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El Tribunal Supremo de Justicia venezolano es el brazo ejecutor de la dictadura

By: Pedro García Otero - Ene 4, 2017, 11:04 am
Maduro se ha apoyado en Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y en todo el TSJ, para consolidar una dictadura en Venezuela. (El Español)
Maduro se ha apoyado en Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, y en todo el TSJ, para consolidar una dictadura en Venezuela. (El Español)

“La Justicia puesta al servicio de la Doctrina de Seguridad Nacional”. Así resume Inti Rodríguez, coordinador de la ONG Provea, la actuación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el Gobierno de Nicolás Maduro, que está recogida en el libro Memorial de Agravios 2016 (completo en el enlace previo), y que recoge trabajos de siete organizaciones no gubernamentales agrupadas en la Red Justicia. Un trabajo que apunta, indicó Beatriz Borges, de la ONG Cepaz y coordinadora de la publicación, “a dejar constancia, contabilizar, el uso de la Justicia por parte de este Gobierno (el de Nicolás Maduro) y lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia con la democracia venezolana, como una ‘caja negra’ del desastre nacional”.

De la lectura del libro (un acucioso recuento de decisiones del Tribunal Supremo que no dejan ninguna duda sobre que en Venezuela, ya no desde el Gobierno de Maduro, sino comenzando en el de su antecesor Hugo Chávez, la administración de justicia se ha convertido en un instrumento del poder) solo puede desprenderse que Venezuela es hoy, a todos los efectos prácticos, una dictadura con un sistema de justicia que ya ni siquiera intenta cubrir sus decisiones con una hoja de parra, sino que es un aparato completamente volcado al servicio del Ejecutivo, y por lo tanto, de la razón de Estado.

En vísperas de que la Sala Constitucional, sin duda la que más ha contribuido a la consolidación de esta dictadura, pueda dictar una nueva sentencia contra la Asamblea Nacional (parlamento venezolano), a la que ha inutilizado en sus funciones de legislación y contraloría (y que, si como se comenta, designa sin atribuciones una nueva directiva para el Parlamento un virtud del supuesto “desacato” que el Legislativo mantiene contra el Tribunal Supremo) no está de más hojear las páginas de Memorial de Agravios y observar cómo la perversión de la justicia en Venezuela es un proceso que bajo el régimen de Maduro ha alcanzado niveles ni siquiera observados en dictaduras formales, de junta militar y supresión de poderes, en América Latina.

Memorial de Agravios se convierte así en una especie de Los Juristas del Horror que tiene la inestimable ventaja sobre este de no ser elaborado ex post, sino mientras estos magistrados asesinan la democracia en su país.

Ilegítimos desde su origen

El reciente proceso de designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes del Tribunal Supremo, realizado por la anterior Asamblea Nacional a finales del año antepasado, en la que el “chavismo” tenía mayoría, está plagada de irregularidades flagrantes, y 77 % de todos los magistrados que fueron designados en maratónicas e ilegales sesiones parlamentarias (con énfasis en la Sala Constitucional, que se constituye en una suerte de “súper poder” en virtud de sus propias sentencias, y sin tener las atribuciones constitucionales para ello) no cumplen con los requisitos que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece para su designación, tanto por independencia, como por años de carrera, participación en el poder judicial y estudios que se fijan en este instrumento.

Posteriormente a diciembre de 2015 los jueces del Supremo, según señala el texto “La Injusticia comienza con la elección de los jueces”, elaborado por la ONG Acceso a la Justicia, han torpedeado todos los esfuerzos del Legislativo por corregir los vicios en su designación, constituyéndose, además, en jueces y parte: “Los magistrados designados mediante el procedimiento dejado sin efecto por la Asamblea y que ahora forman parte del TSJ no se inhibieron, pese a estar personalmente interesados en las resultas de la decisión, lo que muestra una vez más la falta de apego de la Sala a los principios más básicos de la Justicia y el Derecho”.

¿Apolíticos? No, todo lo contrario

Por su parte, el texto “Los Siete Pecados Capitales del Tribunal Supremo de Justicia”, elaborado por Transparencia Venezuela, hace énfasis en cómo los magistrados del TSJ no solo no se precian de ser apolíticos, sino todo lo contrario; como la expresidenta del Tribunal Supremo (hoy en la Sala Constitucional), Luisa Estella Morales, ha considerado “desestabilizadoras” las acciones políticas de la oposición, y como ha argumentado que “no podemos seguir pensando en una división de poderes, porque eso es un principio que debilita al Estado” (sic); y, finalmente, cómo diez de los magistrados, empezando por la propia presidenta actual del TSJ, Gladys Gutiérrez, ocuparon cargos de elección o designación en los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pese a la oposición que a esto hace la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ).

 

La Sala Constitucional, órgano de la dictadura

De manera independiente, Jesús María Casal, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de Caracas, contribuye con el libro mediante el texto Justicia y Política: el caso de la jurisdicción constitucional en Venezuela, en el que señala que “la Sala Constitucional ejemplifica de modo palmario la situación en la que la jurisdicción constitucional asume funciones de afianzamiento de la dominación autoritaria […] incluso se ha caracterizado por anticiparse a las iniciativas gubernamentales, colocando argumentativamente bases para una ‘huida hacia adelante’, es decir, para una intensificación o profundización de aspiraciones programáticas, o intereses no satisfechos”.

