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El Siglo, diario de Maracay, capital del estado Aragua, a 100 kilómetros de Caracas, es el último de los 15 periódicos que desde 2013 (cuatro de ellos este año) han cerrado en Venezuela: no por falta de anunciantes, ni por falta de lectores, sino porque el Estado venezolano ha decidió asfixiarlos de una manera novedosa, negándoles el papel para imprimir.
Desde 2013, el Gobierno de Nicolás Maduro decidió suspender las importaciones independientes del producto y centralizarlas en una empresa estatal denominada Complejo Editorial Maneiro, que, inicialmente, prometió producirlo en el país, y luego, distribuir el que se importara equitativamente, sin preferencias políticas.
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La realidad ha demostrado que esto no es así. Los medios afines al Gobierno, como el ya abiertamente “chavista” Últimas Noticias, o los periódicos impresos por el Estado (sí, en Venezuela hay diarios de propiedad del Estado o incluso de las alcaldías «chavistas») tienen todo el papel que necesiten. Los medios ya ni siquiera abiertamente críticos, sino los que se permiten alguna independencia, como El Siglo, son condenados, progresivamente, al cierre.
Especial daño se le ha hecho a los medios regionales. Mientras los medios nacionales resisten, todos los periódicos a los que les han suspendido el acceso al papel son de provincias: El Siglo, La Mañana, de Falcón, El Carabobeño, de Carabobo. Todos diarios que se caracterizan por mostrar las realidades regionales van siendo cerrados. Y con ello “se han perdido miles de empleos, y se aleja a la gente de la información que valora más, que es la de sus comunidades”, indica el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz.
Los periódicos cerrados van siendo sustituidos por medios oficiales en los que se muestra una realidad bucólica, que nada tiene que ver con un país convulsionado por decenas de saqueos, miles de asesinatos y una escasez criminal de medicinas y alimentos. Como decía Thomas Shannon, subsecretario de Estado de Estados Unidos, luego de estar en Venezuela: “Las narrativas del Gobierno y de la oposición son tan distintas que uno se pregunta si están en el mismo país”. Por supuesto que no: La narrativa del Gobierno es la de la propaganda; la de la oposición, la del país real.
Este 27 de junio, cuando se conmemora el Día del Periodista, la situación de la libertad de expresión en Venezuela, como decenas de otras situaciones, es desesperada. “Yo no diría que este Gobierno es una dictadura, pero sí que cada vez es más totalitario y que no sabe manejar la crítica, y el único recurso que encuentra es el de censurar”, indicó Ruiz.
El día del Periodista en Venezuela, este año, se “celebró” con la detención de tres periodistas, que fueron conminados a declarar ante la policía política, el tenebroso Sebin, y luego fueron liberados. ¿La razón? Habían publicado en páginas web el testimonio peri-mortem en video de Juan David Oliveros García, un joven, presumiblemente perturbado (aunque el video parece mostrarlo lúcido) que ingresó al Banco Central de Venezuela y tomó rehenes antes de caer abatido por miembros de seguridad de esta institución. Al menos a uno de estos periodistas le quitaron su teléfono y no se lo han devuelto, en busca de las fuentes que pudiera manejar, aunque la protección de las fuentes periodísticas está expresamente consagrada en la Constitución venezolana.
https://www.youtube.com/watch?v=-uSGj6VpTKk
El Tribunal Supremo de Justicia, alegando razones de “moralidad pública”, publicó recientemente una sentencia en la que prohíbe a páginas web divulgar videos de linchamientos. Pero no solo es el máximo tribunal el que constriñe la libertad de expresión: Tribunales de primera instancia han prohibido publicar informaciones sobre la calidad del agua que se consume en el interior de la República o fotos de la morgue de Caracas atestada de cadáveres. Nuevamente, al Gobierno le molesta, muy fuertemente, la realidad.
