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El juez Claudio Bonadío acusó a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof de tomar la decisión política de vender dólar futuro a un valor inferior al de mercado, lo que significó un perjuicio para las arcas del Estado.
Por este motivo la expresidenta fue llamada a indagatoria para el próximo 13 de abril y Kicillof un día antes.
En la acusación formal a la que tuvo acceso Infobae el juez Bonadío señala que la venta de dólar futuro por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) «excedía la capacidad de decisión burocrática de sus directivos».
«No pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de las máximas autoridades del Ministerio de Economía y del Poder Ejecutivo Nacional, ya que esta operación financiera carecía de toda razonabilidad económica para los fines del BCRA, en su función de banca rectora de los mercados monetarios y cambiarios», dice la acusación de Bonadío citada por Infobae.
Cristina Kirchner y el exministro Kicillof, junto con otras 11 personas fueron acusadas de formar parte de un grupo de funcionarios que de manera «sistemática, concertada y organizada» llevaron a cabo acciones de carácter políticas y técnico-administrativas en «violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos».
El juez señala que las acciones de los acusados llevaron al BCRA a concretar operaciones en el mercado de dólar futuro en condiciones «dañosas para el erario». Explica que entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del ente emisor a valores inferiores al precio de mercado «con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado Nacional».
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En la acusación, Bonadío calificó el accionar de la venta de dólar a futuro como «irregular, ilegal e ilegitimo».
Hasta ahora la justicia federal ha favorecido a la expresidenta Cristina Kirchner, quién salió airosa de las denuncias hechas en su contra por la supuesta participación en el delito de lavado de dinero, en la evasión fiscal al no declarar plazos fijos y en la denuncia hecha por el fallecido fiscal Alberto Nisman por el encubrimiento de iraníes en el atentado contra la AMIA en 1994.
Fuente: Infobae.
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