Nicolás Maduro, presidente venezolano, llevaba días de “ataque preventivo” contra Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y contra esta organización, porque sabía lo que finalmente se concretó esta noche: El excanciller uruguayo presentó la ampliación del informe que realizó el año pasado sobre el Gobierno de Venezuela, y está exigiendo la “inmediata suspensión” del país suramericano del grupo si no se realizan elecciones en el plazo de un mes; se libera a los presos políticos; y se sustituye a las autoridades corrompidas del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia por otras cuyo nombramiento esté apegado a la Constitución.
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El informe de Almagro señala tajantemente que “el pueblo de Venezuela se enfrenta a un Gobierno que ha dejado de ser responsable. La Constitución ha dejado de tener sentido”; y agrega que “el estado de derecho no está vigente en Venezuela; ha sido eliminado por un poder judicial completamente controlado por el Poder Ejecutivo, que ha anulado cada ley aprobada por la Asamblea Nacional (AN) así como sus potestades constitucionales o los derechos del pueblo, especialmente sus derechos electorales”.“Hoy en Venezuela ningún ciudadano tiene posibilidades de hacer valer sus derechos; si el Gobierno desea encarcelarlos, lo hace; si desea torturarlos, los tortura; si lo desea, no los presenta a un juez; si lo desea, no instruye acusación fiscal. El ciudadano ha quedado completamente a merced de un régimen autoritario que niega los más elementales derechos. Estos atropellos han sido instrumentados y ejecutados en paralelo a un proceso de mediación que vio por esta razón socavada su credibilidad”.
Y además afirma que “es hora de que el Consejo Permanente encamine acciones específicas con resultados concretos, que el llamado al retorno a la democracia en Venezuela no tenga ambigüedades y no quede sepultado en intereses coyunturales”, agregando que “el diálogo fue en realidad una herramienta para consolidar las peores variables autoritarias del régimen en la dimensión nacional y para no asumir compromisos de denuncia y presión internacional en el ámbito externo”.
Lo que viene
El próximo paso es formal. Es la distribución del muy fuerte informe, que señala que “es hora de asumir que los largos meses de mediaciones y buenos oficios han tenido resultados negativos y que no es posible continuar amparando la inacción en respetar la evolución de un proceso que perdió toda credibilidad”; y definitivamente, contar los votos que tiene la eventual aplicación de una suspensión de Venezuela que incluso podría adelantarse a este movimiento y autoexcluirse del grupo. “Con Carta Democrática o sin Carta Democrática derrotaremos al Imperialismo”, bramó Maduro hace una semana.
Autoexcluirse, sin embargo, no deja sin vigencia el cumplimiento de la Carta Democrática, en lo que la OEA ha seguido la jurisprudencia del Parlamento Europeo de la década de los 70, con ocasión del llamado Golpe de los Coroneles en Grecia.
Esto podría comenzar a suceder en Venezuela a partir de ahora, aunque curiosamente, como destaca una encuesta de Datanálisis publicada hoy mismo, lo que mantiene la unidad de la dirigencia del chavismo es saber que solo unida tiene alguna posibilidad de mantener su libertad, por lo grave de los delitos cometidos.
Una vez distribuido el informe, está entre las atribuciones de Almagro convocar a la sesión del consejo permanente, donde se discutirá el mismo y donde, seguramente, se sabrá si el secretario cuenta con los votos para sancionar al Gobierno venezolano.
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¿Y el entorno internacional?
Algo debe haber sabido Maduro tras su reunión con los miembros de Petrocaribe sobre las posibles presiones que estos deben haber recibido de Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.), pues sus primeras amenazas sobre la situación de la Carta Democrática Interamericana se produjeron el siete de marzo, apenas dos días después de este encuentro; y aproximadamente una semana después que el Senado, en pleno, le pidiera al recién juramentado mandatario ejercer presión, especialmente en los países del Caribe, para lograr la aplicación de la Carta a Venezuela.
El entorno de los grandes países, quizás con la excepción de Colombia (que en un sorprendente giro, ha visto como Juan Manuel Santos es el nuevo principal valedor de las gestiones de diálogo de José Luis Rodríguez Zapatero, exjefe de Estado español, al que el informe de Almagro hace una referencia específica, porque finalmente la propia OEA avaló sus gestiones) está claramente a favor de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.
Otros países que antes estaban en la órbita del chavismo, como Ecuador, enfrentan sus propios y complejos procesos internos. Y en Uruguay, donde anteriormente el Gobierno jugaba a la ambigüedad para satisfacer a sus sectores más izquierdistas de la coalición en el poder, el Frente Amplio, como un todo, se desmarcó, la semana pasada, y con mucha firmeza, del régimen venezolano.
Maduro solo puede contar como votos seguros con los sospechosos habituales: Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, El Salvador, San Vicente y Granadinas… En este momento, sin embargo, no se puede saber si eso suma 11 países, o si llega a tener menos de la mitad pero más de un tercio, con lo que la OEA se vería limitada a establecer “recomendaciones”.
De hecho, declaraciones del presidente argentino, Mauricio Macri, hace dos semanas, señalaban justamente que “hay que buscar los votos” para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.
Las propias señales que envía Estados Unidos son anfibológicas. Aunque inicialmente Trump tuvo una posición muy firme sobre el tema venezolano, en Venezuela, hoy, sectores de opinión perciben confusión por, entre otras, la destitución de Preet Bharara, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York que lleva el caso de los narcosobrinos, justo cuando el mismo está en fase de sentencia; aunque Bharara fue destituido junto con otros 40 fiscales, la situación ha levantado suspicacias en el país suramericano.
Lo cierto es que Almagro ha cumplido su palabra; un año después de su primer informe, publica otro con conclusiones mucho más fuertes, en la medida en que Maduro, como han señalado desde Freedom House hasta Amnistía Internacional o Human Rights Watch, ha derivado peligrosamente hacia el autoritarismo.
Si los estados miembros miran hacia otro lado, como señala Almagro, el autoritarismo se consolidará en el torturado país suramericano. Si apoyan la democracia, a Maduro no le quedará más remedio que medirse en elecciones libres, competitivas y supervisadas.
Y en ese escenario, el chavismo, en 2017, ya no tiene ninguna posibilidad de victoria.