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Venezuela: las dos muertes de Carlos Andrés García y el imposible disimulo del madurismo

Por: Pedro García Otero - Sep 19, 2017, 8:47 pm
Carlos Andrés García, joven concejal apureño, y víctima de falta de atención médica, según la oposición, en los calabozos del Sebin, la policía política venezolana. (Twitter)

I

Cada vez más autoritario, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) emitió un comunicado el lunes 18 de septiembre, en horas de la tarde, en el que desmiente las noticias que venían publicándose desde el día anterior en relación con la muerte del concejal apureño Carlos Andrés García, prisionero político del régimen, y además, llama “a la dirigencia política del país, a abstenerse de emitir opiniones irresponsables con informaciones falsas y con el único objetivo de causar alarma en la población, por el contrario es nuestro deber respetar cristianamente la memoria de este ciudadano venezolano”.

La manera como el TSJ considera “respetar cristianamente la memoria”, incluye, en el mismo comunicado, dos asertos. No comienza hablando de la muerte del concejal, sino de los delitos por los que está detenido: “presuntamente incurso en los delitos de HURTO CALIFICADO, INSTIGACIÓN PÚBLICA E INCENDIO EN GRADO DE COAUTOR, como consecuencia de actos vandálicos y saqueos que se suscitaron en la población de Guasdualito, estado Apure, en diciembre de 2016” (las mayúsculas vienen originales en el texto).

Luego, como dirían los amantes de las novelas, el caso de la muerte del concejal (un ACV, producto del deterioro de su salud en las infames cárceles políticas venezolanas, según la oposición), da un giro inesperado: “fue sometido a distintos estudios médicos arrojando un resultado patológico de presunta enfermedad infecciosa inmunodeficiente”; es decir, intenta decirnos que García pudo haber tenido Sida (luego dice que “sin saberlo”).

Uno no sabe si esto se hace  —o no— , con el propósito de difamar, pero parece evidente que sí, y más en un Gobierno que ha tenido a lo largo de sus 18 años una relación ambigua (por decirlo elegantemente) con la homosexualidad, y constantemente intenta descalificar a sus adversarios en relación con sus presuntas preferencias sexuales.

¿Por qué estaba preso Carlos Andrés García? Según una periodista que actúa como principalísima propagandista del régimen de Maduro, porque “fue detenido en flagrancia con una bolsa de dinero en su casa”, el 16 de diciembre, poco después de que el Banco de Venezuela de Guasdualito, estado Apure, fuera saqueado e incendiado, en el marco de las protestas que se dieron en el país cuando el presidente decidió, un domingo cualquiera y dos semanas antes de Navidad, retirar de circulación el billete de más alta denominación y el que más circulaba por el momento. Ese estallido social dejó decenas de muertos, heridos y saqueos en siete ciudades del país.

Por ahí comienza la manipulación del caso: No hay flagrancia si uno tiene una bolsa de dinero en su casa. Flagrancia es ser detenido durante el saqueo. En su momento, la oposición señaló sobre el tema que la detención del concejal había sido arbitraria, y cuando se encontraba con Luis Lippa, diputado apureño. En apariencia, la inmunidad de Lippa provocó la detención y posterior allanamiento (al día siguiente) de la casa del concejal. Ya en diciembre de 2016, y como han puntualizado diversas ONG nacionales e internacionales, el Gobierno tenía un concepto de “flagrancia” sumamente amplio. Pero todavía no había violado la Constitución lo suficiente como para mandar estos casos a tribunales militares.

Debo decir, en este punto del relato, que el Tribunal Supremo no indica qué tribunal llevaba la causa de García, y por más que busqué, no encontré el dato.

II

Primero Justicia, en el comunicado en el que denuncia la muerte del concejal, señala que desde enero de este año, había venido pidiendo ayuda para la atención de los diversos síntomas que venía presentando. El partido lo dice sin ambages: “A Carlos Andrés García lo dejaron morir”.

¿Cabe la duda para la inmensa mayoría de los venezolanos de que el Gobierno, y especialmente su policía política, son capaces de dejar morir a alguien? Los venezolanos aún tienen en el recuerdo el espantoso fallecimiento de Franklin Brito, en 2010. Mientras se escriben estas líneas, los familiares de Alfredo Ramos, preso de este Tribunal Supremo, solicitan ayuda para que un cardiólogo atienda, nada menos, al alcalde de Barquisimeto recluido en el Sebin.

Igualmente, piden atención médica para él los familiares de Carlos Graffe, dirigente de Voluntad Popular detenido en Valencia en el marco de las protestas de este año (de forma tan poco clara como la de García), y paciente renal. No hablemos de Ángel Vivas y de las imágenes que le han dado la vuelta al mundo: Un anciano que apenas puede caminar por, presuntamente, los golpes recibidos, y a quien se le niega la curación que tanto necesita.

