”) en el cargo de la persona que se va a revocar.

“Lo que necesitamos es que nos den un papel en el que digan que se recogieron el 1% de las firmas y que ahora se validarán”, señaló Caldera. “Toda esta pelea es porque el CNE no quiere dar un bendito papel”, indicó. El lunes, 6 de junio, las directivas del Consejo Nacional Electoral se reunieron para discutir este tema, pero, según la versión oficial, no llegaron a un consenso.

Dispersados con bombas por exigir referendo revocatorio

La marcha fue disuelta a mediodía, cuando los funcionarios de la GNB y la PNB impedían el acceso a la vía que conduce hacia el Consejo Nacional Electoral. Es la tercera vez que a la oposición se le impide manifestar pacíficamente frente a las sedes del organismo comicial.

PNB y GNB impide a la oposición entrar al municipio Libertador para llegar a la sede del CNE en Plaza Caracas #7Jun pic.twitter.com/lHqEl4kcff

— NotaUp (@NotaUp) June 7, 2016

Un amparo concedido por la Corte de Apelaciones de Caracas el mes pasado impide las manifestaciones a favor del referendo revocatorio cerca de la sede del Consejo Nacional Electoral, argumentando que las protestas «ponen en peligro» al personal del organismo. La decisión se basa, supuestamente, en una denuncia que presentaron los trabajadores del CNE.

Curiosamente, la prohibición se basa en supuestas agresiones producidas el pasado 18 de abril contra una funcionaria policial durante la primera manifestación que se realizó con intención de ir hasta el CNE. Sin embargo, la supuesta agresión se produjo en la propia salida de la marcha, a muchos kilómetros del sitio de llegada de la misma.

Posteriormente a esta manifestación, fueron detenidos los supuestos agresores, ocho jóvenes que, según el Foro Penal, organismo que lleva la defensa de los detenidos y presos políticos, fueron torturados para que acusaran al jefe de Seguridad de la Asamblea Nacional, Ángel Coromoto Rodríguez, de promover los disturbios.

El propio Rodríguez, de 63 años y con graves problemas de salud causados por la hipertensión arterial, permanece «secuestrado» en la sede del Sebin, la policía política, tras ser detenido el pasado 19 de mayo. No han podido verlo aún sus familiares ni sus abogados, denunció Omar Estacio, jefe del equipo que lleva su defensa.

Los casos mencionados agravan el expediente de violaciones de Derechos Humanos contra el Gobierno de Nicolás Maduro, que se está discutiendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y paralelamente en Venezuela. Ya se dio una visita de Amnistía Internacional para evaluar las condiciones del país en medio de la discusión acerca del referendo revocatorio.

La prohibición de las manifestaciones también agravan la endeble defensa de Maduro ante la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos invoque la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela en una reunión de su Consejo Permanente el próximo 20 de junio.