México: exgobernadores Padrés y Duarte, síntomas del mismo mal estatista

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(Industrial) México
Los casos más relevantes y que han acaparado notoriamente la atención mediática son el de los exgobernadores Guillermo Padrés en Sonora y el Javier Duarte en Veracruz (Industrial)

El 2016 marcó el final de varias administraciones gubernamentales de nivel estatal en México. En la mayoría de estados donde hubo comicios, los partidos que gobernaban fueron derrotados, generando de esta forma un positivo proceso de alternancia que terminaría por sacar a la luz pública muchos los errores y delitos de los mandatarios salientes.

Los casos más relevantes y que han acaparado notoriamente la atención mediática son, sin duda, el de los exgobernadores Guillermo Padrés en Sonora y el Javier Duarte en Veracruz. Ambos utilizaron su posición privilegiada como gobernadores para enriquecerse de manera ilícita con actividades que involucran lavado de dinero, desvió de recursos públicos e incluso actividades relacionadas con el crimen organizado.

Hoy su situación dista mucho de ser la del político encumbrado en la que llegaron a estar hace no mucho tiempo.

Padrés enfrenta un juicio que podría demorarse hasta un año, sin derecho a libertad bajo fianza después de haberse entregado voluntariamente a las autoridades correspondientes mientras que Duarte se encuentra prófugo de la justicia y se desconoce por completo su paradero, mientras que su estado se encuentra sumergido en una crisis política y financiera sin precedentes.

El hecho de que estos dos personajes hayan desarrollado su carrera política en el marco organizacional de los dos partidos más hegemónicos y tradicionales de México (PRI y PAN) nos da un mensaje muy claro respecto al tema; la corrupción no es un asunto puntual que le atañe a un solo partido o a personajes específicos, la corrupción en México es un problema de carácter sistémico que se encuentra instalado en lo más profundo de nuestras instituciones, sin importar latitudes ni colores.

La raíz económica de este problema son las tremendas cuotas de poder de las que gozan los políticos. Para llegar a ser gobernador de un Estado, por ejemplo, hace falta contar con el apoyo de cientos de organizaciones políticas de todo tipo; sindicatos, organizaciones campesinas, cámaras de empresarios y por supuesto las estructuras de sus respectivos partidos políticos.

 

Esto hace que un gobernador goce de un poder prácticamente absoluto en su Estado, en el que basta con hacer un pequeño gesto, dar alguna orden, chantajear a la persona indicada, formar una mesa de negociación secreta u ofrecer beneficios a través del Estado a terceros para poder alcanzar acuerdos y generar beneficios personales a través de negocios de carácter familiar o empresas fantasma, como hemos visto recientemente.

Otro caso que evidencia el tremendo poder del que gozan los funcionarios es el del “otro Duarte”, el exgobernador de Chihuahua. Cesar Duarte dejo una deuda en su estado que ata las manos de todas las administraciones que lleguen al poder de aquí hasta el 2038, comprometiendo recursos que en teoría ya se usaron (aunque se sigue sin saber cómo ni donde) pero que se tendrán que pagar en años venideros, incluso por individuos que aún hoy no han nacido.

Los casos de exgobernadores y funcionarios de alto nivel son apenas la punta del iceberg de un problema que está tan instaurado en nuestra realidad que incluso algunos se están aventurando a analizar como una cuestión cultural.

En realidad, como prácticamente cualquier otra problemática social, el trasfondo real es económico y tiene mucho más que ver con incentivos y la falta de pesos y contrapesos que con factores predeterminados en el ADN de los mexicanos.

Estos funcionarios tienen todos los incentivos para actuar de manera corrupta porque saben que de alguna u otra manera están protegidos y es muy probable que sus crímenes se queden impunes o bien, que consigan salirse con la suya por medio de alguna artimaña legal.

Vivimos en una época en que las telecomunicaciones y las redes sociales permiten que casos como estos, al menos, no pasen desapercibidos y eso es un gran avance.

Ahora que la inmensa mayoría estamos conscientes del problema y hartos de estas situaciones, entendiendo que el precio de no hacer nada al respecto es altísimo, es un buen momento para llevar la discusión a un nivel más profundo y buscar mecanismos para solucionar el problema de raíz.

Desde un punto de vista pragmático, al dar por hecho que el gobierno es el que debe encargarse de temas como educación, vivienda, empleo, apoyos a los más necesitados, protección al consumidor etc, indirectamente estamos empoderando a todos aquellos funcionarios encargados de regular estos asuntos.

Dicho de otra forma, les estamos cediendo libertad y poder de decisión sobre nuestras vidas, acceso ilimitado a nuestro patrimonio y capacidades legislativas para poder seguir exprimiéndonos y endeudándonos arbitrariamente sin ningún tipo de limitante a cambio de servicios y gestiones de mala calidad y que lejos están de cumplir con nuestras expectativas.

Debemos buscar soluciones alternativas al estatismo. Dar más funciones al Estado termina por costarnos muy caro e implica necesariamente el empoderamiento de algunos cuantos.

Empoderar al individuo como la unidad base de la sociedad, el fortalecimiento de la sociedad civil organizada y la promoción de un Estado menos burocrático y bien acotado en cuanto a sus funciones deberían ser el eje central de la agenda política del país en el futuro inmediato. De lo contrario, “los Padrés y los Duartes” seguirán siendo nuestro día a día en el acontecer político del país.

Para concluir, no está de más recordar que, como bien decía el famoso historiador y político inglés Lord Acton, “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Dejemos de confiar ciegamente y empoderar a algunos cuantos y comencemos a buscar alternativas sostenibles y efectivas para generar condiciones de progreso y desarrollo.

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