En México y América Latina en general existe una creencia bastante difundida y aceptada de que los empresarios y los gobiernos tienen que sumar esfuerzos, colaborar, definir estrategias y trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Estas creencias son producto de no definir claramente los roles de cada uno de estos grupos: el rol gubernamental debería ser definir las reglas de la competencia y fijar piso parejo para que el grupo empresarial pudiera desarrollar productos y servicios que satisfagan las necesidades del mercado en un marco de igualdad de condiciones. Nada más.
Esta idea se ha distorsionado al grado de que muchos creen que el Estado debe ser quien fomente el emprendimiento y no el mercado a través de los procesos de oferta y demanda.
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En México el Instituto Nacional del Emprendedor recibió un total de 8,907 millones de pesos para apoyar a emprendedores que tienen una buena idea pero que no cuentan con el capital para poder llevarla a cabo.
Funcionarios y políticos en todo el país reparten estos fondos a manera de apoyo y créditos con una tasa de interés muy baja o a fondo perdido mientras dan discursos sobre la importancia de reactivar la economía y de cómo el rol del empresario es de vital importancia para el desarrollo del país.
Pero realmente, ¿qué tan beneficiosos son estos apoyos para la sociedad y para los mismos empresarios?
Podríamos dividir todo el proceso redistributivo de estos recursos en 3 fases: recaudación, organización y asignación.
Recaudación
El primer punto a analizar es el origen de estos recursos: el Estado no es un ente generador de riqueza, por lo que la única forma que tiene para hacerse de recursos es recaudarlos a través de impuestos o deuda. Así que siendo claros y objetivos, podemos afirmar que el origen raíz de este recurso no es el gobierno sino, como siempre, la misma base de contribuyentes que se ven obligados a ceder una parte de su trabajo y riquezas a través de impuestos.
Organización
Una vez que el Estado se hace a estos recursos, el siguiente paso es la organización interna para su redistribución, lo cual implica más gasto gubernamental. Para poder emitir una convocatoria, darle difusión, asesorar a los interesados y llevar todo el papeleo necesario hacen falta millones de pesos gastados en burocracia y contratos inflados a proveedores estatales.
Asignación
Ya que está armada la maquinaria redistributiva y todo está listo para supuestamente reactivar la economía fomentando el emprendimiento, viene el proceso de asignación de recursos.
Este es el proceso con más fallas de todos, ya que no son menos los casos en que los recursos acaban en las manos equivocadas.
Algunos ejemplos muy comunes de situaciones en las que se termina por asignar estos recursos erróneamente son:
- “Emprendedores” profesionales: gente que literalmente vive de estos recursos. Se especializan en conocer los procesos burocráticos y tienen los contactos necesarios para obtenerlos recurrentemente y lo hacen de manera constante y profesional, convirtiéndose así en verdaderos vividores del Estado.
- Amigos y conocidos de funcionarios: los burócratas que tienen el poder de asignar estos recursos se vuelven máquinas repartidoras de riqueza, y es claro que los primeros beneficiarios tienden a ser sus conocidos más allegados.
- No emprendedores: personas que no tienen una idea clara de negocio o ni siquiera la quieren llevar a cabo, pero quieren obtener dinero fácil.
Así pues, los recursos para emprendedores terminan por convertirse en verdaderos semilleros de corrupción, en los que existen incluso hasta “coyotes” que literalmente se dedican a hacer que terceros tengan acceso a estos recursos a cambio de jugosas comisiones y donde suelen ser intercambiados por favores o acuerdos políticos destinados a perpetuar la presencia de ciertos personajes en la esfera pública.
Dar apoyos para emprendimiento termina por generar un ambiente más propicio a un aumento de la carga impositiva por parte del Estado, a un mayor gasto en burocracia y a la generación constante de incentivos para actos de nepotismo y corrupción. Lejos de promover el emprendedurismo se termina por promover la dependencia estatal y la irresponsabilidad financiera.
Nadie niega que necesitemos de más empresarios en este país, a fin de cuentas son ellos los que realmente mueven a un país hacia el progreso y el desarrollo; no importa si tienen un pequeño puesto de fruta o si forman parte de una gigantesca multinacional. Pero es necesario entender que la riqueza se tiene que generar y no redistribuir.
Es imposible que el gobierno dé apoyos a los miles de personas que tienen una buena iniciativa pero no cuentan con capital para llevarla a cabo. Lo que no es imposible es que se tomen medidas para hacer más fácil la vida de un empresario.
Si el gobierno realmente quiere apoyar a los emprendedores, lejos de dar supuestos apoyos y créditos, debe reducir la constante interacción que pretende tener con el sector empresarial. Es decir, debe dejar que sea el mercado quien regule qué y cuánto deben producir, tiene que eliminar trabas burocráticas y trámites inservibles para abrir un negocio, tiene que disminuir los impuestos y cuotas que hacen mucho más complicado que una empresa sobreviva y tiene que dejar de actuar como si los empresarios fuesen quienes viven gracias al Estado, cuando en realidad es al revés.
Para tener una sociedad libre y próspera tenemos que entender que el gobierno y los empresarios, entre más lejos y menos interacción tengan, mejor.