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Abrir una empresa en México sigue siendo un tortuoso camino que implica, por increíble que parezca en pleno siglo XXI, largas colas, papeleo inútil, vueltas interminables a oficinas gubernamentales y un sinfín de trámites que no terminan por tener un fin lo suficientemente claro para los ciudadanos que los tienen que realizar.
Tantas regulaciones, permisos e impuestos terminan por generar un impacto profundamente negativo en el ecosistema emprendedor de nuestro país que se presenta en forma de corrupción, aumentos significativos en el tamaño de la economía informal, desaceleración económica, e incluso en un aumento en los índices delictivos de ciertas regiones donde emprender es prácticamente imposible.
Hay quienes aseguran que al ser mexicanos la corrupción forma parte de nuestros genes y nacimos con ella implantada en nuestro ADN; la realidad es que, si bien a estas alturas hay un factor cultural digno de estudiarse y comprenderse, son este tipo de regulaciones excesivas las que terminan por crear terrenos mucho más fértiles para el nepotismo y el abuso de poder generalizado que vivimos en nuestro día a día.
Emprender es para muchos una cuestión de supervivencia. Si un negocio fracasa o no puede iniciar operaciones por la falta de cooperación algún funcionario o gobernante (como suele suceder), es el emprendedor y sus trabajadores quienes terminan por pagar los platos rotos de su propio bolsillo y con su patrimonio.
Es un hecho que, sin ser justificación de este tipo de prácticas, es el sistema quien termina haciendo que las salidas fáciles y por fuera de la ley (mordidas, moches etc…) lamentablemente sea la alternativa más viable y real a la realidad que se tienen que enfrentar quienes desean iniciar un nuevo negocio.
Un estudio realizado por el Consejo Nacional de Investigación Económica en Estados Unidos muestra una fuerte correlación entre los índices de corrupción y el tiempo requerido para abrir un negocio: a mayores trabas y tiempo de espera se genera un mayor índice de corrupción.
Decidirse a emprender y hacerlo por la vía legal implica tantas trabas que muchos optan mejor por permanecer en la informalidad, lo cual implica muchas limitantes para este tipo de negocios; acceder a créditos bancarios es significativamente más complicado y son blancos fáciles para funcionarios y extorsionadores que les exigen ceder parte de sus ganancias en forma de sobornos.
Muchas de estas regulaciones y trámites están pensadas, supuestamente, para evitar que las grandes empresas cometan abusos o compitan de manera desleal contra los competidores más chicos y locales cuando en realidad terminan por convertirse en obstáculos infranqueables justo para este último grupo de empresas.
Por ejemplo, un permiso que tiene un costo de 20.000 pesos (USD $1.096) representa una proporción mucho menor del total de utilidades de una trasnacional que de una pequeña empresa local que lucha por iniciar sus operaciones sin pérdidas económicas.
El Gobierno federal se alza el cuello por haber creado el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) en 2013 y de este modo haber fomentado el emprendimiento durante los últimos años. La realidad es que, al igual que todas las políticas de carácter redistributivo, el INADEM se ha convertido en un semillero de corrupción en el que muchos de los beneficiarios de dichos programas han terminado por volverse en verdaderos vividores del erario.
El Gobierno tiene que entender que la mejor manera de fomentar el emprendimiento es no entorpecer el funcionamiento natural de los mercados y haciendo regulaciones mínimas, con objetivos claros, sencillas de implementar y transparentes.
Cuando esto suceda, automáticamente por necesidad, convicción o una combinación de ambas, miles de emprendedores verán, a lo largo y ancho del país, la economía formal como una verdadera opción para buscar y ganarse el pan de cada día, creando mucho más riqueza y empleos de lo que cualquier otro tipo de política podría hacerlo.
La desregulación económica no es un salto al desconocido, los países más prósperos y con mejor calidad del mundo así lo han entendido y sirven como ejemplo.
No es casualidad que en países con la mayor libertad económica del mundo, como Singapur, Corea del Sur o Dinamarca, se necesitan entre 3 y 4 días para abrir un nuevo negocio, mientras que en Haití el mismo dato asciende hasta 100 días, por no mencionar el estrepitoso caso de Venezuela den donde puede tomar hasta 230 días.
Los resultados no pueden ser más evidentes: la libertad como base del desarrollo de políticas económicas termina por ser la mejor guía cuando de regulaciones económicas se trata.
En los tiempos electoreros que se avecinan, es imperante la necesidad que tenemos los mexicanos de estar atentos y decir un no rotundo a políticas redistributivas, asistencialista y populistas que solo terminan por entorpecer los procesos de creación de riqueza que se presentan naturalmente en un entorno de libre mercado y Estado de derecho.
Más empresas productivas nos convienen a todos: a los propios empresarios que tendrán una forma honesta de ganarse la vida; a los consumidores que tendremos mejores productos y servicios a precios más accesibles; a los trabajadores que tendrán más fuentes de empleo y acceso a mejores oportunidades; incluso al mismo Gobierno, que tendría una base más grande de contribuyentes de manera legal y formal.
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