El siguiente texto, “La Justicia que imparte el Poder”, también de Transparencia Venezuela, hace lo propio con la Sala Electoral, a la que acusa de haber castrado la mayoría absoluta que ganó la oposición en la Asamblea Nacional (y que le hubiese permitido no solo remover a los magistrados del Supremo y del Consejo Nacional Electoral, sino incluso iniciar el proceso para realizar una Asamblea Constituyente) mediante la primera sentencia del nuevo tribunal elegido en diciembre: Suspender la designación de los electos diputados de Amazonas, sentencia de la que se cumple un año sin que el caso del supuesto fraude que la sustenta haya avanzado en el tribunal, y que sirve para que se acuse a la Asamblea de desacato y se anulen todas sus funciones.

Una desincorporación de diputados que acaba de cumplir un año, que no tiene visos de resolverse y que a todas luces, es para eliminar la mayoría de dos tercios que legítimamente ganó la oposición en el Parlamento a finales, también, del año antepasado.

Contra la sociedad civil organizada

No se puede cerrar esta reseña de Memorial de Agravios sin referirse a las sentencias del Supremo que han ido mutilando a la sociedad civil organizada (a pesar de que esta está ampliamente protegida en la Constitución venezolana) y especialmente a las Organizaciones No Gubernamentales, especialmente a las que reciben financiamiento internacional y que frecuentemente eran acusadas por Chávez de “traición a la Patria”, visión acogida con entusiasmo y prontitud desde el máximo tribunal venezolano.

Además, el libro hace una premonición perturbadora: cierra con la decisión de la primera sentencia de la Sala Constitucional en 2016 (luego de ser elegidos sus magistrados de manera espuria) en la que se ordena “reglamentar el re-censo de todos los partidos políticos a excepción del PSUV o la MUD, ya sea porque no obtuvieron el 1 % de los votos en las pasadas elecciones o porque no postularon con tarjetas propias”, agregando, además, que se prohíbe firmar por más de un partido a la vez, lo que no solo hace públicas las firmas, sino que se constituye en un obstáculo que la Constitución no prevé.

Esta decisión abre las puertas a una ilegalización masiva de partidos que podría colocar a Venezuela en un escenario similar al de Nicaragua, y que en vista de la impopularidad actual del chavismo, este podría estar considerando para hacer unas elecciones truchas que le permitieran mantener el poder, como partido único y con algún “satélite” elegido desde la oposición y que, vistas las carantoñas que se hacen, bien podría ser la parte de Un Nuevo Tiempo (el partido de Manuel Rosales) o los dirigentes de ese partido que se presten a semejante indignidad.

Es decir, sin justicia, sin posibilidad para la sociedad civil y sin voto, nada quedaría de la democracia venezolana, que Hugo Chávez comenzó a desmontar a conciencia desde que fue elegido hace ya 18 años, y que hoy parece quedar completamente vacía desde adentro.

Este es el horrible panorama que nos muestra Memorial de Agravios. Un libro que será muy útil en el futuro, cuando (es inevitable) llegue el momento de ajustar cuentas.

Pedro García Otero Pedro García Otero

Pedro García fue editor del PanAm Post en español. Periodista venezolano con 25 años de experiencia en cobertura de temas económicos, políticos y locales para prensa, radio, TV y web. Síguelo @PedroGarciaO.

Gobierno estadounidense exagera cifras del comercio con Cuba

By: Karina Martín - Ene 4, 2017, 10:29 am
comercio con Cuba

Josh Earnest, secretario de prensa de la Casa Blanca, anunció que el comercio con Cuba ascendió a más de USD $6.000 millones y US-Cuba Trade and Economic Council lo desmiente. Según informó US-Cuba Trade and Economic Council, una organización que monitorea las relaciones comerciales con la isla caribeña desde 1994, las cifras dadas por Earnest no eran fieles a los datos oficiales. Lea más: Cuba y EE. UU. firman acuerdo para pronosticar huracanes y combatir el cambio climático Lea más: Opositor cubano asegura que Donald Trump es buena noticia para Cuba "Hay un componente político sustancial, que comenzó durante la Administración Bush y ha continuado a través de la Administración Obama: aumentar el valor de las licencias a fin de enfatizar tres puntos primordiales", explicó el presidente del US-Cuba Trade and Economic Council, John Kavulich. A la Casa Blanca le interesa mostrar que "está autorizando y fomentando la actividad comercial, que las compañías estadounidenses están ansiosas por invertir en la Isla" y, además, quiere "reforzar la narrativa de que el Gobierno cubano no se está comprometiendo al nivel que las compañías estadounidenses desean", añadió. Kavulich también informó que según sus cálculos, entre diciembre de 2014 y octubre de 2016, las exportaciones a la Isla de productos agrícolas y médicos apenas llegaron a USD $370 millones de dólares: una cifra que discrepa de los USD $6.000 millones mencionados por la Casa Blanca. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1459522593195-0'); });   "Desde el año 2000 el valor total de los productos agrícolas y productos alimenticios exportados de los Estados Unidos a Cuba es de 5.273 millones", mencionó. "Cuando la Administración Obama saca estos números sin explicar su trasfondo, la percepción es: a) que hay una enorme cantidad de actividad entre Estados Unidos y Cuba; b) que Cuba gasta todo ese dinero con empresas estadounidenses; y c) cuando los números no se corresponden con la realidad, la percepción es que Cuba le ha dicho ‘no’ a todas esas oportunidades cuando no ha sido así", dijo Kavulich. "Lo hacen porque quieren exagerar y demostrar cuánto progreso se ha alcanzado, pero mentir para hacer márketing no es una buena estrategia, especialmente para un gobierno" opinó. Fuentes: El Nuevo Herald; Diario las Américas.

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