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El ministro de Modernización argentino, Andrés Ibarra, anunció que el proceso de revisión de contrataciones del sector público culminó con 10.921 despidos, lo que representa 5% de la nómina estatal.
El funcionario indicó que esta cifra de cesantías se traducirá en un ahorro para el Estado de AR$ 2.800 millones (US$ 197.820.000) anuales en el gasto salarial.
Ibarra indicó que las cesantías afectaron sólo a trabajadores contratados de manera temporaria, o a aquellos que «no respondían a necesidades de servicio», es decir, se dedicaban a la militancia política, detalla el diario argentino La Nación.
Los despidos se habrían aplicado sólo en el Poder Ejecutivo que cuenta con un plantel de 220.000 funcionarios.
«Nuestro objetivo con las cesantías no es producir un ahorro presupuestario, sino que el gasto del Estado sea eficiente y productivo para la ciudadanía. No queremos achicar el Estado, sino que este pueda prestar mejores servicios», señaló Ibarra a La Nación.
El ministro señaló que ya no se harán más cesantías dentro de la administración pública central.
Macri había solicitado en diciembre a los funcionarios de su Gobierno, revisar las contrataciones en el sector público instrumentadas en los últimos tres años por el Gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner. Esto incluyó ministerios, empresas públicas y organismos descentralizados.
Cristina Kirchner dejó el sector público nacional con 778.798 funcionarios, 61% más de lo que tenía el país en 2003. Según el informe «GPS del Estado», presentado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), 30% de los empleados en el sector público nacional está bajo la modalidad de contratación, mientras que en los organismos descentralizados llega a 45%.
Ibarra agregó que de los 70.000 contratos que recibió el Gobierno de Macri, han dado de baja casi 11.000. Señaló no habrá despidos en la planta permanente del Estado y que a medida que avance el proceso de ordenamiento del personal contratado se ordenarán pases a planta permanente, «en los casos que se justifiquen».
La oposición y los sindicatos han criticado duramente al Gobierno de Macri por los despidos en la administración pública.
En el Congreso los bloques kirchnerista Frente para la Victoria (FPV) y otros sectores opositores, promueven la aprobación de una ley que prohíba los despidos por 180 días y contemple de la doble indemnización del trabajador. El oficialismo por su parte, se niega a apoyar la iniciativa antidespidos por considerar que no es el camino idóneo para defender el empleo en el país.
La semana pasada los legisladores kirchneristas fracasaron en su intento de aprobar la ley antidespidos que ya tiene media sanción del Senado, sin embargo, esta semana el proyecto será tratado en sesión ordinaria de la Cámara baja junto a otros alternativas presentadas por otros bloques opositores.
El oficialismo hace todas las gestiones para que si se llega a aprobar alguna ley, sea una norma intermedia que evite el anunciado veto del presidente Mauricio Macri.
Fuente La Nación.
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