Y a los 15 periódicos cerrados pronto se les puede sumar otro: La Verdad, un diario sumamente crítico de Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, no pudo circular este domingo, por falta de papel. Ha venido recortando su paginación progresivamente. Los cierres de diarios han causado la pérdida “de miles de puestos” de trabajo, señala Ruiz.
Compras de acólitos
El informe Propietarios de la Censura, del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), muestra cómo cada vez más medios de comunicación son comprados por dueños anónimos, que de inmediato colocan a los diarios, radios o televisoras en una línea editorial sumamente favorable al Gobierno. El ejemplo más patente de esto, justamente, es el de Últimas Noticias, del que basta ver las primeras páginas para ver el flaco servicio que rinde a la libertad de información. Pero hay docenas de medios en igual condición.
Ya la fiscal Luisa Ortega Díaz indicó que hay que “regular” las redes sociales, y el ministro de la Defensa suspira por leyes de desacato
La prensa es la última escala de una serie de ataques que se iniciaron con la televisión, con un punto máximo representado en el cierre de RCTV (2007) y que continuaron con la radio, con otro punto álgido en 2009, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) entonces dirigida por Diosdado Cabello, ordenó el cierre de 32 emisoras, entre ellas, todas las del Circuito Nacional Belfort (CNB) el más popular del país. Esas radios fueron pasadas a la Asamblea Nacional, pero en 2015, cuando la oposición ganó la mayoría parlamentaria, fueron cedidas a las Gobernaciones de estados. No se ha detenido allí Conatel: Anualmente, cierra unas 10 emisoras en el país. La última de ellas, una de Upata, al sur del país, cuyo delito era ser propiedad de Américo De Grazia, un diputado opositor, y haber denunciado la masacre de mineros cometida recientemente en Tumeremo por el control mafioso del oro. Completa el marco con la espada en el cuello de los medios radioeléctricos, a los que no renueva las concesiones o lo hace por un plazo muy corto. El resultado es una autocensura casi total.
Como se ve, el chavismo no acepta ninguna voz disidente, mientras crea decenas de televisoras, como la TV de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o TVES, la televisora que sustituyó a RCTV en la parrilla de los venezolanos sin que su sintonía haya sido nunca de más de algunas décimas de punto, como en su momento señaló incluso el fallecido presidente Hugo Chávez.
Televisión pública sin público, como bien acota Marcelino Bisbal, uno de los investigadores más veteranos y avezados de la investigación sobre la comunicación en el país. Público que se vuelca a páginas web que ahora son el objetivo del Gobierno. Ya la fiscal Luisa Ortega Díaz indicó que hay que “regular” las redes sociales, y las últimas sentencias, como las de los linchamientos, están orientadas a controlar un sector que les es esquivo y produce páginas de gran e instantánea sintonía como hongos después de una lluvia, con nombres como Lapatilla.com, caraotadigital.com, runrun.es, elpitazo.com, sumarium.com o elestimulo.com. En materia de información, cuando el Gobierno cierra una puerta, Internet abre mil ventanas.
Pero, pese a esto último, el panorama de los medios de comunicación y de la libertad de expresión en Venezuela no puede ser más sombrío. Apenas hace unos días, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, amenazaba con “sanciones” a aquellos que “ofendan” a las Fuerzas Armadas. El delito de desacato lleva tiempo dando vueltas en la cabeza de Maduro y compañía, aunque no saben cómo aplicarlo sin terminar de perder la casi nula legitimidad democrática que tienen.
Lo más curioso es que el chavismo, y Maduro en persona, recurren a la victimización. Mientras copan todos los medios y miles de horas con cadenas nacionales de radio y televisión (cuatro o cinco veces a la semana, dos o tres horas cada vez, en horario estelar), estas últimas señalan que son “por su derecho (el del ciudadano) a recibir información veraz”. Y es que sin cinismo, no hay manera de que esta gente se sostenga en el poder:
https://www.youtube.com/watch?v=mCLjQe3w-fE
Después de ver esto, ustedes dirán a quién le creen. Con razón Shannon dice que no parece que los chavistas vivieran en el mismo país que los demás padecemos.
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