La versión oficial, la del TSJ, habla de un detenido por el Gobierno que el 18 de agosto fue ingresado al Hospital Central de San Cristóbal, pero qué, lamentablemente, tenía “una presunta enfermedad infecciosa inmunodeficiente”, que “pudo haber producido complicaciones en la patología de toxoplasmosis cerebral”, y que “se presume que el ciudadano Carlos García desconocía de la sospecha patológica que aún se encuentra por determinar en los laboratorios del Centro Asistencial”, y señala que “el Tribunal que lleva la causa (nuevamente, no dice cuál es), “acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, obedeciendo a la situación médica que presentaba dicho ciudadano”.

Usted, lector, tiene aquí dos versiones para elegir: Pero ponga cuidado, porque si el Sida de García era presunto (nuevamente, no se entiende qué quería decir el Tribunal Supremo, o sea, el Gobierno, con esta afirmación), la amenaza del TSJ es muy real. Ramos está preso por desacato. Hasta ahora, a nadie le han puesto una sentencia de desacato por emitir una opinión, pero no se descarta nada. El Tribunal Supremo de Justicia, ese, el desprestigiado, el elegido fraudulentamente, le dice a usted lo que usted debe pensar. No es poca cosa.

De hecho, el mismo TSJ, que parece actuar a ráfagas, anunciaba ayer también que abría un expediente a José Karkom, alcalde de Valera, Trujillo, instándolo a recoger la basura. Es el mismo procedimiento por el cual 21 de los aproximadamente 70 alcaldes opositores en Venezuela están presos o en el exilio. Es curioso que el TSJ le ordene a Karkom lo que evidentemente no le quiere obligar a hacer a Jorge Rodríguez, máximo jerarca del chavismo y negociador a nombre de Maduro, quien también es alcalde del municipio Libertador de Caracas, cargo que, obviamente, no ejerce, como consta a cualquier habitante de esta sufrida ciudad, y hasta a quien la visite por un rato.

III

El Pitazo, una de las mejores páginas informativas de Venezuela, trae la versión de cómo a los familiares de García los pusieron frente a lo que en la práctica es un chantaje: El concejal podía tener Sida.

Si quieren una autopsia, son quince días; si no la quieren, el cuerpo se lo entregan de inmediato a su familia para que le dé cristiana sepultura. Sin un informe forense, no hay delito en la denegación de atención al funcionario preso; siempre se podrá, sin embargo, practicar una exhumación, a menos que también —no se descarta— el Gobierno haya propuesto a los familiares de García pagar una cremación. Son demasiados cuidados para evitar que se conozca lo que sucedió.

No dice tampoco el TSJ que parte de que una autopsia para una persona posiblemente infectada con VIH no puede hacerse porque, sencillamente, los hospitales venezolanos carecen del debido equipamiento de protección para sus médicos.

Fuese culpable o inocente de los delitos que se le imputaban (y el hecho de que el expediente no haya avanzado prácticamente desde diciembre, y que el Tribunal Supremo ni siquiera se atreva a mencionarlo en su comunicado, parece indicar que era inocente), no hay excusa para lo que le pasó a García. Si había cometido delitos, si tenía sida, nada exculpa al Gobierno.

Ni siquiera un comunicado del TSJ, empeñado, como todo el chavismo, en hacernos creer que lo que vemos no es la verdad: Que la gente que come basura en la calle no existe, que Jorge Rodríguez sí recoge la basura, que no maltrata, como es tan evidente, a sus 600 y pico presos políticos.

No cuela dentro de Venezuela, no cuela fuera del país.

El caso de Carlos Andrés García es uno más para incorporar al grueso expediente que tiene el Gobierno de Nicolás Maduro en general y el Sebin, esa policía para la infamia, en particular. Después de su muerte, lo vuelven a matar, lo destruyen moralmente. Le siguen negando, tras su deceso, la justicia que le negaron en vida, y hasta la simple discreción si el Gobierno tuviera la certeza de su enfermedad. Enfermedad que, por cierto, el Gobierno no quiere comprobar. Prefiere que la cosa quede en la duda.

Mientras tanto, el billete de 100 sigue circulando. Otra muestra de la palmaria ineptitud de Maduro, que tantas vidas ha costado, sigue costando y probablemente costará incluso después de que deje el poder.

Pedro García Otero Pedro García Otero

Pedro García fue editor del PanAm Post en español. Periodista venezolano con 25 años de experiencia en cobertura de temas económicos, políticos y locales para prensa, radio, TV y web. Síguelo @PedroGarciaO.