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El Juez federal Sebástián Casanello, quien está a cargo de la causa de la «ruta del dinero K», ordenó el allanamiento de todas las propiedades del empresario kirchnerista Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, al sur de Argentina.
El objetivo de los allanamientos es recuperar los activos de Báez producto del lavado de dinero, entre los cuales está el dinero en efectivo y su bienes de lujo.
Los allanamientos se harán extensivos al hijo del empresario kirchnerista, Martín Báez, quien también es imputado por lavado de dinero, a sus familiares y a las empresas de la familia.
La dirección de los operativos está a cargo del fiscal del caso, Guillermo Marijuan. Participan más de 250 uniformados de la Prefectura, funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Unidad de Información Financiera (UIF).
En los operativos que se harán sin límite de horarios se intentará tasar las propiedades de Báez, hacer un inventario y secuestrar el dinero en efectivo que se encuentre, como también todos los bienes registrables, suntuosos o de lujo y los demás valores que pudiera haber en los inmuebles, detalla La Nación.
«Hay un fuerte objetivo de recupero de activos que está explicado en el procesamiento, con un amplísimo abanico de medidas», señaló el juez Casanello a radio Nacional.
«El procedimiento no se agota en el allanamiento de dinero líquido (…) Ni el juzgado ni la fiscalía se ahorrarán esfuerzos para el recupero de los activos», dijo el magistrado. Además pidió paciencia para conocer los resultados de los operativos.
La prensa local destaca el pesimismo del fiscal Guillermo Marijuan sobre la posibilidad de encontrar las bóvedas y el dinero, debido a que los datos suministrados por el imputado Leonardo Fariña ocurrieron en el 2010 y 2011. El propio juez Casanello mencionó este dato en la entrevista a a radio Nacional.
Casanello negó que desde su despacho se haya filtrado las declaraciones completas de Fariña que fueron publicadas por todos los medios de comunicación del país. «El juzgado no filtra información, sería una inconducta grave que afectaría la investigación. Y creo que la fiscalía tampoco porque tiene el mismo objetivo que el juzgado, que es la recuperación de activos», señaló.
Las investigaciones en la causa de la «ruta del dinero K» cobraron impulso luego que fueron divulgados los escandalosos videos donde se ve al hijo del empresario kirchnerista y a su contador, manipulando grandes cantidades de dólares en la sede de la financiera SGI y trasladando la plata en bolsos.
Los videos y las declaraciones de Leonardo Fariña desencadenaron la imputación de Lázaro Báez, su hijo Martín Báez, el contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Julio de Vido y seis personas más.
El «empresario K» y su contador tienen prisión preventivam y sus cuentas bancarias fueron embargadas. Por su parte, el abogado Chueco permanece detenido luego que fue capturado en Paraguay la semana pasada.
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